[resumen.cl] Una investigación de CIPER dio a conocer que la llamada «Operación W» -tomada por el nombre del periodista Mauricio Weibel- se sustentó en una artimaña de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, donde se hizo pasar el número de teléfono del periodista por una supuesta agente extranjera que estaba en búsqueda de «antecedentes estratégicos sobre el Ejército de Chile».

Diversas noticias respecto a las investigaciones en curso por espionaje de parte del Ejército con personas que han visibilizado y trabajado el conocido fraude Milicogate, entre quienes se encuentra la jueza Romy Rutherford, se han realizado durante los últimos meses.

En este contexto, CIPER reveló este lunes la documentación con la cual los militares engañaron a la Corte de Apelaciones para espiar al periodista Mauricio Weibel, quien destapó el caso.

Según la investigación del medio, fue en 2017 cuando la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) solicitó a Juan Poblete, ministro de la Corte de Apelaciones, intervenir el número de una «agente extranjera» que estaría trabajando para conocer antecedentes estratégicos del Ejército. Sin embargo, el número que se aprobó intervenir fue el del periodista Weibel, quien en ese entonces investigaba el caso de corrupción.

La solicitud fue enviada por el director de Inteligencia del Ejército de la época, general Schafik Nazal Lázaro, lo cual dio paso a la llamada «Operación W» que se dio a conocer en 2019 en una comisión de Diputadas/os donde el ministro de Defensa del momento, Alberto Espina, respaldó el actuar debido a que «se había hecho dentro del margen de la ley», indica CIPER.

Por su parte, desde el Ejército mencionaron al medio que «no ha existido engaño alguno en los antecedentes presentados al Sr. Ministro de la Corte de Apelaciones».

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Asimismo, y paralelamente, se llevó a cabo la llamada «Operación Topógrafo», donde se procedió a espiar a cuatro militares que estaban realizando el proceso de denuncia, para lo que el Ejército se basó en que se estarían «filtrando documentos que pudiesen afectar la seguridad nacional». Los militares en cuestión fueron «el capitán Rafael Harvey Valdés, el ex teniente Carlos Farías Ramírez, al ex sargento Juan Pablo Díaz Pino y el cabo primero Sergio Andrés Tudesca "rdenes».

El argumento para este negligente proceder ha sido la controversial «Ley de Inteligencia», bajo la cual habrían operado los aparatos del Ejército para el seguimiento, intervención y espionaje de las comunicaciones de quienes denunciaban como también quienes investigaban el caso.