Transportes Paihuen SpA fue condenado a pagar $13.443.885 y a tomar medidas de reparación tras vulnerar los derechos fundamentales de un trabajador despedido durante una negociación colectiva.
El Juzgado de Letras de Los Ángeles falló a favor de un trabajador despedido por Transportes Paihuen SpA, pese a estar protegido por fuero sindical. La empresa fue condenada a pagar indemnizaciones y remuneraciones adeudadas, además de adoptar medidas reparatorias.
El Juzgado de Letras de Los Ángeles resolvió en la causa 46-2024 que Transportes Paihuen SpA vulneró los derechos fundamentales de un trabajador al despedirlo en plena negociación colectiva, pese a contar con fuero sindical. En el fallo dictado por el juez Sergio Yáñez Arellano, se estableció que la empresa incurrió en represalias contra el trabajador luego de que este denunciara irregularidades ante la Inspección del Trabajo.
La sentencia determinó que el empleador infringió la garantía constitucional de indemnidad, la cual protege a los trabajadores que ejercen sus derechos frente a represalias laborales. El tribunal ordenó a Transportes Paihuen pagar una indemnización total de $13.443.885, que incluye:
$6.328.122 por vulneración de derechos fundamentales.
$1.054.687 por aviso previo.
$2.109.374 por años de servicio.
$1.687.499 por el recargo legal sobre indemnizaciones.
$1.209.516 por feriado proporcional.
$1.054.687 por remuneraciones hasta el fin del fuero sindical.
Además, el juez dispuso que la empresa publique un aviso en su ingreso que indique: «Todo trabajador puede hacer valer sus derechos laborales ante la Inspección del Trabajo o Tribunales de Justicia, sin que por ello pueda ser objeto de represalias por parte de su empleador».
El fallo destaca que el despido del trabajador, fechado el 28 de febrero de 2024, fue motivado por represalias tras la denuncia administrativa presentada en enero de ese año, en la cual el empleado acusó la falta de entrega de ropa de trabajo y cambios unilaterales en el pago de bonos. Transportes Paihuen no presentó pruebas suficientes para justificar su decisión, lo que reforzó la conclusión del tribunal de que el despido fue arbitrario.
Si bien la empresa argumentó que el trabajador cometió faltas graves como ausencias injustificadas y negativa a cumplir órdenes, estas acusaciones no pudieron ser acreditadas durante el juicio. En consecuencia, el tribunal desestimó las causales alegadas y respaldó las denuncias del demandante.
Este caso marca un precedente importante al reforzar la protección de los derechos sindicales y la garantía de indemnidad frente a acciones represivas de los empleadores.
*Esta noticia trata sobre un proceso judicial en curso, el que puede ser revertido o reafirmado en instancias superiores del poder judicial.