Errores de enormes proporciones y eventuales delitos, se habrían cometido en la municipalidad de Futrono durante 2019 y 2020. Su Departamento de Educación Municipal ordenó impartir la especialidad de "Servicio de Hotelería" en el Instituto Técnico Profesional de Llifén sin que contara con el reconocimiento oficial del ministerio de Educación, perjudicando así a 13 estudiantes de la comuna.

Por J. Murieta

Los hechos son confirmados por un informe de Contraloría que ordena una serie de medidas disciplinarias contra el director del DAEM, Julio Jiménez, el alcalde de Futrono, el UDI Claudio Lavado y el encargado regional de subvenciones, Eduardo Gatica.

La investigación acreditó que el liceo rural impartió por 2 años la especialidad de "Servicio de Hotelería" sin cumplir con los requisitos legales y administrativos para hacerlo. Se trata de 13 estudiantes que se vieron perjudicados por estudiar en su 3° y 4° una especialidad no reconocida, es decir, perdieron dos años de estudios.

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En este contexto, se realizaron "transacciones extrajudiciales" para resarcir el daño causado a los estudiantes por la suma de $15.369.451, los que fueron utilizados para la compra de trece notebooks marca HP, de 245 GB, Windows 10 pro, que fueron adquiridos al proveedor Advantage Computación SpA, y entregados a los alumnos, además de la contratación de servicio de internet a la compañía Entel.

Por otra parte, a los estudiantes se les preparó para rendir evaluaciones y poder validar sus estudios en un establecimiento en Valdivia que impartía la especialidad. Sin embargo, las notas obtenidas por los estudiantes en dichas evaluaciones, fueron modificadas de manera irregular en el instituto de Llifén habrían subido sus notas de manera ilegal-.

No sería lo único: además, se detectó que el liceo habría recibido subvención por esta especialidad pese a no contar con el reconocimiento oficial.

La Contraloría estimó que Lavado incurrió en acciones que comprometen su responsabilidad civil pecuniaria, al igual que el jefe del DAEM, por lo que debido a los hechos relatados el ente fiscalizador derivó los antecedentes al Ministerio Público.

"[...] cabe hacer presente que las infracciones imputadas al señor Jiménez Cárdenas en el cargo primero, y tercero, y la infracción imputada al señor Claudio Lavado Castro en el cargo único, constituyen infracciones graves a la probidad administrativa" señala el documento.

El ente, en cumplimiento de la normativa, derivó los antecedentes que acreditan la responsabilidad administrativa del alcalde Claudio Lavado (UDI), al Concejo Municipal para que se pronuncie al respecto. Además, ordenó la destitución del jefe del DAEM y una sanción de censura y anotación de demérito para el encargado de la Unidad Regional de Subvenciones.

Se trata del segundo episodio que deberá revisar el Concejo Municipal respecto a la responsabilidad administrativa del alcalde.

Hace unas semanas el Concejo Municipal de Futrono decidió derivar al Tribunal Electoral de Los Ríos los antecedentes por eventuales responsabilidades administrativas del alcalde de la UDI, Claudio Lavado, lo que podría terminar con su salida de la municipalidad de Futrono. Todo ello en el marco de las denuncias por irregularidades en el caso conocido como «cotizaciones falsas».

Las otras irregularidades

El 24 de noviembre de 2020, el dueño de Comercial Luscher SpA, Desinfek Thor, denunció ante la Contraloría Regional de Los Ríos la: «Suplantación de mi empresa en una licitación por parte de la Municipalidad (...) ya que ocuparon el nombre de mi empresa sin que yo enviara ninguna cotización, es decir ellos, la municipalidad de Futrono inventaron, usufructuaban mi nombre para hacer una cotización sin que yo me enterara siendo que el formato que mi empresa ocupa para tal no es el mismo y siendo que yo no he tenido ningún vínculo comercial con la municipalidad.»

No fue la única.

Tras las indagatorias de Contraloría el proveedor Fumi Master informó a personal fiscalizador, mediante correo electrónico de 23 de abril de 2021, que «(...) le informo que nosotros no hemos participado en la licitación mencionada. Todas las cotizaciones que nos son solicitadas, llevan nuestro logo oficial y mi firma digitalizada con membrete, según aparece en documento adjunto».

La investigación del ente contralor indica que las distintas áreas de la municipalidad de Futrono realizaron órdenes de compra bajo la modalidad de compra ágil, de manera irregular, a la empresa House Terra Service SpA y/o al señor Job Ulloa Muñoz.

Todo este proceso habría estado viciado pues se habría utilizado «supuestas cotizaciones no emitidas ni autorizadas por los respectivos oferentes», compras que habrían sido realizadas por el municipio a la firma House Terra Service SpA.

La investigación acreditó que: «se evidencia que tratándose del proveedor House Terra Service S.P.A. la totalidad de órdenes de compra que ha tranzado en el portal de Mercado Público, corresponden a órdenes de compra emitidas por la Municipalidad de Futrono y sus servicios traspasados desde el 15 de julio de 2020 al 23 de noviembre de 2020, ambas inclusive, según consta a fojas 1.606 y siguiente. Así, la fiscalía procedió a revisar su situación tributaria y societaria, advirtiéndose que el referido proveedor se constituyó como empresa con fecha 30 de junio de 2020, y que sus actividades económicas declaradas con fecha 1 de julio de 2020, son la «desratización, desinfección, y exterminio de plagas no agrícolas», entre otras, según consta a fojas 1.608, y 1.610, ambas y siguientes.».

La pesquisa avanzó y detectó que el señor Job Ulloa Muñoz, es tío del padre de la hija de la funcionaria Claudia Ríos Delgado, encargada de adquisiciones del DESAM de Futrono, quien participó en diversos procesos de compra adjudicados al señalado proveedor.

Además, se acreditó que doña Ana Teresa Núñez Álvarez -cónyuge del proveedor Job Ulloa Muñoz- se desempeñó en el DESAM hasta el 21 de agosto de 2017, también que el señor Juan Pablo Quijón se desempeña en el área de obras de la Municipalidad de Futrono y es padre de la hija de la señora Claudia Ríos Delgado y sobrino del citado proveedor y que también se desempeñan en el municipio, las hermanas de la señora Ana Teresa Núñez Álvarez -Hortensia Núñez Álvarez y Jimena Muñoz Álvarez-.

Lo anterior, pese que contraviene el principio de la probidad administrativa, al participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad, pues se trata de relaciones familiares, lo que constituye motivo de abstención.

No fue sólo eso.

Contraloría verificó, además, que parte de los servicios de sanitización prestados por el proveedor Job Ulloa Muñoz, fueron pagados a la señora Ana Teresa Núñez Álvarez -su esposa- a través de un convenio a honorarios suscrito con fecha 11 de enero de 2021.

Según declaraciones del propio empresario, el convenio a honorarios se realizó «Para poder pagar facturas asociadas a servicios de sanitización prestados por mí. Las facturas estaban emitidas, pero no salía nunca el pago, se trataba de servicios acumulados tres o cuatro meses aprox. facturas por concepto de sanitización de dependencias del municipio. (...) Mi señora hizo toda la gestión, habló con don Américo González para que le paguen y ahí se planteó la alternativa de hacer este contrato por el cual se me consulta, lo que no correspondía a mi juicio. (...) Se hizo el servicio, pero la forma de pago que el municipio decidió no fue la correcta, por los servicios que ellos mismos solicitaron. No fue la manera más correcta de llegar a un acuerdo por el pago de estas facturas.»

Al menos dos funcionarios ratificaron esta declaración, responsabilizando de la irregularidad a Cristóbal Kunstmann, el administrador municipal.

Las flagrantes irregularidades que incluso podrían revestir la figura de delitos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Por el momento, tanto el alcalde de la ciudad como su administrador municipal presentaron recursos de reposición frente a las sanciones propuestas por Contraloría.

Cabe recordar que el actual consejero constituyente por Los Ríos, Jorge de la Maza Schleyer, del Partido Republicano, fue asesor jurídico de la Municipalidad de Futrono a la que presentó su renuncia el 24 de mayo en medio de las discusiones del Concejo Municipal para determinar las sanciones por las irregularidades administrativas.