La decisión del mandatario brasileño se produce ante lo que sería una complicidad de las Fuerzas Armadas con hordas ultraderechistas que asaltaron los edificios de los tres poderes del Estado en Brasilia. Todos los despedidos se desempeñaban en funciones de seguridad en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial en Brasil.

Por Joaquín Pérez

Algunos de los cesados pertenecían a los servicios de seguridad del Estado, específicamente al Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), uno de los organismos más cuestionados tras los ataques vandálicos del pasado 8 de enero en la capital, Brasilia.

En un desayuno con periodistas el pasado jueves 12 de enero, Lula acusó a «muchos» policías y militares de haber sido «conniventes». «Hubo muchos cómplices, cómplices en la Policía Militar, cómplices en las Fuerzas Armadas. Estoy convencido de que las puertas del Palacio del Planalto se abrieron desde dentro porque no estaban rotas».

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En el Partido de los Trabajadores (PT) en el gobierno, hay sospechas sobre el papel jugado por distintas autoridades como el actual ministro de Defensa, José Múcio, del PTB, partido creado por Getulio Vargas, para servir de "amortiguador entre los sindicatos y los comunistas" y que actualmente forma parte de la coalición en el Ejecutivo.

Múcio es acusado de no haber actuado antes contra los campamentos de bolsonaristas que se levantaron frente a las sedes del Ejército y en los que se pedía un golpe de Estado.

Mientras tanto Lula y su familia siguen sin instalarse en la residencia presidencial, no sólo por los problemas de seguridad sino además por el pésimo estado en que fue entregada por Bolsonaro.