[resumen.cl] En Chile se registran 101 cuencas hidrográficas, dependiendo de ellas sus ecosistemas y también las actividades productivas que en tales espacios se realizan, de hecho según el informe de la COP25, el 65% del PIB chileno depende del agua. El estado de ellas es determinante para la vida de las poblaciones humanas y en el país ya se han emitido 21 decretos de agotamiento de ríos vigentes desde Atacama hasta Los Lagos, afectando al 53,2% del total de comunas. Estos son algunos antecedentes expuestos por quienes impulsan la Iniciativa «Gestión Integrada de Cuencas: Agua y Naturaleza para el Buen Vivir», con el propósito de corregir las prácticas y políticas que tienen consecuencias cada vez más gravosas en la habitabilidad del territorio nacional.

«Gestión Integrada de Cuencas: Agua y Naturaleza para el Buen Vivir» es una iniciativa popular de norma presentada a la Convención Constitucional por diversas organizaciones de carácter local y nacional que alertan respecto al estado estas unidades y la necesidad de reconducir el modo en que hasta ahora son manejadas. Explican que la Gestión Integrada de Cuencas es una herramienta de gestión ambiental territorial que considera y conjuga variables sociales, ecológicas y económicas de cada una de ellas, además de ser democrática y vinculante, porque requiere de la participación de los diferentes actores sociales intervinientes en el territorio para poder decidir qué se hará ahí.

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Añaden que:

«La unidad mínima de consideración geográfica más coherente para agrupar procesos hidrográficos, sociales, biogeoquímicos y ecológicos es la cuenca hidrográfica. Dentro de este espacio geográfico es donde se articulan los ecosistemas y fluye la energía y materia desde zonas altas a zonas más bajas. Todas las acciones de manejo y gestión humana, productiva e industrial, tienen impactos interconectados sobre los ecosistemas y unidades fisiográficas consecutivas a lo largo de la cuenca hidrográfica.

Debido al argumento anterior, es que el enfoque de gestión integrada de las actividades de la sociedad basado en cuencas, deben tener un tratamiento especial en la Nueva Constitución. El desarrollo responsable y sustentable de aquellas actividades dentro de la cuenca, considerando los impactos y efectos que tienen estas sobre los demás habitantes y actividades de la cuenca, es basal para mejorar el bienestar general de los sistemas humanos y no humanos, evitando conflictos socioambientales e incorporando criterios de sustentabilidad ambiental en todas las esferas del desarrollo de la sociedad, y de participación descentralizada en la toma de decisiones en el territorio.

En este contexto, es relevante definir prioridades de uso y gestión de los ecosistemas desde un punto de vista de equidad social y ambiental, interponiendo como prioridad el uso y bienestar humano, así como la conservación del uso tradicional y ancestral, por ejemplo la agricultura de subsistencia, como también la conservación y restauración del corredor fluvial y el régimen hidrológico natural de las cuencas.»

Fotografía de Archivo: Río Andalién. Concepción

De este modo, la Gestión Integrada de Cuencas propuesta por las organizaciones impulsoras de esta Iniciativa, está caracterizada por la participación vinculante y democrática, la descentralización, basadas en el conjunto de conocimientos y saberes disponibles, además de la prevalencia del principio precautorio, ante el desconocimiento de las repercusiones de acciones sobre los ecosistemas.

Propuesta de articulado

El Estado asegurará la gestión integrada de las cuencas hidrográficas. Éstas serán consideradas unidades funcionales para el ordenamiento y administración del territorio, garantizando la conservación y restauración de los ecosistemas que las conforman, así como la sustentabilidad de las actividades humanas con miras a un buen vivir.

La ley establecerá la forma en que se materializará esta gestión, la que siempre deberá realizarse de manera participativa, descentralizada y basándose en el conjunto de conocimientos y saberes disponibles. Para ello se establecerá un órgano del Estado encargado de recopilar información de variables socio-ecológicas y monitorearlas a largo plazo. A falta de información, deberá prevalecer el principio precautorio.

[La Iniciativa Popular de Norma «Gestión Integrada de Cuencas: Agua y Naturaleza para el Buen Vivir», la puedes conocer y apoyar aquí]

La posibilidad de poner en la discusión constitucional estas Iniciativas representa un evento democrático inédito en el país en los marcos de la constitución vigente, pues su ordenamiento jurídico no contempla la posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar este tipo de propuestas. El plazo para recibir adhesiones finaliza el 1 de febrero y para que pueda ser considerada en las discusiones de la Convención se estableció el mínimo de 15 mil.