Una de las dos instituciones en que se organiza la labor policial en el país, Carabineros de Chile, debe dejar de tener existencia formal, debe ser disuelta y sustituida por una entidad que esté en concordancia con los valores de una sociedad democrática, moderna y respetuosa de los derechos humanos. Las frecuentes y reiteradas situaciones en que altos mandos de Carabineros y efectivos de ese cuerpo policial uniformado han sido partícipes de hechos ilícitos rebasaron largamente los límites de lo socialmente tolerable, incluso en una sociedad tan arbitraria y desigual como la nuestra. En el marco del proceso constituyente venidero Chile debe encaminarse hacia la creación de una nueva policía nacional.

Si bien la cuestión de la continuidad de esta institución policial aparece como un asunto que recién se ha puesto en el debate, no se trata de una controversia de última hora sino de la consecuencia de un largo proceso de cuestionamientos. El episodio del adolescente que fue lanzado al Mapocho el 2 de octubre pasado es sólo la gota que colmó el vaso. Sucesos posteriores protagonizados por Carabineros terminaron por derramar el contenido y quebrar el envase.

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A este caso, se suman las amenazas y acciones de amedrentamiento que se han realizado contra la fiscal Ximena Chong que investiga los hechos. De similar turbiedad es la acción ejecutada por Carabineros de Fuerzas Especiales en Concepción que no dudaron en montar una acusación contra un joven manifestante en febrero pasado, "cargándolo" ellos mismos con una molotov en su mochila para justificar su detención. El caso recién se conoce ahora al ser develado un video interno de la policía que muestra la secuencia en donde los carabineros organizan y realizan el montaje, además de dejar en evidencia que eso de "cargar" a detenidos es una práctica común en su desempeño. Luego, el joven incriminado por la falsedad profesional de los policías y acusado con mentiras, debió permanecer arbitrariamente en prisión y arresto domiciliario debido a la manipulación y ocultamiento de información practicada por la institución uniformada.

Actitud de obstrucción y sabotaje a la investigación judicial que reproduce los métodos utilizados por Carabineros en el Caso Catrillanca el año 2018. Allí, para encubrir el asesinato del comunero mapuche, funcionarios policiales adulteraron el sitio del suceso, falsificaron pruebas, ocultaron evidencias, amenazaron testigos, intentaron secuestrar a otros para impedir su testimonio, entre otras aberraciones ilícitas que, al ser descubiertas, detonaron la salida del entonces General Director, Hermes Soto.

Estas son acciones propias de una verdadera mafia, en lo que efectivamente se ha convertido Carabineros. Ya antes, el 2017, había sido desenmascarada la rimbombante "Operación Huracán", un montaje de utilería realizado por Carabineros para inculpar a ocho personas de delitos que nunca cometieron, valiéndose para la detención y acusación de las víctimas de pruebas inventadas por medio de manipulación de mensajes de texto y la implantación de evidencias en las viviendas allanadas.

Y antes que eso, el 2016, se conoció la mayor estafa, megafraude y desfalco al fisco de que se tenga conocimiento (por más de 28.300.000.000 de pesos - veintiocho mil trescientos millones-, monto que hasta ahora se ha podido establecer) protagonizada por altos mandos de Carabineros en lo que se ha conocido como "Paco-Gate", nombre que no le hace ningún favor al Paco de barrio o de pueblo, y que distrae el foco de los altos mandos que se enriquecieron robando al Estado a través de su institución policial.

No se trata aquí de hacer un recuento pormenorizado de ilícitos y descomposición moral de Carabineros, entre otras cosas porque es una tarea demasiado larga. La sola mención de las más de 400 víctimas de daño ocular, los casos de ceguera provocados a Fabiola Campillay y Gustavo Gatica entre otros, y la secuencia de cientos de hechos de tortura contra manifestantes cometidos en el último año, es más que suficiente. Pero estos simples casos demuestran que la degradación institucional es demasiado profunda. Los mandos y altos mandos están más descompuestos que aquellos carabineros rasos que devienen en delincuentes comunes y se ligan a delitos comunes de justicia ordinaria.

En los casos que aquí se reseñan queda en evidencia, además, una complicidad y complacencia de otros actores de la labor judicial que se hacen parte de las acciones ilícitas de Carabineros otorgándoles una credibilidad legal que hace años, muchos años ya, dejaron de tener. En particular ciertos fiscales y ministros de Corte, le brindan valor de prueba categórica a los partes y declaraciones policiales, aunque la contraparte afectada demuestre inocencia no rectifican oportunamente y prefieren hacerse cómplices y partícipes de una injusticia aplicando graciosamente penas de prisión y castigos ilegítimos a víctimas de la mafia policial. La última grosería de esta naturaleza es el hecho de que el joven lanzado al río permanece hospitalizado en calidad de detenido. Inaudito.

Los principales responsables de esta debacle son, desde luego, los altos mandos, con el General Director como primer actor de esta tragedia. No se excluyen de responsabilidad la autoridad política del país, el Ministerio del Interior, de quien depende administrativamente esta institución, tanto del actual como de anteriores administraciones pues la descomposición policial, si bien se incubó durante la dictadura, se propagó bajo la anuencia de los gobiernos que la sucedieron.

La seguidilla de actos ilegales, de situaciones irregulares, de atropello de las personas, del marco legal de sus atribuciones, de los propios límites institucionales, se ha transformado en un problema grave, profundo, estructural, que sólo ha sido agravado bajo la gestión de Mario Rozas. Esta situación se ha tornado particularmente grave durante el ejercicio de este segundo gobierno de Piñera, en particular desde el inicio del Estallido Social en adelante. El reguero de transgresiones y fallas inaceptables ha provocado un resquebrajamiento dentro de la propia institución que no tiene forma de ser revertido.

Rozas ha perdido autoridad frente a la tropa. Los mandos están divididos entre los que se beneficiaron de los robos al fisco y los que no participaron de los delitos. El personal de la tropa no se siente representado por el actuar de las desbocadas fuerzas especiales ni por las órdenes impartidas por mandos corruptos. La unidad de la fuerza se mantiene sólo por la vía de la presión salarial y de hipotéticos beneficios corporativos. Pero el espíritu de servicio público si alguna vez tuvo esta institución está desechado en el basurero de la historia.

La ecuación interna de la composición de la oficialidad y de los mandos de Carabineros es caótica, es terminal. Los continuos casos ilícitos han provocado un desplazamiento a retiro de la mayor parte de la oficialidad con mayor antigüedad; la corrupta, la formada en dictadura, la construida sobre la doctrina del abuso de poder y la impunidad. Esto dio paso obligado a la casta de oficiales ineptos, formados por los anteriores, que sólo se aferran al peso de autoridad que les otorgan la ley y las armas pero están vacíos de valores morales. Son los de gatillo fácil, los encubridores de delitos y amedrentadores de uniforme. La actual casta de oficiales es mediocre e inepta, del estilo de Mario Rozas, que vino a reemplazar a otro de oscuro desempeño.

Ya no tienen sentido ni utilidad los afanes de reforma que pretenden desde el Gobierno pues ni siquiera su refundación sería ya posible dado que el contenido social, nacional, servicial de esta institución fue corroído hasta los cimientos por una casta de oficiales y mandos que se han servido del país en beneficio propio y de sus mandantes. Carabineros denigró hacia un organismo que está muy lejos de representar el rol social que se supone debía cumplir y para el que fue creada.

Prevención del delito: ¿Cómo? ¿Quién? Con la actual composición de mando es un chiste. Servicio público: Salvo la relación que se produce en los pueblos y en limitadas funciones, el resto se comporta y actúa en confrontación con la ciudadanía. Labor social: Si no hay catástrofes nacionales (terremotos, inundaciones, etc), ya no se asocian ni cumplen ninguna labor de utilidad comunitaria. Control del orden público: La actual doctrina institucional lo asocia solamente con la tarea de reprimir manifestaciones populares bajo órdenes impartidas por gobiernos pro empresariales. En suma, no hay por dónde encontrarle sentido a las funciones que cumple Carabineros en relación con los objetivos e intereses de la comunidad, de la sociedad común, de la ciudadanía.

Los intentos del gobierno de Piñera por imponer reformas de última hora son sólo voladeros de luces destinados a engañar y confundir. Precisamente el presidente ha sido unos de los principales responsables, instigadores y promotores de la lógica criminal y destructiva que cubre a la institución policial. El actual mandatario ha incentivado el discurso de la "guerra interna", premiado con "bonos de desempeño" las acciones represivas de los uniformados, alentado la modernización y fortalecimiento del arsenal y del equipamiento destinado a las tropas especiales cuyo objetivo es reprimir, sofocar y neutralizar las movilizaciones y los conflictos sociales internos.

Parece una burla grosera -propia del señor Piñera- ponerse al frente de una pomposa "Comisión Nacional de la Reforma de Carabineros", integrada por 3 de sus ministros, 2 subsecretarios y el propio Director de Carabineros, el cuestionado Mario Rozas. ¡Vaya Comisión! La esencia del modelo represivo. La comisión la encabeza Víctor Pérez Varela, el ministro del odio y detentor de la violencia de Estado contra la población. Las únicas reformas que puede concebir un grupo de esta composición son sólo más y nuevas formas para reprimir a la población, para proteger a los poderosos, y disponer de más recursos para esta institución corrupta hasta los flecos del estandarte, para eso el Ministro de Hacienda es uno de los convocados a esta farsa.

Obvio que el señor Piñera ha tenido el cuidado de invitar como observadores a importantes dignatarios de otros poderes o sectores del Estado (Corte Suprema, Contraloría, INDH, entre otros), pero eso es parte de la manipulación comunicacional que estilan los ocupantes de La Moneda. Igualmente son entusiastas de estas "reformas" y se niegan a cualquier intento de "refundación de Carabineros", conspicuos personajes de anteriores gobiernos concertacionistas, conocidos por sus tenebrosas acciones represoras y maniobras anti sociales, pero eso es propio de la naturaleza de corcho de esos personajes de la también descompuesta clase política. En el mismo lodo, todos revolcados.

El país no está para burlas ni para farsas. La realidad es que Carabineros cavó su propia sepultura. Más bien los mandos y altos oficiales la condujeron a un barranco. En esta caída pagan justos por pecadores pues existe, a no dudarlo, un sector de carabineros que, efectivamente, continúan cumpliendo un rol de servidores públicos en pueblos y localidades, en apartados rincones, o en labores cotidianas de servicio urbano; pero la jerarquía se ha burlado hasta de su propia gente, como lo dejan en evidencia diversos testimonios que han circulado profusamente en las últimas semanas.

Sin embargo, Carabineros comenzó a cavar su tumba hace décadas. Este proceso de descomposición institucional se inicia con la participación de esta policía en el golpe de Estado, en la cruenta represión posterior sobre el pueblo, y en todos los actos y hechos deleznables de la dictadura, cumpliendo allí funciones desde la Junta Militar hasta de guardias y verdugos. La adopción de la doctrina de "seguridad nacional", la lógica del "enemigo interno", la política de "guerra de baja intensidad" han regido el ser y hacer de esta policía de origen militar y le han llevado sin freno alguno al despeñadero moral y orgánico. Redujeron su labor a ser meros guardianes y verdugos de las imposiciones de una potencia extranjera, serviles lacayos de la derecha política, capataces de los mandatos de los poderosos, olvidándose de la ciudadanía a la que se deben y del pueblo que financia sus sueldos y salarios.

Dejaron de ser servidores públicos, aunque sea el fisco su contratante y quien les paga. La labor de Carabineros ha estado desde siempre supeditada a los designios de los patrones, de los poderosos. Luego, estos mismos mandantes del poder les asignaron el papel de guardia privada, financiada por el Estado, destinada a proteger sus intereses bajo el sagrado pretexto de "resguardar el orden público". El único orden que conciben los poderosos es el que imponen por la vía de la fuerza, del chantaje, de la presión laboral, del abuso, del despojo. Son el instrumento de fuerza de primera mano para garantizar ese "orden" de cosas. Esa lógica instrumental y bélica ya colapsó y Carabineros con ella.

El país necesita una nueva policía que recupere la credibilidad y confianza de la población. Que efectivamente se ocupe de la prevención del delito, de prestar un servicio a la comunidad, de proteger a la población de riesgos y amenazas, de cumplir las instrucciones de la justicia, de respetar a las personas y comunidades, de subordinarse a la democracia y a la ley. Necesitamos una institución policial respetuosa de los derechos humanos y de los derechos esenciales de las personas, despojada de las anacrónicas doctrinas al servicio del imperio estadounidense o de grandes consorcios empresariales, despojada de los ropajes dictatoriales y la propensión a la violencia y la fuerza como única respuesta. Necesitamos una institución con una sola escuela de formación de acceso universal, con escalafón único y de evaluación por mérito, con una jefatura respetuosa de la ley y las disposiciones internas. La decisión final de este proceso debe estar en manos del pueblo soberano, no de comisiones de pacotilla ni con afanes oscuros. Estamos a las puertas de un proceso irreversible y necesario.

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