Pese a que el Tribunal Ambiental de Valdivia anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto GNL Talcahuano, las organizaciones socioambientales del Gran Concepción perseguirán las responsabilidades y negligencias del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Biobío durante la tramitación del proyecto.

Por Juan Contreras Jara

Durante este medio día, la Coordinadora Chorera de Talcahuano, convocó a un punto de prensa a las afueras del SEA, para anunciar una denuncia contra el servicio, por las negligencias y la falta de fiscalización relativas al terminal de gas GNL.

Si bien, celebraron el fallo del Tribunal Ambiental, también aseguraron mantenerse vigilantes a cualquier tipo de apelación que lleve adelante la empresa de inversiones GNL Talcahuano SPA, para continuar con el bullado proyecto.

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Desde la Coordinadora Chorera expresaron que, «denunciaremos el accionar que tuvo el SEA, que fue en realdad el que permitió la aprobación de este proyecto y que con sus estudios de impacto ambiental , dijo que el proyecto cumplía con la normativa y no era perjudicial ni para el territorio ni para las comunidades. Considerando que el tribunal de Valdivia sí consideró nuestras reclamaciones, venimos también a manifestarnos contra la incongruencia de la institucionalidad ambiental».

Cabed recordar que el sábado recién pasado, el Tribunal Ambiental de Valdivia acogió dos recursos contra GNL Talcahuano, uno por falta de consulta indígena, lo que anularía su RCA y otro, relativo al pronunciamiento del comité de ministros del SEA, que si bien en primera instancia aprobó el proyecto, no pudo finalmente comprobar el nivel de afectación en la fauna del territorio que pretende ser intervenido.

Sobre la falta de probidad del SEA del Biobío, traducida en que fue un tribunal ambiental  el que tuvo que pronunciarse en contra del proyecto GNL Talcahuano y su nocivo impacto en el Gran Concepción, Michelle Donoso, parte de la Coordinadora Chorera, enfatizó en que, «su actuar ha sido nefasto y de mucha confrontación. Suelen ignorar nuestros argumentos y pese a contar con los recursos, nunca hicieron un trabajo que permitiera generar investigación ambiental adecuada. Creemos que toda esta institucionalidad esta coaptada por el interés empresarial».

En este sentido, el abogado de la ONG Defensa Ambiental, Fernando Cortés, explicó que, «no tiene porque ser el Tribunal Ambiental quien diga como se deben realizar las labores, por eso denunciaremos al SEA ante Contraloría, para que  pueda verificar su actuar y si fue en función a lo que su cargo les compete, que es evaluar estos proyectos. La idea es fiscalizar y ver si se actúa conforme a la ley y que sean personas idóneas quienes realicen esta labor».