Los hechos de los últimos 32 años, hacen ver a Chile como un lugar donde todo puede ser legal, en tanto se tenga el dinero o un grado de poder para flexibilizar la ley, o se pertenezca al andamiaje de las instituciones corruptas que se ubican en los cimientos de la nación. Así se tienen casos como el de Martin Larraín, el reciente Nicolás López, el largo prontuario de políticos y empresarios con clases de ética, o la impunidad en los históricos y nuevos casos de violaciones a los derechos humanos,  dan cuenta de que en Chile la cárcel es para los pobres.       

Por Christian Aedo Jorquera*

Jordano Santander, fue condenado, por el delito de homicidio frustrado en contra de un funcionario de la Policía de Investigaciones, a 7 años y 4 meses de prisión efectiva, en lo que se conoce como el "Caso PDI" de San Antonio. En un proceso lleno de contradicciones y fundado en el testimonio de funcionarios que participaron del enrarecido procedimiento en el que Santander fue detenido, y que hoy además son acusados de torturas y montaje, con pruebas concretas.  

En la madrugada del 2 de marzo de 2020, Jordano Santander fue detenido tras participar de una manifestación conocida como "Piñera, se te viene marzo". Dos días después de haber sido detenidos, él y sus amigos entraron en audiencia de formalización en la Fiscalía de San Antonio, donde se les juzgó por haber atentado contra el cuartel de la PDI y la fiscalía, bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado. Los cuatro fueron calificados como "terroristas" quedando en prisión preventiva hasta el final de la investigación. La que como en todos los casos de prisión política, producto de la revuelta popular de octubre, se extendió mediante trabas burocráticas, que para el caso de Jordano llegó hasta más de un año antes de su condena, y que en causas de otros manifestantes ya se van a cumplir los 3 años.   

El 13 de abril de 2021 se llevó a efecto ante la sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio la audiencia del caso en contra de Jordano Santander y sus tres acompañantes, por el delito de atentar la seguridad interior del estado, daños calificados, receptación y homicidio frustrado a funcionario policial en servicio.

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En su acusación particular, la "víctima" y funcionario de la PDI Hugo Gutiérrez, sostuvo que "el día martes 03 de marzo de 2020 alrededor de las 08:15, los imputados que transitaban a bordo del vehículo marca Toyota modelo Yaris (...) fueron controlados por personal de PDI, con señales audibles y visibles, baliza y sirena, entre ellos, el detective HUGO GUTIÉRREZ HERRERA, quien se ubicó frente al vehículo de los imputados, solicitando a viva voz que se detuvieran, momento en el cual el conductor JORDANO JESÚS SANTANDER RIQUELME, procedió a embestirlo con ánimo homicida, con conocimiento de su calidad de funcionario policial puesto que el detective vestía ropas corporativas, logrando esquivarlo el Detective GUTIÉRREZ, impactando entonces al vehículo policial y luego darse a la fuga, siendo finalmente detenidos".

Fotografía: Christian Aedo

Esta acusación solo es sostenida por el testimonio de 3 funcionarios de la PDI que participaron del operativo, y que presentan inconsistencias en sus declaraciones sobre los hechos, al punto de que el supuesto choque o embestida no puede ser demostrado por la fiscalía, basando finalmente la condena de Jordano solamente en la declaración de una supuesta mirada con "Animo Homicida" como dice Gutiérrez, por parte de Santander. Esto sin tomar en cuenta que Santander y sus acompañantes declaran que durante el procedimiento los oficiales no portaban identificaciones, ni habían señales audibles o visibles de que este fuera un procedimiento policial. "Nosotros pensamos que nos quería robar el auto" declara Santander. 

Esto nos recuerda que en gran parte de los casos de prisión política en Chile, están sostenidos por el testimonio de funcionarios, como los conocidos intramarcha, que mediante montajes, buscan crear evidencia ficticia para criminalizar a los manifestantes, evidencia que como en el caso de Jordano es aceptada sin cuestionamientos por el poder judicial, y abalada por el poder político. 

Pero esta mirada homicida no está puesta solo sobre manifestantes. En el caso de Valeria Vivanco, funcionaria de la PDI que resultó muerta en un operativo realizado por la institución, donde los testimonios de sus compañeros buscaban inculpar los individuos aprendidos en dicho procedimiento, finalmente dio como resultado al detective Leonel Contreras como el principal sospechoso de los disparos que dieron muerte a la funcionaria.

Más allá del ensañamiento de la justicia con los presos políticos de la revuelta popular, casos como el de Camilo Catrillanca o Valeria Vivanco, se suman a un largo rastro de  impunidad que dejan las fuerzas armadas en su accionar, que desde la prensa de mercado, y el poder político e institucional, se quiere presentar como una seguidilla de "casos aislados". 

Éste animo homicida que viene desde las policías y el poder judicial, es la resultante del respaldo político y económico, que reciben estas instituciones desde la dictadura hasta estos últimos 32 años de su continuidad democrática. Un respaldo que se materializa en el apoyo irrestricto que reciben desde el gobierno personajes como Ricardo Yáñez o Luigi Lopresti,  y que se oculta bajo las promesas de respeto al "estado derecho" y los derechos humanos que han realizado todos los gobiernos hasta la fecha. Aquella antigua y nueva forma de hacer política.        

Frente a esto cabe preguntarse, sobre quien está puesta la marida con ánimo homicida del Estado. 

"Él es un hombre trabajador, el Toto (Santander) es súper trabajador. El Jordano es de los que cuando yo quedé embarazada, tomó cargo de la familia. Empezó a trabajar primero en el puerto, sacando unos sacos súper pesados, de como más de 8 o 9 kilos. Después se fue a trabajar a los buses, como auxiliar en los viajes de San Antonio a Santiago. En ese tiempo llegaba a las 11 o 12 de la noche, se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, trabajaba todo el día. Solo tenía libres para fechas muy puntuales, para los cumpleaños del Tomás y para la navidad. Así que se la trabajaba todo el año, para juntar plata, porque nosotros arrendábamos, yo estaba embarazada del Tomito, entonces el Jordano se hizo cargo de la familia, sustento todo el tiempo a la familia." 

Nos dice Tania Parada, compañera de Jordano, que en la actualidad está dando la lucha contra una institucionalidad corrupta, por liberar a su compañero, y que a través de rifas y "lucazos", ha logrado costear sus gastos básicos, los de su hijo y mantener su sueño de construir una casa propia en la toma Villa Las Loicas.  

Tania Parada, compañera de Jordano Santander, en entrevista para El Irreverente. Fotografía, Andrea Fuentealba, Grupo de Apoyo a Presos Políticos (GAPP)

   "El Jordano antes vivía en un mundo que no conoce lo que es política, no teníamos ni idea de lo era la política. Entonces tampoco sabía que Chile estaba mal,  que es un sistema mal estructurado. Como que no entendíamos mucho de esas cosas. Pero por ejemplo conmigo embarazada, el Jordano cachó lo que era hacer fila en los hospitales. Que ya no nos alcanzaba." 

"Entonces para la revuelta, ya ese bichito que se le venía acumulando con en toma, salió. Al poco tiempo de habernos metido en la toma, el Jordano me explicaba que ésta es una toma, pero que éste es un sitio que nos pertenece. Yo le decía que esto le pertenecía a privados, pero él me explicaba que a nosotros nos están robando estos terrenos, que nosotros debemos recuperar lo que nos han robado. Como lo que sucede con los mapuches. Entonces nosotros estamos recuperando lo que nos han quitado, esto antiguamente no era de nadie, era de todos, y nos lo arrebataron para dejar los terrenos abandonados. Así empezó como a cambiar su postura, al ver más la realidad y afrontarla. Por ejemplo el Jordano cuando recibía los balones de gas en la pega, con algún conchito, los regalaba a la gente de aquí."

Jordano Santander no tiene acceso a beneficios carcelarios, debido a que está condenado como terrorista. Un hombre de trabajo que solo buscaba el bienestar de su familia y su comunidad, que alzó la voz frente a la injusticia.      

Tania Parada, compañera de Jordano Santander, en entrevista para El Irreverente. Fotografía, Andrea Fuentealba, Grupo de Apoyo a Presos Políticos (GAPP)

Los hechos en el caso de Jordano Santander dan cuenta de la persecución realizada por las policías a los manifestantes durante el gobierno de Piñera, una criminalización de la revuelta popular que en los días que lleva el gobierno de Boric, no ha terminado como se prometió con las frases de campaña que ofertaban verdad, justicia, reparación y no repetición. Y es que se mantienen procesos y condenas fundadas en montajes creados desde las instituciones, que protegen la corrupción policiaca que utiliza el empresariado para mantener sus privilegios. Mientras, siguen en libertad violadores de derechos humanos y asesinos. Aquí convendría preguntarse dónde está realmente ese ojo que mira con Animo Homicida al pueblo que lucha y trabaja, ese que terminara transformando a todo el territorio nacional en una gran zona de sacrificio, ese mismo que gobierna hace ya 32 años sacrificando a su pueblo.

*Primera entrega sobre el desarrollo del caso de prisión política de  Jordano Santander | Artículo originalmente publicado en El Irreverente

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Fotografía principal: Christian Aedo