Muchos fueron los cuestionamientos que recibió Van Rysselberghe que empujaron su salida del Servicio Médico Legal tras emitir un informe que podría permitir a uno de los condenados por la Matanza de Laja-San Rosendo cumplir su pena fuera de prisión. Uno de los antecedentes se remite a 2017 tras ingresar un proyecto de ley que favorecía a enfermos terminales o mayores de 70 años a cumplir su condena excarcelados.

Por J. Arroyo Olea

Corría abril de 2017 y Jacqueline van Rysselberghe se desempeñaba como presidenta de la directiva nacional de la UDI y senadora de la región del Biobío, visitando en el Hospital Militar a René Cardemil, criminal condenado por su participación en asesinatos durante la dictadura que recibió finalmente un indulto por parte de Sebastián Piñera por «razones humanitarias de salud».

En las afueras del recinto hospitalario, Van Rysselberghe exigió colocarle suma urgencia a un proyecto que entregaba beneficios carcelarios «independientemente de la causa por la cual estén pagando una condena». En el mismo punto de prensa, el abogado Raúl Meza emplazó al entonces candidato Piñera, planteando: «Esperamos que siga el ejemplo de la senadora Van Rysselberghe de visitar a quiénes están sufriendo».

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Fue justo a fines de ese año que la senadora UDI  ingresó, junto a Iván Moreira, un proyecto para modificar el código penal en pos del beneficio carcelario de criminales.

El proyecto en cuestión tenía un artículo único, y buscaba que las personas condenadas mayores de setenta años o quien padeciera una enfermedad terminal pudiera cumplir su pena en su domicilio. Textualmente, el proyecto estipulaba: «El condenando mayor de setenta años o el que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal, podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, por resolución fundada del juez competente, cuando mediare solicitud de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, previo informes médico, psicológico y social que lo justifique».

Las alarmas se encendieron inmediatamente, cuestionando el actuar de quienes presentaron el proyecto debido al beneficio que tendrían criminales de lesa humanidad. Y es que no era primera ni última vez que la derecha chilena ingresaba a trámite proyectos de esta índole.

El propio proyecto de Van Rysselberghe y Moreira así lo indicaba, haciendo referencia a iniciativas presentadas en junio 2016 por los entonces senadores Prokurica, Chahuán y Moreira; y un proyecto de acuerdo presentado en la misma fecha por el mismo sector político.

¿En qué quedó el proyecto? En nada. La propia web del Senado indica que no hubo movimiento en términos de discusión en siete años, siendo archivado sin pasar del primer trámite constitucional.

Tramitación Boletín 11517-07

Sin embargo, marcó precedente para la discusión de un proyecto similar impulsado por Chile Vamos que fue rechazado por el Senado en enero de 2024. Tras dicha decisión, el aún senador Moreira indicó que «la irresponsabilidad y el engaño a los militares de uno u otro parlamentario del sector nos llevó lamentablemente a no poder aprobar este proyecto», además de escribir: «Se les prometió a los militares sin tener los votos para aprobar. Un engaño al final».