La abanderada de la UDI en la región, expuso en biobiochile que le extrañaba el nivel de revuelo que había provocado que una persona «de derecha» haya realizado un peritaje, bajándole el perfil a lo que pudo transformarse en un nuevo precedente de impunidad en Chile ligado a los crímenes cometidos durante la dictadura, en este caso, de la Matanza de Laja y San Rosendo.

Por JC Contreras Jara

Finalmente, la trama entre Jacqueline Van Rysselberghe y el Servicio Médico Legal se terminarían antes de tiempo, debido a que la ex senadora y uno de los rostros del pinochetismo en el Biobío tenía contrato hasta el 30 de junio. 

Recordemos que a principio de mayo, las familias de los Detenidos Desaparecidos en la Matanza de Laja y San Rosendo, además de sitios de memoria, denunciaron que el violador de DDHH, José Otárola, implicado en dicha masacre, iba a quedar libre de una condena de 15 años y un día ¿La razón? El peritaje psiquiátrico realizado por Van Rysselberghe, quien se supone, solo revisaría casos entre 2018 y 2022.

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Además, según el contrato del SML con Van Rysselberghe fijaba que su trabajo iba dirigido a apoyar con la demanda de pericias medico legales en el área de la salud mental. Pese a esto, terminó realizando informes que no le correspondían, en este caso, a un violador de DDHH, condenado por el asesinato de 19 trabajadores forestales y campesinos del Biobío. Por dicho motivo, se instruyó un sumario, mientras que las familias de los Detenidos Desaparecidos exigen la salida del director regional del servicio, Jaime Téllez.

Bajándole el tono a la gravísima situación ocurrida con el condenado Otárola, Van Rysselberghe comentó no pensó que su accionar «iba a generar toda esta polémica» agregando que «me parece que no tiene ningún sentido». Con esta desfachatez, la ex senadora les restó importancia, como ha sido la tónica en su carrera política, a los múltiples crímenes cometidos durante la dictadura militar de Pinochet y compañia. 

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Fue justamente su desidia hacia los Derechos Humanos de las víctimas de la dictadura, uno de los argumentos utilizados por los abogados querellantes para sustentar su reclamación ante tribunales, acogido por el juez Carlos Aldana y que sellaron la invalidación del peritaje realizado por Jacqueline Van Rysselberghe. 

Más allá del término de esta trama de mal gusto entre el gobierno de Boric y una de las representantes del pinochetismo en el Biobío, lo que queda nuevamente al descubierto fue el desinterés de una administración que se comprometió con la búsqueda de Justicia y garantías de no repetición, pero que invalidó inmediatamente la reclamación de las Familias de los Detenidos Desaparecidos respecto al nombramiento de la militante UDI, llamando a «desdramatizar» la situación. 

Por ahora, se adelantaría al menos tres semanas el término de contrato entre el SML y Van Rysselberghe, mientras avanza el sumario que debería arrojar responsabilidades por su contratación, que casi termina por hacer que un criminal de lesa humanidad quedara libre de polvo y paja, pese a haber estado implicado como uno de los autores del asesinato masivo de 19 trabajadores forestales y campesinos perpetrado entre el 13 y 17 de septiembre de 1973, en pleno Golpe de Estado.