[resumen.cl] Actualmente, 11 jóvenes son investigados por protestas desarrolladas en el marco del Estallido Social, por hechos que se remontan a los meses de febrero y marzo. RESUMEN tuvo acceso al informe elaborado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) para dar cuenta de los antecedentes en los que se centró el Ministerio Público para investigar a las personas imputadas.

Durante la madrugada del pasado 7 de septiembre, la Policía de Investigaciones detuvo a un total de 12 jóvenes a partir de los daños generados al interior de la Universidad de Concepción en el contexto del Estallido Social entre los meses de febrero y marzo de 2020.

Tras una extensa jornada de formalización, 11 personas fueron privadas de libertad con medidas cautelares mientras dura la investigación, cuyo plazo es de tres meses.

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En la audiencia, dirigida por la jueza Claudia Castillo Jimenez, del Juzgado de Garantía de Concepción, donde fue central el quehacer del fiscal Guillermo Henríquez Gilberto, se definió que cinco de los imputados permanezcan en prisión preventiva, mientras que a los otros 6 les fue ordenada su internación provisoria RPA (Responsabilidad Penal Adolescente) en un organismo del Sename.

Esto, debido a que «su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad«, se declara en el documento de audiencia de control de la detención.

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Los delitos por los que son imputadas las personas son diversos: desórdenes públicos, lanzamiento de bomba incendiaria, porte de artefacto incendiario artesanal tipo Molotov, daños a monumentos nacionales e incendio.

RESUMEN revisó el informe realizado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones.

El documento, fechado al 25 de agosto de 2020, da cuenta de los antecedentes en los que se fijó la Policía para entregar en el proceso de los imputados.

CONVERSACIONES CON INSTITUCIONES

La querella criminal presentada por la Universidad de Concepción dio paso al proceso de investigación. En primer lugar se consultaron a posibles fuentes de información. Entre éstas, el documento señala al jefe de seguridad de la Universidad, Juan Javier Salinas Castro, quien explicaría los aspectos generales del área de seguridad en relación al trabajo de guardias y las cámaras al interior del campus.

Así, la declaración del funcionario fue clave para dar a conocer los lugares en los que se desarrollaron mayores daños producto de la protesta, señalando la infraestructura dañada del recinto.

En el documento, Salinas señala que «en relación a estos sujetos, tenemos un grupo que se repetía habitualmente, lo que motivó que al verlos dentro del campus los enfocáramos con las cámaras«. Punto seguido, describe aspectos físicos de las personas presuntamente involucradas.

En este sentido, la colaboración entre la Universidad de Concepción y efectivos de la Policía de Investigaciones fue vital para la identificación de las personas actualmente imputadas, facilitándose la realización de peritajes al interior del campus.

Informe Policial N° 20200369550/00131/12182, p. 7.

De igual forma, se realizaron conversaciones con el Teniente de Gendarmería y Jefe de la Guardia del Palacio de Tribunales de Justicia, Eduardo Leon Andrade.

Este entregaría los respaldos de las cámaras ubicadas en el exterior del edificio a los agentes de la PDI, además de dar cuenta de un relato en el que describe al presunto grupo que luego se trasladaría a la Universidad de Concepción a protestar. Asimismo, el documento señala una colaboración concreta al facilitar la vigilancia en altura desde el edificio.

Informe Policial N° 20200369550/00131/12182, p. 8.

La información recopilada sería cruzada con el material solicitado a la Central de Comunicaciones (CENCO) de Carabineros de Chile, la cual también entregó antecedentes sobre cámaras de seguridad ubicadas, por ejemplo, en el sector de Plaza Perú.

Así, se generó un análisis de estas tres fuentes de información – las que incluían el horario y días en que las personas descritas se reunían -, lo cual se cruzaría con la identificación de personas realizada durante un control de identidad en las afueras de Tribunales, aproximando la identificación de las personas a un grupo específico.

CRUCE DE FOTOGRAFÍAS: EL ROL DE LA VESTIMENTA

En la misma línea, se realizó el seguimiento a las personas previamente identificadas.

Éste, estuvo acompañado de puntos de vigilancias y toma de fotografías; no sólo para identificar los rasgos físicos, sino que también la vestimenta de las personas.

Así, las capturas tomadas daban cuenta de los momentos en que algunos manifestantes encapuchados mostraban sus rostros y, a la vez, utilizaban la misma ropa antes, durante y después de las protestas.

De igual forma, los tatuajes fueron otras referencias tomadas por los funcionarios policiales para identificar a las personas imputadas.

Informe Policial N° 20200369550/00131/12182, p. 14.

Con estos antecedentes, la sección de Dibujo y Planimetría Forense del Laboratorio de Criminalística Regional de Concepción generó estudios de la morfología de las personas para establecer las apariencias correspondientes que se presentan en la carpeta.

REDES SOCIALES

La revisión de redes sociales también se encuentra como un antecedente importante. Tanto Facebook como Instagram fueron plataformas estudiadas por funcionarios de la PDI para rastrear e identificar a las personas imputadas.

En el informe policial de la PDI, declaran que «se efectuó un análisis detallado de redes sociales, buscando en facebook, perfiles de las personas ya individualizadas«, lo que sería utilizado para, además de darle consistencia a la identificación de las personas, reconocer a posibles integrantes del grupo investigado.

En este sentido, «se efectuó un análisis detallado de redes sociales, específicamente de la red social facebook, donde al buscar en los amigos de uno de los perfiles de otro blanco de la presente investigación» se ratificó la identidad de otra persona, también investigada por la PDI.

El informe muestra el análisis de, incluso, los comentarios realizados en perfiles públicos para dar con presuntos implicados.

Informe Policial N° 20200369550/00131/12182, p. 20.

Así, los comentarios de la foto permitirían generar un cruce de información. La revisión de las fechas de cumpleaños, los perfiles amigos y el análisis morfológico permitiría establecer la identidad de algunas personas por funcionarios de la Policía de Investigaciones.

Informe Policial N° 20200369550/00131/12182, p. 22.

REGISTROS AUDIOVISUALES

Los «blancos investigativos«, como son tratados en el documento, no sólo fueron presuntamente identificados por las cámaras de seguridad de diferentes lugares, sino que también por entrevistas dadas pública y abiertamente.

A modo de ejemplo, el documento elaborado por la PDI señala la entrevista realizada a un grupo de manifestantes que se encontraban en los alrededores de la Universidad de Concepción, la que «era relacionada con la función que cumplía la denominada ‘Primera Línea’«.

Este registro fue analizado acorde a las características morfológicas y la vestimenta de las personas involucradas, lo cual tributó a la carpeta de investigación para identificar a los presuntos manifestantes.

SEGURIDAD Y AUTOCUIDADO: CENTRAL EN LA PROTESTA

La investigación de criminalística finalmente permitió establecer una presunta individualización de personas como también a un grupo humano más amplio.

Esto, facilitó la posterior incautación de, principalmente, presuntas prendas utilizadas por personas en el contexto de protesta, las cuales fueron identificadas por los registros anteriormente comentados y, por ende, relacionados con acciones tratadas como delitos por la legislación chilena.

Todos los antecedentes planteados apuntan hacia el rol de la seguridad y autocuidado de las y los manifestantes, además de la evidente colaboración entre organismos en la represión de la protesta social.

El cruce de información -en este caso PDI, Carabineros y la U. de Concepción- ha sido esencial para el desarrollo de procesos de investigación y formalización de personas en el marco no solo del Estallido Social, sino que desde hace décadas.