Por Joaquín Hernández

Recientemente, y en la madrugada de este lunes 7 de octubre, el gobierno de Lenín Moreno ha recurrido a sacar a los militares a la calle en el centro histórico de Quito, en la medida que la crisis causada por el Paquete de medidas de recorte y austeridad aprobadas por el gobierno en conjunto con el FMI (Fondo Monetario Internacional) a cambio de un préstamo de éste último por 4.209 millones de dolares.

Estos ajustes, denominado «paquetazo» fueron anunciados por el presidente Moreno el martes 1 de octubre e implica el fin a los subsidios a los combustibles, la reducción de un 20% de los salarios con contratos temporales y reducción de vacaciones para el sector público, y una reforma laboral que busca la flexibilización de los empleos.

Estas medidas fueron prontamente resistidas por el gremio de los transportistas, numerosos sindicatos, el movimiento de estudiantes y un sinfín de comunidades indígenas, que decidieron marchar hacia la capital ecuatoriana para exigir el fin de las medidas impuestas por el FMI y aceptadas por el gobierno ecuatoriano.

A medida que las protestas fueron avanzando hacia paralizaciones locales, el jueves 3 de octubre, el gobierno decidió decretar Estado de Excepción, que limita las libertades ciudadanas en pos de imponer orden social y sofocar el creciente movimiento, el que, sin embargo, no ha disminuido.

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La situación ha empeorado este domingo 6 de octubre, en la medida que las columnas de comunidades indígenas se aproximaron a las periferias de Quito, produciéndose fuertes enfrentamientos de estos con las fuerzas policiales, que no han escatimado en el uso de gases lacrimógenos y carros lanza-agua. Pero sin duda lo más preocupante, es que recientemente, desde distintas fuentes, se ha registrado el movimiento masivo de tropas y tanquetas del ejército ecuatoriano rumbo al casco histórico de la capital ecuatoriana, con el fin de acordonar dicho sector, creando fuertes sospechas del nivel de respuesta represiva que podría dar el gobierno de Lenín Moreno, para salvaguardar los edificios administrativos en lo que ya han sido más de 5 jornadas ininterrumpidas de protesta contra las medidas del FMI.

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