[resumen.cl.cl] El Movimiento Nacional de Defensa de la Salud Mental informa que el primer diagnóstico de la situación de personas con discapacidad mental en Chile, publicado en 2014, registró unas 350.000 personas afectadas y, junto con ello, vulneraciones a sus derechos expresado en internaciones forzadas, mortalidad asociada a tratamientos, estadía en camas psiquiátricas, esterilizaciones forzadas y violencia sexual, todo lo cual ha sido acreditado por organismos internacionales.

Este es el contexto en que esta organización ha presentado a la Convención Constitucional la iniciativa popular de norma de reconocimiento de las personas neurodivergentes como sujetas de derecho, incluyendo a quienes tienen algún diagnóstico referido a salud mental y/o están en situación de discapacidad psicosocial y del neurodesarrollo. Afirman que «esta normativa constitucional permitiría armonizar y definir el marco legislativo y de gestión institucional, en pos de la protección de las personas, disponiendo de una serie de medidas y mecanismos que garanticen la inclusión y no discriminación en todas sus dimensiones: educación, salud, vivienda, trabajo y participación efectiva».

Agregan que este reconocimiento constitucional de las personas neurodivergentes como sujetas de derecho «permitirá avanzar en la disminución del estigma y la discriminación, generará espacios para la participación vinculante en la construcción de políticas públicas, en los espacios de acción educativa, laboral, sanitaria o formativa y en el desarrollo de redes de apoyo mutuo, tomando en cuenta que ellas son las expertas en relación a sus necesidades, demandas e inquietudes».

«Como expertos por experiencia y aliados reunidos en organizaciones de amplia representación e incidencia en la gestión pública de la discapacidad y la salud mental, sostenemos que la propuesta planteada se centra en la base estructural de la problemática, que es la falta de reconocimiento de las personas con discapacidad y sus derechos humanos. Lo anterior implica un acto de justicia que representa la histórica e invisible lucha de un sector de la discapacidad completamente silenciado, al que se le deben restituir sus derechos denegados», sentencia el Movimiento Nacional de Defensa de la Salud Mental.

Propuesta de articulado

Artículo: El Estado promueve, protege y asegura el goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como el respeto de la dignidad de las personas neurodivergentes, reconociendo los principios del derecho humano internacional como parte integrante de esta Constitución.

1. Las personas neurodivergentes son sujetos de derecho, incluyendo a los niños, niñas y niñes. El Estado reconoce y garantiza su autodeterminación y autonomía, en el libre ejercicio de su capacidad jurídica, bajo los principios de equidad, inclusión, no discriminación y no estigma.

2. Cumplimiento del principio de accesibilidad universal en todos los ámbitos de la esfera pública, a través de un modelo que releva las determinantes sociales, de género, culturales, ambientales, económicas, educacionales y políticas, eliminando las brechas y garantizando los mecanismos de ajustes razonables para su disfrute.

3. Derecho a una sexualidad plena y a los derechos reproductivos. El Estado garantizará este derecho, eliminando todo procedimiento forzado, forzoso o involuntario.

4. Derecho al acceso efectivo de mecanismos de protección ante la vulneración de sus derechos. Se garantizarán mecanismos de protección y persecutores efectivos contra quienes atenten los derechos de las personas, especialmente en lo relativo a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en centros donde hay personas bajo custodia y cuidado del Estado.

5. Derecho a una atención comunitaria centrada en el Buen Vivir. Se garantizará el desarrollo de un modelo transversal de apoyo que tiene como principio basal el Buen Vivir, proveyendo espacios participativos, comunitarios y territoriales, en los que se respetan los saberes y las experiencias propias de las personas y de los colectivos, teniéndolos al centro para la construcción de armonía y bienestar relacional.

[La Iniciativa Popular de Norma «Reconocimiento constitucional de las personas neurodivergentes como sujetos de derecho», la puedes conocer y apoyar aquí]

La posibilidad de poner en la discusión constitucional estas Iniciativas representa un evento democrático inédito en el país en los marcos de la constitución vigente, pues su ordenamiento jurídico no contempla la posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar este tipo de propuestas. El plazo para recibir adhesiones finaliza el 1 de febrero y para que pueda ser considerada en las discusiones de la Convención se estableció el mínimo de 15 mil.

Imagen extraída de jralonso.es

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