[resumen.cl] Pese a contar con la aprobación de tres comisiones que lo trabajaron, el Senado hizo retroceder el proyecto de Indulto General que facilitaría la libertad de las y los presos políticos del Estallido Social. La presidenta del Senado y militante DC, Ximena Rincón, indicó que en su estado actual «probablemente no lograba ser aprobado».
Sin considerar las exigencias de familiares y redes de apoyo, el Senado decidió hacer retroceder el proyecto de Indulto General que permitiría la libertad de las y los presos políticos del Estallido Social.
Fue el día martes de esta semana cuando los comités se reunieron a organizar la tabla de temas para la próxima semana. Ante esto, la presidenta del Senado y militante de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, indicó que el proyecto «nunca ha estado en tabla para Sala porque entró en el lugar 72 de la tabla, y como tiene reparos por parte de los colegas y tal como está probablemente no lograba ser aprobado».
En la misma línea, Rincón señaló que «varias senadoras y senadores que han presentado ideas de indicaciones para mejorar el proyecto y ese debate darlo en particular en alguna de las comisiones para avanzar en la tramitación y luego traer una propuesta a la Sala».
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La necesidad de concretar el Indulto General
El proyecto de indulto general está siendo discutido desde diciembre de 2020 y ha pasado por la Comisión de Derechos Humanos, de Seguridad Pública y la de Constitución del Senado, esperando sea discutida y votada por la sala de la cámara alta.
La iniciativa busca, concretamente, promover un indulto a quienes cuenten con «calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan incurrido o se encuentren imputados en el contexto de la protesta social en Chile». El proyecto además delimita el rango temporal de consideración para el indulto, entre el 7 de octubre de 2019 el 9 de diciembre de 2020, día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma.
Con la aprobación de dicho proyecto se busca poner fin a la persecución política realizada por el Estado chileno y sus tribunales de justicia, contra las personas que protestaron durante el Estallido Social.