Lota: Trabajadores de la Educación se querellaron contra alcalde Marchant por no pago de cotizaciones

El no pago de cotizaciones sigue pensándole a las y los trabajadores de la Educación Pública del Gran Concepción. Esta vez son las irregularidades al interior del municipio y Departamento de Educación de Lota las que están mermando profundamente la economía de los funcionarios, a quienes se le adeudan años de pago de previsión, motivo por el que ya han sufrido embargos y no han podido optar, entre otros, a créditos bancarios, intervenciones de salud, etc.

La crisis de la Educación Pública en Lota, a cargo del alcalde Patricio Marchant Ulloa, está llegando a niveles históricos, con un déficit al interior del DAEM que superaría los 7 mil millones de pesos y con una querella presentada contra él y quienes resulten responsables de los delitos de  apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Lo anterior, por el no pago de cotizaciones provisionales. 

Se trata de una querella declarada adminisible durante este martes, propiciada por setenta y dos trabajadores y trabajadoras de la educación lotina, entre docentes y asistentes, que acusan un daño patrimonial que supera los $4 mil millones. Según declaró a Resumen, Jorge Parra, presidente del Sindicato único de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (SUTE) Lota, «nos estamos viendo afectados con órdenes de embargo, no podemos optar a vivienda, no podemos optar a créditos financieros porque estamos en Dicom, estamos en el boletín comercial, en el boletín histórico, estamos castigados por todas partes y no tenemos claridad de cuándo se van a pagar nuestras deudas».

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Las irregularidades en el pago de las cotizaciones se arrastrarían hace décadas en algunos casos, según expresó el dirigente, «revisando, nos dimos cuenta de que tenemos un trabajador que tiene lagunas desde la década de los 80s». La situación se habría profundizado desde 2019, asegura Parra, cuando empezaron a llegar las órdenes de embargo a algunos funcionarios.

«No hemos podido optar a servicios tan básicos como lo son el Internet y el TV Cable, porque estamos en Dicom, entonces estamos marcados por todos lados como deudores, aun cuando nos hacen el descuento mes a mes de nuestras liquidaciones de sueldo y estas deudas no son canceladas a los entes correspondientes, por eso tomamos la decisión dehacer esta querella en contra del alcalde, porque tiene que asumir responsabilidades, y contra quienes resulten responsables», enfatizó Jorge Parra.

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Han sido diversas las denuncias y emplazamientos al municipio comandado por Patricio Marchant Ulloa, en este, su tercer periodo alcaldicio, pero la situación sigue sin dar luces de solucionarse. Las y los trabajadores denunciantes solicitaron a la municipalidad solicitar un adelanto al fondo común municipal, explica el dirigente sindical, «pero hasta la fecha eso no ha ocurrido». Sumado a esto, en enero de 2025 la Educación Pública de Lota debiera pasar a manos del Servicio Local de Educación Andalién Costa, «y este no se va a hacer cargo de las deudas», acotó, situación que motivó la querella colectiva.

Ante este panorama de total incertidumbre e irregularidades por parte del municipio de Lota, hay que aclarar que los atrasos en las cotizaciones no son únicamente contra este grupo de setenta y dos querellantes. Según aseguró a Resumen Gabriel Provoste, dirigente del Colegio de Profesores en dicha comuna, esta situación afectaría «prácticamente a la totalidad de los trabajadores del sistema». El dirigente gremial agregó que, «hay gente que ha perdido créditos hipotecarios, prestaciones de salud, etc». 

Provoste adelantó que, como Colegio de Profesores, «visualizamos la arista administrativa en Contraloría y la judicial vía dos vertientes: demanda colectiva y una posible querella criminal por apropiación indebida». 

En cuanto a las y los docentes y asistentes de la educación que se querellaron contra Marchant, el dirigente de SUTE, Jorge Parra, hizo hincapié en que, «con la querella, esperamos que regularicen la situación de la deuda, que nos paguen lo que nos deben y que se comience a pagar de aquí a delante como corresponde, además de responder por los daños  a quienes hemos sido perjudicados, porque algunos, incluso han perdido sus familias por esta situación».

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