Por Joaquín Pérez
La imagen de quema de libros y revistas, tras los allanamientos de la Torres de San Borja en Santiago de Chile, ocurridas el día 23 de septiembre de 1973, son parte de las fotografías que dieron vuelta al mundo, graficando el horror que se vivía en Chile tras el golpe militar del 11 de septiembre.
Imágenes que hicieron recordar al mundo las hogueras de libros levantadas por los fanáticos nazis en los años del Tercer Reich.
https://twitter.com/rsumen/status/1385570292165185546
Los medios nacionales cubrían los allanamientos, también algunos medios internacionales, que la dictadura chilena consideraba amigos como Radio y Televisión Española (bajo la dictadura del general Franco)
La presencia y allanamientos por parte de militares se mantendría por semanas en las diversas torres, las cuales fueron allanadas sucesivamente. Un hecho que tuvo repercusión internacional fue el ocurrido en la madrugada del 16 de octubre de 1973, cuando efectivos de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Santiago realizaron allanamientos y detenciones en la Torre Nº 12 de la Remodelación San Borja.
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Allí los militares detuvieron a 6 personas; un matrimonio de argentinos Beatriz Elena Díaz Agüero (26 años), embarazada de 6 meses y su pareja Carlos Rodolfo Adler Zulueta (26 años). Un estudiante universitario afectado por una enfermedad invalidante: Jorge Miguel Salas Paradisi (25 años), un importador, militante del Partido Nacional: Víctor Alejandro Garretón Romero (60 años) al cirujano dentista Julio Andrés Saa Pizarro (37 años) y a Ricardo Cristián Montecinos Slaughter (27 años), casado, funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El grupo de 6 detenidos, fue visto por última vez en la Casa de Cultura de Barrancas, ocupada como centro de detención por los militares en esos momentos. Sus cadáveres aparecieron en el túnel Lo Prado, en la carretera que une Santiago y Valparaíso. De la investigación surge que fueron acribillados cerca de Pudahuel, sin que exista ningún indicio del porqué de las detenciones ni mucho menos las ejecuciones.
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Este caso tuvo un fuerte revuelo internacional, pues el Fondo Monetario Internacional consideró el hecho una violación a los derechos humanos por lo que pidió a la ONU investigar los hechos. El organismo internacional recomendó a Chile iniciar una investigación y encontrar a los responsables. Sin embargo, la justicia chilena, cómplice de la dictadura cerró el proceso sin culpables.
Este hecho seria uno más de los cuales llevarían a la dictadura chilena a ser condenada en los distintos organismos internacionales, a pesar de la cobertura que la diplomacia estadounidense le intentaba dar.