La situación de las y los presos políticos del Estallido Social y sus familias en huelga de hambre parece no importarle al Senado, que el pasado fin de semana comunicó que la votación del proyecto del ley de Indulto General se aplazaría nuevamente.

Por Juan Contreras Jara

La votación, que en primera instancia estaba agendada para este martes, sufrió un nuevo cambio y finalmente el proyecto de ley de Indulto General no se votará mañana en el pleno del Senado, noticia que cae como un balde de agua fría a las familia de las y los presos políticos del Estallido, que hoy cumplen seis días en huelga de hambre presionando su aprobación.

A casi una semana de iniciada la extrema medida de presión, Jaime Fuentes, parte de las redes de apoyo de las y los presos políticos, informó que, «tenemos madres con un estado de salud delicado. Estamos siendo monitoreados por  los médicos de Salud en Resistencia, pero estamos pasando por un mal periodo y no sabemos cuanto más se puede aguantar en esta situación sin que termine en algo grave. Están con la presión alta, con el ritmo cardiaco acelerado, etc.»

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Recordemos que el pasado miércoles, tres familiares de presas y presos políticos del Estallido iniciaron una desesperada huelga de hambre, con la finalidad de presionar al Senado a que de una vez por todas apruebe el proyecto Indulto General, que ya ha sido validado en dos oportunidades por su Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Sobre este nuevo aplazamiento en la votación, las familias declararon que, «nos enteramos que el 2 de noviembre recién los comités se reunirán para poder zanjar cuándo será la votación, es decir, la votación ya no será esta semana, si no la siguiente. Nuevamente se rompen los acuerdos, a los mismos que la presidenta del Senado hizo mención en la prensa.»

«Es preocupante como una y otra vez utilizan mecanismos de dilatación para la votación del proyecto», añadió Fuentes, recalcando en que, «existen vulneraciones a los DDHH de parte de los poderes del Estado. Se ha demostrado en diversas instancias, que la Fiscalía junto a Carabineros ha establecido encierros o prisiones preventivas, bajo pruebas falsas y hasta la fecha no existen ni un sumario administrativo para los funcionarios que derechamente mintieron en sus declaraciones».

Algunas de las repercusiones de la larga prisión política

Durante octubre se vivieron diversas conmemoraciones del Estallido Social, recordando no sólo a las personas asesinadas por agentes del Estado, si no que también, haciendo hincapié en la necesidad indultar a y las y los presos políticos de la revuelta.

Luego de pasar, en algunos casos, cerca de dos años en prisión preventiva, las personas presas por manifestarse han padecido diversas problemáticas de salud, una de ellas, psíquicas, «diagnosticada por siquiatras», acotó Fuentes. «Han intentado atentar contra su vida y lo que tenemos es que uno de ellos logre su cometido y ahí recién vamos a tomar cartas en el asunto. La política chilena tiende a responder a una crisis después de que esta ocurra, por eso como familiares buscamos que esto se resuelva antes de esto».

Actualmente son siete, mayoritariamente madres, las y los familiares que se mantienen en huelga de hambre, presionando la aprobación del Indulto General y anunciaron que seguirán sumándose más personas a la extrema medida de presión.

Mañana viajarán a Valparaíso a exigirle a los comités del Senado que deje de aplazar la discusión en el pleno y ponga fecha y hora para la votación del proyecto.

La necesidad de concretar el Indulto General

El Indulto General está siendo discutido desde diciembre de 2020 y ha pasado por la Comisión de Derechos Humanos, de Seguridad Pública y la de Constitución del Senado. Sin embargo, pese a su aprobación en las tres comisiones, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), ordenó que este volviera a la de Constitución porque «tal como está, probablemente no lograba ser aprobado».

La iniciativa busca, concretamente, promover un indulto a quienes cuenten con «calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan incurrido o se encuentren imputados en el contexto de la protesta social en Chile». El proyecto además delimita el rango temporal de consideración para el indulto, entre el 7 de octubre de 2019 el 9 de diciembre de 2020, día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma.

Con la aprobación esta iniciativa se busca poner fin a la persecución política realizada por el Estado chileno y sus tribunales de justicia, contra las personas que protestaron durante el Estallido Social.