La inclusión que no incluye financiamiento
En Chile, al igual que en el mundo, la inclusión ha sido incorporada en las agendas de debate académico, político y pedagógico. Variados e intensos esfuerzos han permitido que el tema, por cierto una necesidad para toda sociedad diversa, logre ocupar un espacio y que ese espacio logre permear a las sociedades. Lo anterior ha provocado que hoy nos resulte insoportable cualquier forma de exclusión, discriminación y/o marginación de cualquier grupo, sólo por sus diferencias. Pero ello sigue existiendo en el mundo y no es posible pensar que no pueda existir un retroceso en estos temas, sobretodo al pensar que hoy por hoy, las agendas políticas han tenido una reversión autoritaria relevante.
Por Ana María Varela Venegas*
Chile, en este escenario, no resulta ajeno a lo descrito y tampoco a la realidad actual del debate, pero al concebirnos como un país de leyes y normativas, a todo evento, se ha optado por regular el comportamiento a partir de modelos ideales (leyes) en las cuales se pide a la ciudadanía formas de actuar y relacionarse que muchas veces requieren de un profundo cambio cultural. En general, a los establecimientos educacionales públicos, se les exige generar espacios seguros, que resguarden los derechos de niños, niñas y jóvenes, que posibiliten su crecimiento como ciudadanos/as y el desarrollo de habilidades de todos sus estudiantes.
Para todo ello la diversidad social y cultural es una condición que obliga a la diversificación de estrategias (pedagógicas y de convivencia) que permitan desarrollar herramientas que les habiliten para compartir y colaborar en el mundo global del siglo XXI, alineados con los objetivos de desarrollo del presente siglo y los objetivos de la legislación que regula el Sistema Educativo nacional. Una gran tarea, la relación siempre compleja entre lo global y lo local, si acaso se la piensa en el marco de un sistema de financiamiento precario, asociado a la asistencia del estudiante y una inversión insuficiente, acumulada hace décadas, que es observada con sospecha por los planificadores, los "expertos" y también por la ciudadanía.
En este marco, durante el año 2024 Contraloría General de la República se pronunció frente al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Educación, acerca de los Programas de Integración Educativa (PIE), en general, por la falta de seguimiento (planificación, monitoreo y evaluación), en la implementación del Decreto 170 que regula los Programas de Integración Educativa en los establecimientos educativos, determinando entre otros, dos grandes y graves puntos; el primero que no se cumple la normativa del máximo de cinco estudiantes con necesidades educativas transitorias y dos con necesidades educativas permanentes (asociadas a discapacidad) por curso, en enseñanza básica y/o media. Este número en muchos establecimientos supera con creces lo propuesto en cursos sobre 35 estudiantes.
En segundo término, el informe de Contraloría enfatizó en la falta de seguimiento del progreso de estos estudiantes, en especial de aquellos con necesidades educativas permanentes que finalizaban enseñanza básica, e incluso media, sin las habilidades instrumentales mínimas para continuar con estudios posteriores o inserción laboral. Contraloría, en su informe, tácitamente reconoce que existe el llamado «currículum de la felicidad» donde los estudiantes con NEE Permanentes son promovidos sin evidenciar progresos pedagógicos.
Lo anterior resulta grave toda vez que durante el transcurso de cada año escolar irrumpen noticias que nos alertan acerca de situaciones de agresiones, por parte de estudiantes a docentes o viceversa, agresiones entre pares, vulneraciones de derechos y discriminaciones que afectan a estudiantes incorporados al Programa PIE.
Las instituciones educativas y sus comunidades, entonces, se han venido transformado en espacios donde nos encontramos, de tiempo en tiempo, con episodios tristemente célebres, en los cuales estos hechos, estas realidades que afectan a sus protagonistas, son recurrentes y ya no se detectan esporádicamente, son una constante y dejan de manifiesto que el sistema educativo en su conjunto falla rotundamente, pues no logra dar seguridad a sus comunidades, no logra integrar y por ello no es capaz de mostrar resultados que mejoren los niveles de inclusión.
Consideramos que uno de los aspectos generalmente dejado fuera de los análisis, por los costos que involucra, es que la inclusión, como toda política educativa que busca resultados, debe ser financiada, esto es, debe contar con los recursos suficientes que permitan hacer carne el "espíritu" de la legislación, apoyar su implementación en todas las comunidades educativas y permitir que los actores al interior de estas puedan desplegar su profesionalismo en la implementación de esta política pública, incorporando todos y todas quienes lo necesiten y requieran y no solamente a quienes hoy se puede incluir.
El financiamiento, para hacer carne esta política pública, deberá incluir, a no dudarlo, en la contratación de profesionales idóneos en número y capacidades técnicas, inversión en la capacitación adecuada y pertinente de los equipos de trabajo, asignando tiempos y recursos suficientes a docentes y asistentes de la educación qué atienden directamente a niños, niñas y jóvenes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), con mayor énfasis en aquellas de carácter permanente y más aún con aquellas que por sus características tiene componentes comportamentales .
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Incluye esta inversión el reconocimiento de la Mención de título para las Docentes de Educación Diferencial, quiénes de manera arbitraría han visto mermados por años sus ingresos al no recibir el pago de este componente, sin considerar que no existe ninguna de ellas que no posea una mención en su título de pregrado y que le habilita para el ejercicio pertinente de la profesión en los distintos niveles, algo exigible en el Decreto 170. Se debe invertir en la habilitación de espacios, mobiliario y material pedagógico pertinente para los estudiantes que requieren atención sensorial, apoyos concretos y otras adecuaciones que en la actualidad la financian los propios docentes o incluso las familias de estos estudiantes.
Se debe invertir en salud mental y apoyo profesional para las familias de estos estudiantes, para los mismos estudiantes y para los equipos que trabajan con ellos, pues la vivencia del duelo de un hijo con discapacidad, las herramientas para trabajar con estos niños, niñas y jóvenes es algo que los padres y equipos deben vivir acompañados, con las herramientas necesarias y adecuadas, para implementar las mejores estrategias orientadas al mejor desarrollo de niños, niñas y jóvenes que presenten estas NEE. Se requiere una mayor inversión que permita prevenir la autoeducación a través de las redes sociales por parte de influencers o curanderos que prometen, por ejemplo, sanar del autismo o la ansiedad (como si fueran patologías), desaconsejando que los padres sigan los esquemas farmacológicos prescritos por los médicos tratantes.
Se requiere, además, la atención en salud de manera integral y a lo menos trimestral para aquellos/as estudiantes con NEE de carácter permanente. No es aceptable que el Servicio Público de Salud atienda, de manera anual o semestral, a niños que tienen esquemas farmacológicos que requieren seguimiento, y que muchas veces sus familias, por no recibir retroalimentación adecuada, suspenden de manera arbitraria, lo que también sucede por la falta de stock de medicamentos en las farmacias del sistema de salud y del comercio. Debemos invertir, como país, como sociedad, en las escuelas especiales, para que la propuesta pedagógica que ofrecen sea desafiante, variada y eliminar el sesgo de que en estos establecimientos los estudiantes no aprenden, deben dejar de ser los parientes pobres que no obtienen financiamiento, por no contar con Ley SEP, dependiendo, por tanto, de la generosidad del sostenedor o de los beneficios que puedan organizar.
Estos establecimientos debiesen convertirse en centro de recursos para la capacitación permanente de los equipos de las escuelas básicas y liceos, centros consultivos para casos específicos donde los estudiantes puedan ir y volver hasta habilitarse en un proyecto de vida que desarrolle al máximo su autonomía en la medida de su independencia.
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Se debe invertir en salas cunas con visión de Centro de Estimulación Temprana, de manera de proveer en la primera infancia a los estudiantes y sus familias de todas aquellas estrategias que puedan habilitar de mejor forma sus necesidades y equiparar el camino, para preparar trayectorias educativas coherentes, eficientes y exitosas. La inclusión no es sólo recibir a los/as estudiantes en las instituciones, no es sólo tener discurso y voluntad de cambio, la inclusión requiere de inversión para contar con diálogos profesionales y técnicos oportunos y pertinentes, evitando la pura reacción frente a sucesos que siempre son dolorosos y desnudan aquello que muchas veces queremos esconder bajo la alfombra de nuestras instituciones.
Nuestro país debe hacer el esfuerzo que la inclusión requiere, si se nos permite el chilenismo, debemos "meternos la mano al bolsillo" como sociedad y no sólo como los/as docentes o familias que buscamos hacer de la inclusión una realidad, esta vez sería pertinente recurrir al bolsillo del Estado de Chile, que permita financiar la educación pública, a sostenedores que puedan demostrar resultados educativos exitosos en la materia y no para el financiamiento de fundaciones "sin fines de lucro", que sabemos lo que declaran y luego nos enteramos de lo que no hacen.
*Profesora Especialista En Educación Diferencial mención D. Mental, Audición y Lenguaje. Mg. En Evaluación y Curriculum.
