[resumen.cl] Pese a las más de 2.000 querellas presentadas por el INDH a raíz de las violaciones a los derechos humanos durante el Estallido Social, a la fecha solo existe una condena de un funcionario policial -la cual es libertad vigilada por homicidio frustrado-, como también solo 42 causas formalizadas.

El pasado martes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dio a conocer el informe de seguimiento de recomendaciones realizado a partir del Informe Anual presentado a raíz del inicio del Estallido Social en 2019.

El documento analiza un total de 15 recomendaciones realizados al Estado chileno -particularizando en sus instituciones- para enfrentar multidimensional y estructuralmente la violación a los derechos humanos cometidas por agentes estatales entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, periodo establecido por el INDH.

Entre las reflexiones dadas respecto al estado de las investigaciones, el INDH señala que «de las 2.834 querellas interpuestas por el INDH por hechos ocurridos hasta el 31 de marzo, 42 causas han sido formalizadas, es decir, un 1,5% del total. Adicionalmente, los datos disponibles indican que el Ministerio Público ha presentado acusaciones en cuatro causas, existiendo una causa con uno de sus imputados condenado»

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La condena se refiere al caso del sargento de Carabineros Juan Gabriel Maulén Báez quien el 13 de diciembre de 2019 disparó una bomba lacrimógena a la cabeza de Esteban Carter por su espalda en Rancagua a 8,5 metros de distancia, provocándole graves consecuencias -incluyendo una fractura de cráneo- y una operación de urgencia, siendo condenado a 5 años de libertad vigilada por el cargo de homicidio frustrado.

Las recomendaciones del INDH están dirigidas a diferentes áreas de los efectos que trajo consigo la violencia estatal desplegada a partir de octubre de 2019, como lo son el poner fin a las violaciones a los derechos humanos, establecer medidas de reparación concretas y asegurar la no impunidad, estando dirigidas hacia instituciones como el Ministerio Público, Poder Judicial y el Ejecutivo.

Sin embargo, se ha presentado un evidente letargo en la elaboración y aplicación de medidas concretas y estructurales que decanten en la mejora de estas áreas, cuestión que ha llevado a familiares, víctimas y redes de organización y apoyo a emplazar a las instituciones por la lentitud para abordar las denuncias, como también la prisión política imperante para miles de personas tras las protestas desatadas en el Estallido.