Informe de la ONU sobre el Estallido: El Estado no ha asumido la responsabilidad por violaciones a los Derechos Humanos y hay ambivalencias del discurso de altas autoridades

[resumen.cl] Un informe de seguimiento publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) encargado de evaluar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019, concluyó, entre otras que el Estado chileno no haya asumido la responsabilidad por graves violaciones a éstos y criticó ambivalencias del discurso público de altas autoridades en relación a esta realidad.

El documento que realizó un seguimiento a las 21 recomendaciones que realizó la ONU al Estado chileno tras las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos por agentes del estado durante el Estallido Social.

Señala, respecto a la libertad de reunión, que sigue existiendo en el país un régimen de autorización de facto que vulnera la libertad de reunión de manera pacífica y sin autorización previa.

La investigación establece además, que se registraron intentos de restringir la libertad de expresión artística con motivo de protesta - respecto al caso de la querella contra Las Tesis y otros- que generan un clima de hostigamiento que afecta negativamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, particularmente en el debate sobre asuntos públicos, y propicia un ambiente que puede conducir a restricciones indebidas a este derecho.

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Respecto al Uso de la Fuerza, el informe de seguimiento estableció que "Tras la reducción del uso de escopetas antidisturbios aumentó el uso indebido de proyectiles lacrimógenos"; que " Los carros lanza aguas se siguieron utilizando de un modo que no cumple con estándares internacionales". Asimismo "De manera reiterada, funcionarios de Carabineros no prestaron ayuda a las personas heridas", entre otros. El informe reconoce que varios protocolos actualizados en 2021 traen avances substantivos, "pero aún queda camino para recorrer".

En cuanto a la actuación de Carabineros, la organización establece la persistencia de una relativización del alcance y gravedad de las actuaciones de Carabineros de Chile en los eventos de octubre de 2019 por parte de altos mandos y falta de reconocimiento de factores endógenos que llevaron a violaciones de derechos humanos.

En este marco, afirma que "Las medidas tomadas y propuestas para aumentar la sujeción de Carabineros de Chile al control civil privilegian a mecanismos internos de supervisión, sin adecuada y suficiente consideración de mecanismos externos".

Agrega en este contexto que el Proyecto de Ley que plantea la exención ex ante de responsabilidad penal de funcionarios que hacen uso de su arma en determinadas situaciones es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos.

Además, sostiene que la propuesta para asignar a las FFAA el resguardo de infraestructura crítica podría contribuir a la militarización permanente de la seguridad pública.

En cuanto a las víctimas de violaciones a los DDHH, el informe sostiene que "Los derechos de las víctimas no han sido plenamente garantizados. A pesar de esfuerzos de algunas instituciones estatales, gran parte de las víctimas se sienten desamparadas" y que "las investigaciones avanzan lentamente debido a distintos factores".

La mayoría de los procesos administrativos de Carabineros finalizaron sin propuesta de cargos y, en general, no establecieron sanciones por la comisión de violaciones de derechos humanos y respecto a las FFAA "aún no han realizado procesos administrativos por violaciones a derechos humanos".

La organización recomienda por tanto que "Se necesita una política pública de reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas de octubre de 2019"

En otro apartado, la ACNUDH que persisten las agresiones en contra de personas observadoras de derechos humanos; Agresiones en contra de brigadistas de salud y que "se han documentado casos de detenciones arbitrarias y agresiones en contra de periodistas"

A pesar de los avances para prevenir la tortura y malos tratos, persisten prácticas indebidas. Manifiesta también que la "Ley Antibarricadas" resulta problemática desde la perspectiva de estándares internacionales.

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