En una nueva acción para frenar la construcción de la Central Rucalhue, habitantes de Alto Biobío ingresaron un recurso ante CONAF solicitando invalidar la resolución que otorgó interés nacional al proyecto hidroeléctrico impulsado por capitales chinos, denunciando graves irregularidades y afectaciones a derechos indígenas y ambientales.

Por J. Arroyo Olea

El pasado miércoles, una Delegación de Alto Biobío viajó a la Región Metropolitana para desarrollar una serie de actividades con la finalidad de visibilizar el rechazo a la construcción de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, impulsada por capitales chinos.

En este contexto, se ingresó ante la Corporación Nacional Forestal (CONAF) un recurso que busca invalidar la resolución del organismo que otorgó al proyecto la categoría de interés nacional, lo cual permite su construcción, establece a la iniciativa como un punto relevante y de interés para el país, y favorece la tala de especies nativas en categoría de conservación.

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En el documento ingresado se solicita que, además de invalidar la resolución dada por CONAF, «se dicte una nueva resolución que, considerando los pronunciamientos arribados, rechace la solicitud de interés nacional por no concurrir los supuestos legales». En esta línea, el texto establece que «los vicios de que adolece la Resolución recurrida no son subsanables por actos posteriores, ya que son de tal envergadura y esencialidad que envenenaron todo el proceso de declaratoria de interés nacional y de excepcionalidad«.

Cuestionamientos al interés nacional de Central Rucalhue

Evaluna Morales, integrante de la organización Malen Leubü, señaló en el lugar que esta interposición forma parte de una serie de acciones legales que se han realizado ante el visto bueno de las instituciones del proyecto hidroeléctrico. En concreto, Evaluna planteó que buscan «denunciar que, gracias al interés nacional que se le dio a Central Rucalhue, ya se talaron muchas especies nativas, vulnerables, que son árboles medicinales para nuestra cultura, que son únicos e irreproducibles».

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En esta línea, tras realizar la tala, Morales explica que «acabaron con un ngen, con una fuerza espiritual y medicinal que se encontraba en ese sector y, también vulneraron muchos de nuestros derechos». De igual forma, las faenas del proyecto frenan el ingreso de un pueblo que históricamente se ha relacionado con el río Biobío, en un sector que «albergaba gran cantidad de lawen, es decir plantas medicinales, que no se encuentran en el Alto Biobío, sino en ese lugar, y ya se vieron arrasados», explica Evaluna.

De igual forma, plantea que pese a que desde las comunidades y organizaciones han sido sumamente transparentes en el proceso, existe un amedrentamiento del Estado chileno, el cual «está respaldando todas las empresas e inversiones internacionales que vienen a seguir profundizando el saqueo en nuestro territorio. Ya hemos tenido cuatro represas que atraviesan nuestro territorio y nos han despojado de todo lo que es nuestra cultura, contaminar nuestra agua, y estamos dándonos cuenta que, en realidad, desde hace bastante tiempo el Estado está trabajando para con las empresas».

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Por su parte, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflicto Ambientales – OLCA, remarcó el hecho de que este proyecto se enmarca en el contexto de políticas de transición energética fomentadas por el gobierno: «es parte del retroceso programático que ha hecho el gobierno, de haber comprometido un cambio en la matriz productiva del país», señaló Cuenca.

En esta línea, explicó que «la Central Rucalhue está en este marco de nueva estrategia económica que ha adoptado el gobierno actual, y por lo tanto el haberle entregado esta categoría de interés nacional responde a una decisión política que pasa por encima, incluso, de la institucionalidad ambiental y la institucionalidad de respeto de los derechos de los pueblos indígenas como lo es el caso del pueblo mapuche-pewenche».

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Por otro lado, Cuenca enfatizó en el hecho de que «se están cometiendo ilegalidades y faltando a compromisos políticos que el gobierno ha hecho, incorporando este proyecto en esta nueva estrategia y, en particular en la Región del Biobío, en una denominada estrategia de industrialización que, en realidad, es para poner acento en los proyectos extractivistas de la región».

En tanto Francisco Astorga, abogado de ONG Defensa Ambiental, señaló que el Gobierno «ha estado avalando, a través de los permisos sectoriales, esta central hidroeléctrica de manera ilegal. La concesión eléctrica que este proyecto poseía estaba por caducar, y el Ministerio de Energía de manera irregular les extendió esa concesión», desarrollando irregularidades que se han reproducido en otros aspectos.

Respecto al interés nacional, Astorga enfatizó en que el proyecto «requería una declaración de interés nacional, que fue tramitada en tres ocasiones, y en definitiva fue por movimientos políticos del Gobierno de turno que le entregaron esta declaratoria». De igual forma, el abogado explicó que «con esa declaratoria se autorizó la tala de 600 especies protegidas, las cuales son esenciales para la espiritualidad y cosmovisión del pueblo mapuche, por ende cualquier medida administrativa que sea susceptible de afectar directamente a pueblos indígenas -como lo mandata el Convenio 169 de la OIT-  tienen que serle consultada a través de un proceso de consulta indígena».

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