Francisco Sánchez, quien fuera sub gerente general de Atacama Kozan, habría llevado a cabo una millonaria estafa, ocupando su cargo para defraudar a la minera por 11 millones de dólares en un esquema que mantuvo mientras fue intendente de Atacama durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Fiscalía decidió "no perseverar" en la investigación, por lo que es caso se mantiene en la impunidad, pese a los múltiples informes.

Por Macarena Montes

Una investigación llevada a cabo por El Ciudadano da cuenta de la impunidad con la que la Fiscalía de Atacama pretende dejar al exintendente de la región, Francisco Sánchez.

El fraude consistiría en contratos millonarios de aguas, adelantos a proveedores, pagos dobles, pagos sin facturas, pago de cuentas de supermercado en favor de Sánchez, obras civiles en su hogar particular y hasta el pago a jardineros, lo que fue establecido por informes realizados por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

La actual gerencia de Atacama Kozan minera de capital japonés, el daño patrimonial se calcula en 11 millones de dólares.

«La decisión de no perseverar de la Fiscalía de Copiapó, que favorece a los imputados Francisco Sánchez y a Rodrigo Albornoz, será conocida por el Juzgado de Garantía de Copiapó el próximo 7 de noviembre de 2022. En ella los querellantes pueden solicitarle al tribunal autorización para llevar a juicio a los imputados sin el Ministerio Público, con lo que se podría abrir otro capítulo en uno de los fraudes más importantes que se hayan conocido en la región de Atacama» consigna el citado medio.

Actualmente se encuentra residiendo en Ovalle (donde fue nombrado hijo ilustre en 2017 ), tras haber sido formalizado por Fiscalía en dos oportunidades por presunta estafa.

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Francisco Enrique Sánchez Barrera, es contador auditor vinculado a empresas mineras privadas y ligado políticamente a Renovación Nacional (RN), particularmente al actual senador por la región y expresidente del partido, Rafael Prohens.

«Ambos personajes unieron su camino años atrás cuando Sánchez trabajaba para Atacama Kozan. En ese entonces se celebró un contrato entre Atacama Kozan y la Sociedad Agrícola Doña Berta ( de propiedad de Rafael Prohens), entidad que negocia agua históricamente en el valle de Copiapó, donde acumula una importante cantidad de derechos privados de aprovechamiento del vital elemento, lo que le ha permitido ganar millones de dólares con su comercialización» señala El Ciudadano.

Fue el 6 de Noviembre de 2014 cuando se firmó el Contrato de Suministro y Venta de Agua entre la Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan y Agrícola Doña Berta Limitada, por Yukihiko Hagikami y Francisco Sánchez Barrera por parte de la minera y por Prohens Espinosa representando a la agrícola.

Este acuerdo en que Atacama Kozan pagaría 1,17 dólares por metro cúbico de agua.

El contrato celebrado señala que los pagos y cobros que ocurrieran debían hacerse mediante la verificación de los consumos de agua efectivamente entregados, medidos mediante flujómetros, no obstante, el aparato nunca se instaló y Prohens habría cobrado por agua que nunca se entregó a la minera. Así, habría cobrado por más del doble del agua que realmente entregó.

Según la investigación «Prohens, que firma el contrato, ha buscado desentenderse de su responsabilidad y firma en Notaria, como se puede leer en el Diario de Atacama, donde sostuvo que ‘como persona natural jamás he hecho negocios con Atacama Kozan. Como persona natural que es la querella, no tengo negocios con Atacama Kozan’, sin aclarar que el dueño de la empresa y quien finalmente se beneficia con sus utilidades es el propio Prohens y su familia. Estos dichos fueron emitidos tras una querella presentada por la minera japonesa Atacama Kozan en contra del actual parlamentario, donde se le acusa de participar de un mecanismo que generó pagos irregulares de parte de la minera por suministros de aguas que no se realizaron. Además, en dicha querella se denuncia que los dineros obtenidos fraudulentamente habrían financiado la campaña política de 2017 por la que Prohens llegó a la Cámara Alta».

Los pagos efectivamente realizados a la empresa de Prohens por el agua ascienden a $5.820.431 pesos, pero las facturas que emitió Prohens son por solo $2.935.020, por lo que existirían más de 2.700 millones sin facturar.

«Al mirar históricamente los pagos de Atacama Kozan a Doña Berta, se puede constatar que respecto de los egresos de fondos realizados para cancelar los consumos de agua durante los años 2015 y 2016, no existen documentos tributarios que respalden las operaciones. Esta situación se repite en años posteriores, solo con algunas excepciones» señala la investigación.

En su publicación, El Ciudadano además agrega que «Si bien se solicitó hace dos años por los querellantes investigar el destino final de estos dineros, especialmente si hubo repartición hacia el propio Sánchez y si fueron gastados en la campaña a senador de Prohens, la Fiscalía de Copiapó no ha avanzado en tales diligencias. Cabe destacar que entre 1994 y 2019, familiares del senador Prohens, hombre ligado al ‘negocio del agua’ en Atacama, a través de sociedades o como personas naturales, recibieron $483.749.002 desde la Comisión Nacional de Riego. Mientras que si consideramos solo a los hermanos del parlamentario, es decir, familiares de primer grado de cercanía, entre 2014 y 2019 recibieron $280.151.717 para realizar obras como la ‘instalación de riego por goteo’ y las ‘labores de puesta en riego’.»

Otra arista de la investigación se encuentre en la empresa de alimentación Eklipse, proveedora de Atacama Kozan, que también se habría coordinado con Sánchez para defraudar a la minera, incluso mientras oficiaba como intendente.

Sánchez habría pactado con proveedores el pago de servicios inexistentes a cambio de beneficios económicos para él y sus cercanos, ocultándolos de los dueños a través de la manipulación de la contabilidad.

Un informe que la PDI remitió al fiscal del caso, señala que el proveedor "María Loretto Herrera Spano Servicios" con nombre de fantasía "Eklipse" se dedicada a brindar "servicios de alimentación". En ese contexto, la minera pagó por esos supuestos servicios la suma de $418.208.544 pesos. En las conclusiones del informe de la unidad especializada en delitos económicos de la policía de investigaciones se establece que esos pagos no cuentan con respaldo alguno.

«A su vez, la profesional investigadora de la PDI sostuvo que un total de $500.201.935 pesos fueron pagados por Atacama Kozan a Eklipse, sin que existan los documentos de Estado de Pago, que debían ser generados por Atacama Kozan y la prestadora, lo que permite entender el detalle de lo que se paga a un proveedor» señala el citado medio.

Además, una perito de la PDI dio con una serie de otros servicios solicitados a Eklipse catalogados como "servicios adicionales" sin detalle de qué se trataban, los que suman pagos por otros $180.103.168 pesos.

De este monto existen requerimientos del proveedor y que fueron pagados por Atacama Kozan a Eklipse cuando Sánchez ya no trabajaba en la empresa y era intendente.

El reportaje apunta a que «Entre los servicios falsos que de forma fraudulenta y por orden de Albornoz fueron pagados por Atacama Kozan mientras Francisco Sánchez era intendente de Sebastián Piñera (puesto ocupado por el senador Prohens en el primer mandato de Piñera) figuran: ‘Toldo para intendencia’ por $6.455.750; un evento relacionado a los 33 mineros por $5.631.972; y un evento para comunidades indígenas por $3.234.512, descritos éstos dos últimos como ‘donación’.»

"Se prestaron servicios sin justificación, sin trazabilidad y sin pormenorización. Sánchez le pedía a proveedores de la empresa que le pagaran sus cuentas personales, incluso el supermercado", señala Jorge Guerra, nuevo sub gerente general y quien descubrió el eventual fraude.

Una tercera arista la representa la «Empresa Gestión y Comunicaciones San Lorenzo Ltda. (Atacama Viva)» controlada por Francisco Sánchez y que habría traspasado en propiedad a su pareja, la jefa del área de contratos en Atacama Kozan.

«En el fondo lo que habría realizado Sánchez en esta arista, era financiar su propio medio de comunicación con dineros de la minera japonesa. A su vez obtenía publicidad para su medio de parte de otros proveedores beneficiados por contratos de Atacama Kozan, como Branda. El mecanimo usado era el habitual: Sánchez condicionaba pagos a proveedores de la minera a que hicieran aportes o pagaran publicidad a su medio digital, para su beneficio» publica la investigación.

La empresa no tenía un contrato con la minera, por lo que los pagos que se realizaron bajo la modalidad de órdenes de compra directa, las fueron aumentando en monto con el pasar de los años llegando en el 2018 a $18.439.5132.

Asimismo, la investigación de la PDI, logró acceder a las cuentas bancarias de Francisco Sánchez y de Rodrigo Albornoz. En la cuenta del Banco de Chile de Sánchez, hay depósitos de Albornoz, incluso después que de dejar  la empresa y trabajar como intendente, por un total de $40.688.400 pesos.

Por su parte, en la cuenta de Sánchez en el Banco Santander hay transferencias por $15.130.000 y en efectivo por $20.995.000.

«Al observar los depósitos recibidos por Albornoz en su cuenta de Banco Santander, se encuentran pagos realizados por el proveedor Branda por $215.400.000.

Al mirar las cartolas de Albornoz del mismo banco, se puede constatar pagos a su cuenta personal por parte del proveedor ‘Eklipse’, Loretto Spano por $85.075.000.

Según la pericia profunda entre el 2011 y el 2018, ambos suman ingresos sin justificar cercanos a más de mil millones de pesos.»

"Lo que nos resulta inexplicable es que a pesar de que la Fiscalía de Copiapó formalizó al señor Sánchez en distintas oportunidades por delitos cometidos en contra de Atacama Kozan, basada precisamente en la solidez de esos antecedentes, finalmente haya decidido desechar el caso, sin permitir que tales pruebas pudieran ser analizadas por un tribunal independiente que resolviera sobre la existencia y responsabilidad de los delitos que se imputan" señaló en un comunicado la empresa japonesa.

El viernes 7 de noviembre el tribunal decidirá si acoge la petición decisión de la Fiscalía Local de Copiapó de no perseverar en el caso, y si los querellantes van a solicitar llevar a juicio a Sánchez y los demás imputados sin el Ministerio Público.

Lee el reportaje completo para información en profundidad en el siguiente enlace Impunidad en Atacama