El papelón realizado desde el Instituto de Salud Pública hace unos días, exigiendo recetas para la compra de anticonceptivos, volvió a generar alertas sobre la legislación que incumbe los cuerpos de las mujeres; y en su conjunto, las formas de dominación que existen. Un país que inmiscuye en las libertades, pero que ignora las responsabilidades de embarazos no deseados producto de errores en métodos anticonceptivos, recalca que las maniobras de salud pública no se entienden. Queda preguntar: ¿Gozamos las mujeres de Chile una salud y derechos reproductivos coherentes a los tiempos de crisis?
Por Valentina Luza Carrión
«No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida» – Simone de Beavoir
Es una realidad que la precarización en diferentes aspectos de la vida de las mujeres se ha agudizado durante el último tiempo. Esta concepción, lejos de ser una sorpresa, es una llamada de alerta constante. Desde la creación del método oral anticonceptivo hace ya 62 años, la emancipación y autonomía de las mujeres de doblegó y avanzó a niveles gigantes para dicha época donde fue promulgada.
Fue en 1989 que las Naciones Unidas en la Declaración de Teherán ratificaron la anticoncepción como un derecho humano, incluyendo esto de manera transversal para sociedades más justo. En ese sentido se declaró deber de cada Estado el garantizar las libertades de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos, incluyendo la anticoncepción, la planificación familiar y el acceso a todo tipo de servicio de salud sexual y reproductiva. Aun así, en el mundo cifras de la ONU arrojan que existen 214 millones de mujeres sin tener acceso a anticoncepción considerada moderna.
Fue en 1960 que su distribución empezó en Estados Unidos, marcando un antes y después para la realidad que sucedía en ese entonces y que consideraba nulas las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo. Estas decisiones, antes de dicho momento, les correspondían a terceros: padres, maridos, familiares, que decidían sobre la maternidad de las mismas e incluso su futuro matrimonio. Fue un momento decisivo, crucial y controversial para el mundo.
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Más aún fue la decisión de la píldora del día después. En nuestro país específicamente, la decisión de aceptar su uso no fue para nada fácil; luego de 37 tramitaciones, una prohibición en 2007 desde el Tribunal Constitucional, y la oposición de los sectores más conservadores del país por considerarla una "especie de aborto", en 2010 bajo la Ley 20.418 se logró aprobar la píldora del día después como un servicio público del país.
De ello, solo han pasado 11 años y dada la descripción de la situación, pareciera una política del medioevo. Es por ello, que sabemos gracias a la historia, que la lucha por la autonomía de nuestros cuerpos siempre ha sido un camino lapidado en obstáculos.
En nuestro país el contexto es cuestionable por lo bajo. Por un lado existe un Estado que no garantiza la seguridad anticonceptiva en todos sus formatos: pastillas, parches, dispositivos, etc. Y se esfuerza en aumentar las barreras para acceder a ellos. Por otro lado, contamos con un sistema de gobierno que busca inmiscuirse en precarizar aún más la salud sexual y reproductiva en todas sus aristas.
Según datos de la Fundación Miles la salud sexual y reproductiva fue una piedra de tope durante el primer trimestre de 2020, fecha de plena emergencia sanitaria. El acceso al método de anticoncepción, controles obstétricos e incluso el acceso a tratamientos de VIH, fueron trasgredidos y dejados como urgencias sociales de segunda categoría sin políticas públicas de apaleamiento ante las futuras consecuencias.
Las agrupaciones feministas entienden este proceso como la consecuencia de un sistema que logra impactar una crisis sobre otra crisis. Frases cómo "No pagaremos la crisis con nuestros cuerpos" logran expresar este sentir político. La consigna puede extrapolarse de diferentes formas a los contextos de crisis que se han evidenciado en el país en el mundo. Las mujeres luchamos sosteniendo tanto la vida desde el plano maternal, reproductivo de cuidado, cómo la fuerza laboral del país. Y siendo también, el último escalafón de prioridades.
Lo que sigue sorprendiendo en un país altamente desigual como Chile, son las gestiones azarosas de un Estado ineficiente; que no se hace cargo de estrategias comunicacionales a la altura, ni menos de errores que dejan a la deriva a miles de mujeres. Mientras tanto, las agrupaciones y organizaciones civiles de mujeres siguen siendo la trinchera que hace el peso justo a la desigualdad social, generando opciones empáticas y amorosas en un contexto hostil.
Fuentes utilizadas:
INFO_Contra_FamPlan_WEB_SP.pdf (ohchr.org)
Ley 20.418: historia de una ley por la dignidad de la mujer chilena (conicyt.cl)
50 A'OS DE LA PÍLDORA ANTICONCEPTIVA (conicyt.cl)
Fotografía principal: Valentina Luza Carrión