En un fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Santiago sobreseyó a la exsubsecretaria de Carabineros del primer gobierno de Michelle Bachelet, Mónica Javiera Blanco Suarez, del delito de malversación de caudales públicos en carácter reiterado, perpetrado mientras fungió en tal cargo y que constituye una de las aristas del caso "Megafraude" de la institución.

Aniceto Hevia

El libelo, emanado desde la Sexta Sala del tribunal, reconoce que Javiera Blanco recibió mensualmente sobres con dinero provenientes de fondos públicos por Gastos Reservados de Carabineros, no obstante no acreditó que esta acción fuese constitutiva del delito de malversación de caudales públicos, pues tales recursos no habrían estado a su cargo, tipificando tales actos como hurto común, delito que tendría prescrita su persecución penal.

La formalización de Javiera Blanco consignó que «entre enero de 2007 a febrero de 2010 recibió y se apropió de fondos públicos proveniente de Gastos Reservados por un total de $ 42.138.000», los cuales les fueron entregados mensualmente y estarían registrados en las planillas de Gastos Reservados de esos años. Ante esta acusación, la Corte afirmó que «puede estimarse establecido que efectivamente la imputada Mónica Javiera Blanco se habría apropiado de esos dineros con conocimiento de que no le correspondía percibir esas sumas. Lo que se discute y, en concepto de esta Corte, no se cumple, en la especie, para satisfacer íntegramente los elementos del tipo penal, es que esos dineros hayan estado a cargo de la imputada en depósito, consignación o secuestro».

Al ser tipificados como hurto, estos actos tuvieron un plazo de cinco años para ser perseguidos penalmente luego de su última comisión que, en este caso, fue el mes de marzo de 2010, venciendo en el año 2015, «es decir, al momento de interponerse la querella criminal por parte del Consejo de Defensa del Estado el 02 de marzo de 2021», la responsabilidad penal de Javiera Blanco ya se había extinguido, informó el tribunal de alzada.

Respecto al desempeño de las autoridades del Estado en cuanto a presentar una querella finalmente extemporánea, la Corte advirtió: «una excesiva dilación en la indagación y persecución penal de los ilícitos, cuyo origen tuvo lugar hace más de 15 años, tardanza que no resulta atribuible a esta judicatura».

Este fallo se ha emitido luego que se ejecutara la orden de embargo de casas y autos de lujo a los exgenerales directores de Carabineros, Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, imputados de malversación de caudales públicos en la arista de gastos reservados del denominado Megafraude, por las millonarias sumas involucradas.

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