El joven poblador de San Pedro de la Paz, debió pasar un año bajo las medidas cautelares de prisión preventiva en El Manzano y arresto domiciliario total, para que, luego de que Fiscalía no perseverara en su contra por falta de pruebas, se invirtieran los papeles y los cuatro carabineros que lo detuvieron fueran los formalizados por torturas. En la actualidad Ignacio Matus continúa el proceso legal contra los funcionarios y de forma paralela presentó la demanda contra el Fisco.

Ignacio Mtus y su representante interpusieron una demanda civil contra el Fisco para perseguir las responsabilidades al interior del Ministerio Público y Carabineros y su actuar durante el proceso que se inició en primera instancia contra el joven sanpedrino, desde el 21 de octubre de 2019 hasta diciembre de 2021.

|Según explicó la abogada demandante, Romina Toro, «esta es una acción civil que persigue una indemnización de perjuicios por la responsabilidad extra contractual que tiene el Fisco respecto del actuar de ciertas instituciones, en este caso, de Carabineros y el ministerio Público».

Te puede interesar:  «Estuve preso por nada, fue terrible»: Formalizarán a carabineros acusados de torturar e implantar pruebas falsas a Ignacio Matus durante Estallido Social

La acción judicial se interpuso en el 3er Juzgado Civil de Concepción el pasado 20 de octubre, según detalló Toro, agregando que es «una acción totalmente distinta a la que persigue la acción penal que está conociendo el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz a través de una querella por el delito de torturas. Se persiguen responsabilidades totalmente distintas.

Cabe recordar que en marzo de 2022 fueron formalizados los funcionarios policiales acusados de implantar pruebas falsas y torturar a Ignacio Matus durante el Estallido Social en el sector de San Pedro de la Costa, en la comuna sanpedrina. Meses antes, en diciembre de 2021, Fiscalía determinó no perseverar en la causa que mantenía contra Matus debido a la falta de pruebas, situación que motivó la querella contra los cuatro funcionarios que lo detuvieron el 21 de octubre de 2019, mientras participaba de un cacerolazo.

Sobre la actual demanda civil, Romina Toro agregó que, «estábamos en el plazo de las acciones civiles y extracontractuales porque prescribe en un plazo de 4 años, no podíamos esperar más. Si bien, esperábamos que a estas alturas, después de 4 años pudiéramos tener una condena por los delitos de torturas respecto de los funcionarios de Carabineros, pero eso no ocurrió y no nos quedó otra opción de presentar esta demanda civil sin el respaldo de condena-. Era algo importante con lo que queríamos contar».