Un informe recientemente publicado recopila los impactos de la poderosa multinacional Smurfit Kappa, productora de celulosa y papel en base a monocultivos forestales en el departamento del Cauca en Colombia. El documento revela impactos sociales, ecológicos y violaciones de derechos humanos por las plantaciones forestales en el país.

Por Alberto San Martín

La multinacional líder en Europa de empaques corrugados y una de las empresas de empaques de papel más importantes en el mundo, opera hacia varias décadas en la región habitada por el pueblo Misak. Comunidades que «reivindican la ocupación de tierras controladas por esta multinacional como forma de recuperar su territorio y modos de vida tradicionales».

Un reportaje publicado por el medio europeo El Salto destaca la resistencia el pueblo misak frente a la mayor papelera del mundo.

El documento fue elaborado por las ONGs Observatorio de multinacionales en América Latina (OMAL), SumOfUs y LASC

Allí se describe el accionar de la empresa multinacional la que «se maneja con una combinación de estrategias basadas tanto en la opacidad (filiales, contratistas y arrendatarios de los terrenos conforman una estructura societaria caracterizada por la complejidad) como en la multidimensionalidad (apoyo de las instituciones gubernamentales para el desarrollo de los negocios empresariales; fortalecimiento del discurso de progreso, empleo y bienestar asociado a la inversión extranjera; estrategia legitimadora fundamentada sobre las políticas de RSC y las diferentes certificaciones, junto con una estrategia de coerción y criminalización), adaptando sus estrategias corporativas en función de la coyuntura con el objetivo de maximizar las ganancias».

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El informe describe «impactos socioecológicos y violaciones de derechos humanos impactos ambientales negativos sobre el suelo, el agua y la biodiversidad. Los monocultivos forestales de uso comercial trastocan el funcionamiento de los ecosistemas y albergan una mínima parte de la biodiversidad de los hábitats originarios de zonas tropicales»

Mientras que a nivel social «a nivel económico, con la destrucción del tejido económico local y la dificultad de acceso a los bienes comunes; en el ámbito político, con la criminalización y represión de activistas sociales y defensoras de derechos humanos; y en la dimensión sociocultural, con la afectación a los modos de vida y los derechos de los pueblos indígenas»

Además, describe como la empresa emplea la violencia contra las comunidades que no aceptan sus planes de denominada «Responsabilidad Social Empresarial» utilizando la coerción «se ha producido la intensificación de una lógica represiva que criminaliza a los líderes y lideresas que se oponen a las actividades de la empresa y que incluso ha llegado a materializarse mediante el uso de la violencia».

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En años recientes el Estado colombiano ha judicializado a comuneros del pueblo Misak, con particular saña tras las protestas sociales de 2021 y 2022. «El objetivo ha sido frenar su acción social a través de acusaciones como daño a bienes públicos, invasión de territorios o terrorismo. Las comunidades rechazan este señalamiento de ser los causantes de conflictos; por el contrario, se identifican como actores que cuidan los territorios, los procesos sociales, las autonomías organizativas y la no posibilidad de extracción de los recursos naturales".

Pese a la brutal represión, asesinatos de dirigentes y criminalización de la protesta «las comunidades y pueblos en resistencia tienen la convicción de que la recuperación de la tierra es un paso esencial para acabar con los privilegios de unos pocos y apostar por la soberanía alimentaria, la educación y las economías de los sectores populares» concluye.

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