Hace una semana, la ministra del Interior, Izkia Siches, vitoreaba a la opinión pública que «nadie estaba por sobre la ley», aludiendo a la detención del líder de la CAM, Héctor Llaitul, hecho desprendido de una investigación por Ley de Seguridad del Estado, no porque se le haya sorprendido en el momento de un ilícito. Este martes, fue golpeado un diputado de la República en plena sesión, hecho por lo demás grabado y ampliamente difundido en redes sociales y el agresor, Gonzalo de la Carrera, ultraderechista y activista del Rechazo, no fue aprehendido. Pese a que fue registrado en un delito flagrante, Fiscalía no remitió los hechos a la Corte de Apelaciones para que ésta pudiera haber solicitado su detención.

Por Juan Contreras Jara

Gonzalo de la Carrera, diputado de ultraderecha y activista del Rechazo, quien en 2019 hizo noticia por una polémica con su cuenta de Twitter desde donde se comentó la frase «jovencitas primer anal», hoy se roba las portadas por haber golpeado al vicepresidente de la Cámara Baja y no haber sido detenido, demostrando el nivel de impunidad del que goza la clase política.

Lo anterior, considerando que el Código Procesal Penal, en su artículo 417, exhorta, sobre la detención flagrante que, «si el aforado fuere detenido por habérsele sorprendido en delito flagrante, el fiscal lo pondrá inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva. Asimismo, remitirá la copia del registro de las diligencias que se hubieren practicado y que fueren conducentes para resolver el asunto».

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Independiente de la ley, lo cierto es que, pese a todo el alaraqueo institucional, traducido en una denuncia y hasta el ingreso de una reforma constitucional, Fiscalía no puso los antecedentes que implicaban a Gonzalo de la Carrera en un delito flagrante a disposición de la Corte de Apelaciones correspondiente.

Lo de Llaitul es solo para poner en entredicho al gobierno progresista de Boric, que nuevamente responde al conflicto del Estado con el pueblo Mapuche con represión. Lo concreto es que cualquier proletario promedio que golpee a un representante del Estado o personero de Gobierno, ya estaría en prisión preventiva y seguramente con la derecha pidiendo a gritos las máximas penas de la ley.

Es más, cuando el Estado ha querido volcar toda su maquinaria contra una persona, lo ha hecho por actos  mucho menos graves que golpear a un diputado. Basta con recordar el caso del profesor Roberto Campos, quien, durante el Estallido, golpeó un torniquete que ya estaba roto. En aquel entonces Fiscalía pedía 8 años de cárcel y estuvo en prisión preventiva por casi dos meses.

Entonces, ¿de qué igualdad ante la ley habla Siches? Si Gonzalo de la Carrera aún no es detenido pese a la flagrancia de su delito y a la denuncia ingresada la noche de este martes en su contra, es porque claramente no existe tal igualdad.

Tras la denuncia presentada este martes, se debió haber concretado la detención del activista por el Rechazo, Gonzalo de la Carrera, siendo Fiscalía el órgano encargado de remitir la información a la Corte de Apelaciones para que esta instruya su aprehensión, pero no fue así, porque en Chile no existe igualdad ante la ley, más allá de la retórica leguleya. El diputado ultraderechista, nos refriega en la cara que la clase política y el empresariado gozan de impunidad frente a la ley o de irrisorias condenas como clases de ética.