La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el histórico decreto, que reforma el artículo 2 de la Constitución mexicana, el que fue publicado en 57 lenguas originarias y que además contempla la creación de una Comisión Presidencial para los "Planes de Justicia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos".

Por Joaquín Pérez

El pasado martes, coincidiendo con el día internacional de los Derechos Humanos, el Estado mexicano modificó su constitución para reconocer por primera vez a los 68 pueblos originarios presentes en su territorio, como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La modificación de la Constitución, ya había sido aprobada en septiembre pasado por el Congreso, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y que hoy queda materializado. En ella se declara a México como una "nación multiétnica".

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Se estima que al día de hoy, que, de los 128 millones de mexicanas y mexicanos, 23 millones pertenecen a un pueblo originario y que 7,4 millones de personas hablan algún idioma de estos pueblos originarios, entre los que predominan el Náhuatl, Maya, Tzetzal y Zapoteco.

La comisión

Claudia Sheinbaum también firmó el decreto que crea una Comisión Presidencial para dar seguimiento a los planes de justicia para los pueblos indígenas, que pretende resarcir a las comunidades originarias de los daños causados por el Estado y empresas extractivistas.

La Comisión se compromete a respetar el carácter de sujetos de derecho público de los pueblos, el ejercicio de su libre determinación y autonomía, sus formas propias de gobierno y organización social, económica y cultural, en los términos reconocidos por la constitución y tratados internacionales. Para ello se garantizarán fondos públicos, del presupuesto nacional, para cada uno de estos pueblos.