La minera Vizcachitas Holding insiste con implementar su proyecto extractivista en Putaendo, provincia de San Felipe de Aconcagua, pese a la negativa de la comunidad y del municipio, repartición que tiene a su alcalde querellado por intentar fiscalizar las obras de la empresa.
Por Juan Contreras Jara
En una insólita situación se encuentra la comunidad de Putaendo y en especifico el alcalde Mauricio Quiroz y el director de Obras del municipio, contra quienes se querelló la empresa minera Vizcachitas Holding por supuesta prevaricación, luego de intentar fiscalizar sus obras.
La acción judicial se produce en medio de la negativa de la comunidad putaendina a la instalación del proyecto minero en la cordillera y de un recurso interpuesto en el Servicio de Evaluación Ambiental que busca invalidar su Resolución de Calificación Ambiental.
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Desde Vizcachitas Holding presentaron la querella contra el alcalde Mauricio Quiroz durante la semana pasada y este martes, la autoridad municipal deberá declarar en la PDI sobre la acusación y supuesto exceso de sus facultades al momento de querer fiscalizar las obras de la empresa.
Sobre la querella presentada en su contra, el alcalde Mauricio Quiroz comentó a RESUMEN que, «nos asiste el derecho. La ley General de Urbanismo y Construcción ampara a los directores de obra para que fiscalicen y en el caso mío, tengo la obligación, de acuerdo a la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, de defender al pueblo de Putaendo ante posibles amenazas en contra del medio ambiente».
Fue en ese contexto que en agosto pasado, el director de Obras del municipio de Putaendo intentó realizar una fiscalización a las obras de la minera Vizcachitas Holding, propiedad de la empresa canadiense Andes Copper, pero le prohibieron el paso.
Fue el juez de policía local de Putaendo que tuvo que comunicarse con la empresa para que permitieran el paso al direrctor de Obras del municipio, porque el funcionario tiene todas las facultades para realizar dicha revisión, todo esto durante una segunda visita.
Lo claro es que ni la comunidad en Putaendo ni su municipio quieren que se instale el proyecto minero en su territorio, es por eso que Quiroz recalcó que «tenemos la obligación de defender a este pueblo que no quiere la minería y ha expresado en las calles que se opone a la destrucción de la cordillera, que contiene una importante biodiversidad de flora y fauna».
Desde la municipalidad enfatizaron en que, «nos oponemos a la destrucción de la cordillera putaendina por parte de la empresas extractivista, en este caso de origen canadiense y lo haremos con éste y con otros proyectos que puedan lesionar el legítimo derecho de la comunidad por vivir en un medio ambiente libre de contaminación».