[resumen.cl] Autobombo de sus decisiones políticas, la proyección de promesas a cumplir en menos de un año, el respaldo a la gestión del desastre sanitario y la negación de la existencia de las y los presos políticos en Chile fueron parte de la Cuenta Pública dada por Piñera en un gobierno que, literalmente, tiene los días contados.

Desde las 15:00 horas Sebastián Piñera presentó la última Cuenta Pública bajo su segunda presidencia del país. En más de una hora, el presidente en funciones sistematizó políticas y gestiones desarrolladas durante su gobierno cuya intervención inició con un balance histórico de las gestiones postdictatoriales, planteando que «estas tres décadas de progreso también dejaron grietas».

Diversas fueron las temáticas abordadas. Sin embargo, gran parte de estas fueron meramente nominales en relación a las acciones realizadas por el gobierno de turno, realizando énfasis en el rol de Ejecutivo durante la pandemia de la Covid-19, el Estallido Social y la perspectiva hacia el proceso constituyente en curso.

Concretamente, Piñera hizo su último balance a través de nueve ejes de políticas desarrolladas respecto al trabajo gubernamental sobre la infancia, educación, género, derechos sociales, migración, pueblos originarios, entre otras.

Sin embargo, la intrascendencia de sus palabras volvieron a tomar el protagonismo de la jornada. Un discurso reiterativo y con énfasis en la criminalización de las demandas y luchas levantadas por los pueblos volvieron a formar parte de la cadena nacional.

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A modo de ejemplo, Piñera indicó que «en Chile no hay presos políticos, en Chile nadie está preso por lo que piensa. No hay ninguna persona que esté privada de libertad por sus ideas (…) Nos oponemos a una ley de indulto o de amnistía», mientras que apuntó a la importancia de que el Congreso avance en la aprobación del Estatuto de Protección de Carabineros y la Policía de Investigaciones, además de anunciar la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública especializado en el resguardo del orden público, sumado a la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad y Agencia Legislativa de Seguridad.

En este contexto, enfática fue la cuenta respecto a que el gobierno siempre se habría desenvuelto en «un marco de la Constitución y el Estado de derecho», además de resaltar sus gestiones en el manejo del desastre sanitario respaldando las políticas de trazabilidad, la implantación del Plan Paso a Paso y la adquisición de vacunas.

Sin embargo, quitando los autobombos realizados por Piñera, fueron diversas las deudas que planteó a cumplir en menos de un año que resta de su gestión. La creación de una Fiscalía especializada en delitos contra los Derechos Humanos, la ampliación del programa de tratamiento sobre trauma ocular, el implantar estrategias que aborden la descarbonización -proceso que no ha contado con una mirada ecosistémica y vinculante desde las comunidades- forma parte de aquello.

Fotografía oficial de Gobierno | Prensa Presidencia

Asimismo, el anuncio de colocar suma urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, la profundización del Plan Impulso Araucanía, la realización de un catastro respecto a la distribución de tierras en base al conflicto Estado chileno-Pueblo mapuche, la mejora en infraestructura del transporte público, la entrega de 260.000 soluciones habitacionales son elementos que conforman la batería de anuncios presentados por Piñera que, bien deberá ser, quedará pendiente en sus 282 días que restan de gobierno.

Fotografía principal: El Desconcierto | A. UNO