Mónica Javiera Blanco Suárez, fue subsecretaria de Carabineros del primer gobierno de Michelle Bachelet (2006), en su segundo gobierno, fue designada como Ministra del Trabajo y Previsión Social (2014) para luego ser nombrada Ministra de Justicia (2015). En ese contexto es que habría participado de actos de corrupción que provocaron su exposición pública justo mientras ostentaba el cargo de consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) desde 2017. La demanda que habría interpuesto la exautoridad plantea que esta última institución habría incurrido en falta de servicio al permitir que su entonces presidenta, María Eugenia Manaud, realizara acciones calificadas como "abusivas" en su contra, presionándole de manera indebida e ilegal para que renunciase, según informó La Tercera.

Aniceto Hevia

El valor de la compensación económica por el eventual el daño causado en su contra es de $387.733.776, considerando que su renuncia le habría causado un daño moral, además de un perjuicio equivalente a la multiplicación de su ingreso mensual como Consejera del CDE por todo el tiempo en que pudo seguir fungiendo como tal, es decir, hasta los 75 años de edad. Junto a estos antecedentes, el mismo medio también expone una supuesta carta que la expresidenta del CDE habría enviado a la ahora demandante, en la cual le plantea que resulta «altamente inconveniente tu permanencia en el CDE, por cuanto todas aquellas investigaciones guardan relación con supuestos delitos funcionarios». Y que en tal escenario se ve en la necesidad de pedirle que «consideres presentar tu renuncia voluntaria al cargo que detentas».

En la misma publicación se informa que mientras era Consejera, Javiera Blanco enfrentaba tres causas judiciales en su contra: «Una de ellas decía relación con contrataciones, presuntamente irregulares, en Gendarmería. La investigación se abrió 19 días después de ser nominada en el CDE mediante una querella del entonces diputado UDI Gustavo Hasbún. El segundo caso se refería a dineros supuestamente malversados desde programas del Sename, originada por una acción judicial presentada en mayo de 2018 por la entonces senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe, y -finalmente- la indagatoria en que se le acusaba de haber recibido "dinero en sobres" de gastos reservados que eran malversados por el Alto Mando de Carabineros cuando ella desempeñó el cargo de subsecretaria de esa rama». Añadiendo: «En los dos primeros casos, el Ministerio Público no perseveró. En el tercero, sin embargo, fue formalizada y querellada por el propio CDE. Pero, en junio de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago la sobreseyó definitivamente por prescripción y la Corte Suprema, tras rechazar un recurso de queja, dejó firme la resolución».

A tal información es necesario agregar que el fallo a través del cual se sobreseyó a Javiera Blanco del delito de malversación de caudales públicos en carácter de reiterado, perpetrado mientras era subsecretaria de Carabineros, reconoce que ella recibió mensualmente sobres con dinero provenientes de fondos públicos por Gastos Reservados de Carabineros, no obstante no acreditó que esta acción fuese constitutiva del delito de malversación de caudales públicos, pues tales recursos no habrían estado a su cargo, tipificando tales actos como hurto común, delito que tenía prescrita su persecución penal al momento de que el CDE presentara la querella criminal contra la exautoridad.

De acuerdo a la formalización de Javiera Blanco, «entre enero de 2007 a febrero de 2010 recibió y se apropió de fondos públicos proveniente de Gastos Reservados por un total de $ 42.138.000», los cuales le fueron entregados mensualmente y estarían registrados en las planillas de Gastos Reservados de tales años. Al ser tipificados como hurto, estos actos tuvieron un plazo de cinco años para ser perseguidos penalmente luego de su última comisión que, fue el mes de marzo de 2010, venciendo en el año 2015. Finalmente, cuando el CDE interpuso la querella criminal en su contra, el 2 de marzo de 2021, la responsabilidad penal de Javiera Blanco ya se había extinguido, por cuanto se le sobreseyó.

De este modo, el sobreseimiento de Javiera Blanco, en la causa de malversación de caudales públicos en carácter de reiterado, responde más bien a la ineficacia de autoridades del propio Estado en la persecución de actos delictivos contra quienes ostentaron altos cargos, o bien, puede ser interpretado como el resultado satisfactorio de un contubernio entre tales sujetos garantizando la impunidad de Blanco y otros, para que luego se presenten como víctimas de supuestos perjuicios.

Imagne extraída de vnexplorer.net