[resumen.cl] Gonzalo Boye, abogado chileno de origen viñamarino, cuenta con una destacada carrera en España como defensor de mediáticas causas, una de ellas la de los líderes independentistas catalanes. Es por esto último, que está sufriendo persecución política y acoso judicial. Boye accedió a conversar con RESUMEN donde nos manifestó sus impresiones sobre el actual momento que está enfrentando.

Este domingo los catalanes y catalanas acudieron a las urnas y, por tercera vez consecutiva, han dado el triunfo a las fuerzas independentistas, esta vez por mayoría absoluta de los votos a pesar de que sus líderes se encuentran en prisión o el exilio desde el 1 de octubre de 2017, cuando el pueblo catalán osó realizar un referéndum por el derecho a la autodeterminación el cual -a pesar de la violenta represión desatada por el Estado español-, concluyó con un rotundo triunfo independentista en las urnas.

Terminada la elección del domingo pasado, el joven rapero Pablo Hasél fue detenido por insultar al rey de España -quien se encuentra fuera del país producto de sus escándalos sexuales y de corrupción- enmarcado en la denominada "Ley Mordaza", que tiene al país ibérico como el con más artistas enjuiciados en toda Europa.

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La calidad democrática del Estado español viene siendo cuestionada seriamente a nivel internacional producto de la situación en Cataluña. En ese plano ocurrió la contundente respuesta del canciller ruso, Serguéi Lavrov, a su par de la comunidad económica europea, Josep Borrell, haciendo ver la situación catalana cuando los europeos intentaban reclamar por la precariedad democrática en la nación eslava.

Pero cuando la democracia se degrada una vez y no se corrige esa deriva autoritaria, tiende a perjudicarse cada día más. En el caso español, tras encarcelar u obligar a exiliarse a líderes políticos, sociales, culturales y ahora músicos o artistas, ha dado el paso siguiente: perseguir a quienes defienden a estos represaliados. Bien lo sabe nuestro compatriota, el viñamarino Gonzalo Boye Tusset, abogado del gobierno catalán en el exilio (Bélgica-Escocia) quien quien hoy enfrenta la persecución y el hostigamiento de las denominadas "cloacas" del Estado español.

Gonzalo Boye, exiliado en Europa durante la dictadura militar chilena, se ha transformado en un reconocido abogado no sólo en España sino también en todo el continente europeo. Tras mediáticos juicios como "los atentados de Atocha" el 11 de marzo de 2014 en Madrid, atribuidos inmediatamente por el gobierno español de José María Aznar a los independentistas vascos de ETA. Boye también ha sido abogado en el proceso de corrupción policial de la guardia urbana de Barcelona, caso conocido como el 4F, que dio origen a la premiada película documental Ciutat Morta. Pero si Boye se había enfrentado ya a los servicios secretos españoles y la corrupción de la policía de Barcelona, su participación como abogado querellante del juicio contra el empresario y político Luis Bárcenas, lo puso en la mira de los círculos empresariales y de la derecha política.

En su intensa carrera como abogado, no sólo ha ganado enemigos en España, el año 2013 saltó a la palestra internacional como parte del equipo defensor de Edward Snowden en Europa, exagente que realizó las revelaciones sobre la red de vigilancia mundial por parte del gobierno de los Estados Unidos. A nivel de justicia internacional se ha querellado en contra de un exministro israelí por un bombardeo sobre la población civil en Gaza (Palestina) y contra seis asesores de George W. Bush por dar soporte jurídico a la base militar y centro de torturas de Guantánamo.

Hoy Boye enfrenta en tribunales europeos al Estado español por casos como el del presidente catalán Carles Puigdemont o del rapero Valtònyc, artista obligado a exiliarse en Bélgica antes de ser detenido por injurias. Gonzalo ha desarrollado una estrategia judicial que, si sigue obteniendo victorias en instancias superiores, marcará no sólo doctrina, sino además obligará al Estado español a adoptar serias trasformaciones políticas. Los avances judiciales de Boye en las cortes europeas lleva a que los poderes fácticos, como llamamos en Chile o "las cloacas del Estado" como llaman en España, desaten una agresiva campaña contra el exitoso abogado chileno, que van desde los dos allanamientos ilegales a sus oficinas (enero y junio del 2020) disfrazadas de robo, ataques con los titulares de la prensa empresarial de Madrid, hasta acciones legales para involucrarlo en un juicio por lavado de capitales.

En recientes declaraciones a la prestigiosa revista mexicana Proceso, Boye señaló: "Es evidente que desde sectores muy conservadores del Estado se quiere dar un castigo ejemplar y ejemplarizante al presidente Puigdemont y a los líderes independentistas catalanes para que nunca más nadie se atreva a atacar la unidad de la nación española.
Pero hasta ahora no han podido echarles el guante, porque les han negado las extradiciones, y eso los tiene muy molestos. El problema es que es muy difícil explicarle a Europa que unas protestas y la instalación de unas urnas (en Cataluña) se traduce en rebelión o en sedición. Esas decisiones jurisdiccionales europeas han dejado muy mal parado a ese sector de la justicia española".

Ante este fracaso judicial, los grupos de poder y las instituciones españolas han volcado su artillería sobre el abogado chileno. Las referencia a su pasado en la cárcel, luego de un dudoso juicio donde fue acusado como de cooperar con la organización armada vasca ETA (hoy extinta), ha salido reiterada en los principales diarios españoles.

Hay que recordar que en 1992 Boye fue sentenciado a 14 años de cárcel como "cooperador necesario" en el secuestro del empresario español Emiliano Revilla por parte de ETA. Un vehículo de su propiedad, que dejó encargado a un compañero de la consultoría en comercio internacional donde trabajaba, fue utilizado en aquella acción. Sin embargo, para entonces Boye se encontraba en Chile en las bodas de plata de sus padres y ha negado siempre haber tenido conocimiento alguno del hecho.

Pero no es sólo que niegue los hechos, además el juicio, propio del Estado en plena etapa de guerra sucia contra ETA, se desarrolló sin mínimas garantías de un debido proceso; su defensa nunca pudo interrogar al único participante que lo implicó en el secuestro, porque el juez consideró que no era necesario, ni siquiera lo presentó en el tribunal. Gonzalo ha reclamado siempre su inocencia y lo injusto de su detención, sin embargo, los años de cárcel los aprovechó muy bien estudiando derecho y como abogado ha dejado en ridículo a las principales instituciones judiciales españolas en diversos tribunales de Europa en los últimos años.

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En este momento la justicia española, con una caja de resonancia dada por los medios de comunicación, han abierto un nuevo juicio, donde mañosamente pretenden involucrarlo en la Operación Mito.

El 18 de enero de 2021, Boye debió comparecer ante la jueza de la Audiencia Nacional de España, María Tardón, para declarar como procesado en la denominada "macrocausa" contra la organización del narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco. El delito del que se acusa a Boye es blanqueo de capitales, la base de la acusación y única prueba de los tribunales españoles es la "declaración voluntaria" del narcotraficante colombiano Manuel Puentes Saavedra, quien luego de 17 meses en prisión, cambió su versión para señalar al abogado chileno de ser el "autor" de contratos fraudulentos para intentar recuperar casi 900 mil euros que fueron incautados el 6 de febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas en Madrid a Manuel González Rubio.

La cuestión es que la oficina de Boye en algún momento y por separado trabajó tanto en la defensa de Prado como de González Rubio.

No es casualidad que de la noche a la mañana y tras 17 meses, un narcotraficante cambie su versión, con el objetivo de inculpar al abogado chileno.

En conversación con RESUMEN, Gonzalo Boye afirma que ya el 30 de enero del 2019 el colombiano Manuel Puentes Saavedra realizó un amago de declaración, donde en definitiva no dijo nada, ante la evidente molestia de la fiscalía. En esa misma audiencia la policía española aportó al juzgado una serie de evidencias que vinculaban a Manuel Puentes Saavedra con una operación de tráfico de drogas pero también con el asesinato de un socio suyo, el colombiano Santiago Quintero Marín, hechos sucedidos en Colombia. En aquella ocasión el juzgado español, a instancias del fiscal, acordó remitir esa información a las autoridades colombianas, cuestión que nunca sucedió.

Coincidentemente, unos meses más tarde, el 24 de julio de 2019, el narco colombiano Manuel Puentes Saavedra pidió nuevamente prestar declaración voluntaria y, ahora sí, afirmó que Boye urdió una trama para recuperar el dinero incautado.

Es evidente que detrás de los cambios del narcotraficante hay intereses personales y está claro que la no-cooperación internacional de la justicia española con la colombiana, también tiene una intencionalidad. ¿Por qué motivo el juez y el fiscal ocultan las pruebas de un asesinato a la justicia colombiana?, sólo se puede entender como un "premio", pues el gran enemigo de la justicia española es hoy el abogado chileno Gonzalo Boye.

Boye ha negado su participación en el presunto delito de blanqueo de capitales que "pretendidamente se atribuye a su antiguo cliente" y manifestó a diversos medios españoles: "tomaré las medidas legales oportunas para averiguar si se ha cometido algún abuso de autoridad o negligencia en este procedimiento, para que ningún abogado sea perseguido simplemente por ejercer su profesión".

Esa declaración ha sido respaldada por diversas organizaciones de juristas internacionales, que ven en el caso de Gonzalo Boye una clara persecución por parte de las instituciones políticas, policiales y judiciales españolas.

En la audiencia el narco colombiano Puentes Saavedra contestó a 34 preguntas de la juez y del fiscal, sin embargo lo único que se restó de responder fueron las dos preguntas realizadas por la defensa de Gonzalo Boye: "Ha recibido visitas de la policía en prisión?" y "¿Le han ofrecido algo a cambio de hacer esta declaración?».

A estas demandas en tribunales en su contra, Gonzalo Boye ha debido enfrentar otras más, por parte del partido de extrema derecha VOX y la asociación ultraconservadora de juristas Movimiento 24Dos.

Hoy abogado chileno tiene sentado en el banquillo de los acusados en tribunales belgas al juez Pablo Llarena, magistrado español que fue punta de lanza en la acusación por rebelión contra el independentismo catalán, tras el referéndum independentista.

Gonzalo Boye logró en diciembre del 2019 que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulara el auto de procesamiento de la justicia española que privaba a los líderes catalanes Carles Puigdemont y Toni Comín de asumir sus escaños como eurodiputados, seis meses después de la celebración de las elecciones europeas donde fueron electos, venciendo nuevamente a la justicia española que pretendía impedir su llegada al Parlamento Europeo.

El 21 de octubre, un juez español ordenó la entrada y registro en la casa de Boye y en su despacho, a partir de su vínculo con los lideres independentistas, el cateo se filtró a los medios y hubo un acucioso seguimiento de la noticia en los programas de televisión y radio en vivo y en la mayoría de los noticieros. En el registro, la policía no encontró evidencia de la elaboración de los supuestos contratos, pero los agentes hicieron una copia de todas las comunicaciones y mensajería de texto del teléfono celular y el contenido de todos sus correos electrónicos desde 2012. "Lo comprometido es que en mi teléfono y correos existe información confidencial de al menos 400 clientes ajenos a la causa independentista, tanto como del caso de Sito Miñanco y de Manuel González Rubio", señala el abogado.

Según reportaje de la revista mexicana Proceso, en las llamadas telefónicas intervenidas por la policía bajo el amparo de una orden judicial como parte de la Operación Mito, González Rubio reconoce que él es el propietario de los casi 900 mil euros que fueron incautados en 2017, prueba que invalida totalmente la declaración del narco colombiano Puentes Saavedra quien señala que el dueño es Sito Miñanco, ya que con ello pretende involucrar judicialmente a Boye en la causa.

Gonzalo ratifica dicha información en conversación con RESUMEN, señalando: "que esa información ha estado en poder de la policía, el fiscal y el juzgado, han sido ocultadas del relato policial para que no se desmonte la versión incriminatoria en mi contra".

El abogado chileno recuerda que en 2020 González Rubio, luego de dos años en prisión, también decidió cambiar su versión al decir que el dinero no era suyo. "Pero está claro que desde el 8 de febrero de 2017, que pasó por la puerta del despacho pidiendo nuestra asesoría jurídica -dos días después del aseguramiento del dinero- ha venido aportando documentación probatoria de que él era el dueño del dinero y que éste era lícito".

Su despacho presentó toda la documentación al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) e hizo las alegaciones para proceder a recuperar el monto.

El 10 de mayo de 2017 el Sepblac respondió que algunos de esos contratos ya habían sido utilizados y se inició un procedimiento de sanción administrativa por exportación de divisas, sin previa declaración del movimiento de ese monto. "Sepblac no sancionó por blanqueo de capitales".

No obstante, el tribunal insistió en la acusación por blanqueo de este dinero intervenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas. "Entonces yo mismo le digo a la juez: Perdón, creo que aquí hay una confusión, porque este tema ya lo resolvió el Sepblac y no hay una acusación por blanqueo". Agrega Boye: "Pedí tiempo para aportar toda la documentación en esa misma comparecencia en el juzgado de la Audiencia Nacional, que no tenía conocimiento de ese procedimiento en el Sepblac, lo que pone en entredicho la calidad de la investigación. Pero entonces es cuando, convenientemente para la policía y la fiscalía, tergiversando los términos lo convierten en una prueba de blanqueo y en una prueba que, dicen, me implica en la trama para recuperar el dinero."

La situación de Boye ha despertado la preocupación de organizaciones de juristas y abogados no sólo en Cataluña, el estado español o Europa, sino a nivel internacional como the arrested llawyers, como la del propio Alto Conisionado de la ONU para independencia de abogados, jueces y fiscales, el peruano Diego García-Sayan, quien se ha referido al tema preocupado por la persecución política: