"Se acoge la tacha deducida por los querellantes en contra de la perito, doña Jacqueline Van Rysselberghe y por consiguiente se le resta toda validez jurídica a su informe", concluye la resolución del Ministro en Visita, Carlos Aldana, ante el documento emitido por la ex intendenta del Biobío, senadora y expresidenta de la UDI, que desde mediados de abril fungió como psiquiatra en el Servicio Médico Legal (SML). Cuando fue contratada, agrupaciones que han bregado por la consecución de justicia ante crímenes de lesa humanidad, advirtieron sus posibles implicancias, a pesar de ello la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, respondió desde el marco tecnócrata que le es característico: «la verdad es que esta persona cumplía con todos los requisitos, además requisitos que no son sencillos de cumplir».

Aniceto Hevia

A sólo semanas de su incorporación, Van Rysselberghe provocó el escándalo que le valió su salida del SML, emitiendo en condición de "perito" un informe donde se consignaba un supuesto "deterioro cognitivo" progresivo en José Otárola Sanhueza, uno de los excarabineros condenados como autor de la Matanza de Laja San Rosendo, en que 19 obreros de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) fueron ejecutados a días del golpe de Estado en 1973 y luego sus cuerpos echos desaparecer. Con este informe, la también ex alcaldesa de Concepción, junto con considerar al actual reo del penal Biobío como un "enajenado mental" y "dependiente del cuidado de terceros", daba lugar a la solicitud, hecha por su defensa, de ser excarcelado y así cuidado por su hija.

Ante esta situación, la agrupación de familiares de los trabajadores ejecutados en este suceso impugnó el informe pericial con diversos argumentos, entre los cuales el Ministro consideró que Van Rysselberghe había sido contratada para "cubrir la brecha de psiquiatría del 2018-2022", sin que le competiera involucrarse en el caso de Otárola Sanhueza. Junto con ello, fue señalada su imparcialidad ante este tipo de reos, luego que en sucesivas ocasiones se haya manifestado justificando el golpe de Estado y la dictadura, así como en defensa de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Llama especialmente la atención que también Carlos Aldana considera el argumento según el cual Van Rysselberghe habría tomado como referencia dos supuestos informes anteriores: el primero, realizado por la doctora María Silva Inoccetti del cual no se halló registro en la causa; mientras el segundo fue emitido por Paola Castelli Candia, quien habría reconocido que recibió un pago por su elaboración en el trascurso del proceso judicial.

Las acciones de los familiares de estos trabajadores ejecutados comenzaron el mismo día en que fueron detenidos al interior de la CMPC de Laja, intentando conocer su estado, llevarles agua y comida, para luego saber de su paradero. Han transcurrido más de 50 años y recién en en marzo de este año se dictaron las condenas definitivas para algunos de los imputados, entre los cuales figura Otárola Sanhueza, excluyéndose de ellas a empleados de CMPC, aunque fue probada su participación en la identificación de los obreros, la provisión de medios de transporte y bebidas alcohólicas a los esbirros.

Emilio Araneda Medina

Ahora bien, cabe preguntar, ¿cómo se vive esta situación en los núcleos familiares y agrupaciones que han perseverado en la búsqueda de justicia sobre este caso? Desde hace algún tiempo, el Estado reconoce a la revictimización como un perjuicio que se debe prevenir y evitar, no obstante existen diversos casos que acusan su incurrimiento al tiempo que sus diversas dimensiones están ausentes del debate público. Emilio Araneda Medina es hijo de Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, uno de los trabajadores ejecutados, respondió a las consultas de Resumen sobre aspectos subjetivos de este último suceso que emergió como un corolario (tal vez momentáneo) en esta porfiada pugna contra la impunidad.

– Eras un niño cuando tu familia buscaba saber qué había ocurrido con tu padre ¿qué recuerdas de ese periodo?

La niñez se interrumpió con estos graves hechos y la ausencia de mi padre se hacía sentir en cada minuto. Veíamos a nuestra madre sufriendo y desgarrada de dolor, y nosotros no podíamos hacer nada más que aferrarnos a ella y tomar la esperanza como único elemento que podría aplacar esos grises días. La búsqueda fue incesante y la espera, una tortura. Esos son recuerdos que no desaparecerán.

– El 2022 se acogió a retiro del poder judicial, Rosa Egnem. Ahora bien, ¿qué representa para ti que haya terminado como ministra en el máximo tribunal del país?

Bueno, Rosa Egnem Saldías era secretaria del tribunal de Yumbel y estaba cumpliendo funciones cuando fueron encontrados los cuerpos enterrados en el fundo San juan de la CMPC, lugar de la jurisdicción de la comuna de Yumbel. Ella ocultó el parte policial de este hallazgo y permitió que fueran inhumanos en una fosa común del cementerio parroquial de Yumbel los cuerpos, sin autopsia y negándose a informar a los familiares de ello. Estos hechos constituyen en la historia judicial una aberración humana sin límites.

Tiempo después, al verla como ministra en las salas de la Corte Suprema, sólo me indica una sola cosa: que fue premiada por el ocultamiento de la información y su nulo apego al cumplimiento de su obligación legal, lo cual es una situación que se reitera en otros casos.

-¿Qué significó para ustedes la contratación de Van Rysselberghe en el Servicio Médico Legal y la temprana emisión de su informe recientemente invalidado?

Lo acontecido con ella era predecible que ocurriera y terminó por revictimizarnos y abrir la herida de la impunidad y falta de castigos a los condenados.

– Cuando asumió, el gobierno expresó tener un compromiso con otorgar garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos, así como su reparación ¿Cuál es tu mirada respecto a ello y qué esperan para el futuro?

En lo concerniente al Gobierno y sus compromisos con las víctimas y familiares, se instaló un proceso de desconfianza. Si hay alguna autoridad que no tiene un sentido de humanidad con lo que el gobierno ha diseñado como una estrategia para la búsqueda de cientos de desaparecidos, francamente, ellos que no se sienten interpretados deberían abandonar sus cargos. La falta de humanidad y la forma de comunicar sus opiniones son el camino equivocado para dar un curso normal, por ejemplo, al plan de búsqueda.