En la siguiente declaración, organizaciones socioambientales articuladas frente al Plan de Fortalecimiento Industrial (conocido como Plan Grau), cuestionan los dichos del gerente de Aclara, Nelson Donoso, en un contexto donde, acusan, existe «una nueva oleada de validación que busca establecerse en torno al proyecto minero ante la anunciada presentación de Adenda mediante la cual debe dar respuesta a las observaciones ciudadanas».

Recientemente, el Gerente de Aclara, Nelson Donoso, dio entrevistas a los medios BioBioChile y Diario Financiero, donde aborda diferentes dimensiones del cuestionado proyecto de extracción de tierras raras que pretende instalarse en los cerros de la comuna de Penco. En sus dichos, el representante de la empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto reafirma la porfía con la que actúa el empresariado minero, intentando validarse como una entidad responsable con las comunidades y el medio ambiente; pero nada es más alejado de la realidad.

Lo que plantea el señor Donoso en ambas entrevistas está lleno de desprolijidades y aspectos cuestionables, sobre las cuales podemos plantear algunos puntos para abrir el debate:

1- Pese a que plantea que el proyecto de Aclara no es el que fue tajantemente rechazado en la primera consulta comunitaria (plebiscito) frente a un proyecto minero realizada en 2022, el Gerente parece que aterrizó en una empresa que desconoce. Si bien, el proyecto que hoy está en tramitación ambiental incorpora otros elementos, Minera Aclara sí era propietaria del proyecto que se encontraba vigente en ese momento luego que el Grupo Hochschild -accionista principal de la empresa- levantara Aclara Resources como una empresa que cotizaba en la Bolsa de Valores de Toronto, la cual pasó a manejar REE UNO SPA, siendo esta última el titular de todos los proyectos que se han presentado hasta ahora para explotar los cerros de la comuna (en total, cinco tramitaciones fallidas y una actualmente en trámite).

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2- Casi como un punto de no retorno, la empresa plantea el año 2027 como fecha tope para iniciar la operación del proyecto. Esto, de todas formas, coloca presión sobre los procesos de tramitación ambiental y la conflictividad que arrastra el proyecto extractivo. En un escenario político donde el empresariado ha planteado la existencia de una supuesta "permisología" -concepto que utiliza para patalear por el proceso de tramitación que afrontan- y con un Gobierno que impulsa la desmantelación de la legislación ambiental para facilitar el avance de este tipo de proyectos quitándole el piso a las organizaciones y comunidades, colocar fechas desliza amenazas al proceso de discusión política, como también agudiza las presiones sobre las instituciones públicas encargadas de revisar los proyectos.

3- El Gerente de Aclara aplaude la gestión del Gobierno, planteando que "nosotros estamos súper alineados con el gobierno de turno, con la comunidad, con el gobierno regional", pero el gato encerrado es evidente. El golpe de espalda que entrega Nelson Donoso viene de la mano no solo con el impulso del Gobierno a desmantelar los procesos de tramitación ambiental, sino que también con el hecho de que este mismo Gobierno es el que incluyó al proyecto minero en el mal llamado "Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío", el cual generó una cartera de proyectos priorizados que la gestión del presidente Gabriel Boric tendría que acelerar tras el proceso de cierre de la Siderúrgica Huachipato. Sin embargo, poco se ha hablado respecto a que Grupo CAP, propietaria de Huachipato, es la que dejó caer a la siderúrgica para priorizar su millonaria inversión en la minería de tierras raras; más aún, considerando que ahora posee acciones de la empresa matriz, compartiendo las gestiones realizadas para proyectos en Penco, Brasil y hasta Estados Unidos.

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4- "La palabra extractivista se distorsiona de una manera política, negativa y generamos conceptos -los chilenos- que en realidad yo creo que no agregan", plantea el señor Donoso. Pues bien, como organizaciones socioambientales reafirmamos que el concepto extractivismo es profundamente político. Durante años, y como parte de las estrategias del empresariado, han intentado despolitizar los conflictos socioambientales, caricaturizándonos o catalogándonos casi como criminales por darle una mirada política a los proyectos que amenazan con arrastrarnos a vivir con impactos. El proyecto minero de Aclara cuadra perfectamente con el componente extractivista; ustedes no solo vienen a extraer grandes toneladas de bienes comunes naturales, sino que también su proyecto forma parte de un complejo extractivista mediante el cual pretenden exportar tierras raras al mercado internacional, donde lo único verde es el color de los billetes que pretenden ganar a costas de la explotación, omitiendo los impactos sociales, ambientales y territoriales que su actividad arrastrará.

5- La guinda de la torta la llevó su concepción sobre narcotráfico y crimen organizado. El señor donoso señaló que "donde no hay empresas o donde hay muy pocas empresas y el Estado se le complica, es donde en realidad aparece lo peor de la sociedad. El narcotráfico, el terrorismo se toma el control de las comunidades". Pese a la gravedad de estas declaraciones, y el emplazamiento que otras personas ya le han realizado públicamente mediante columnas de opinión y cartas abiertas, el Gerente de Aclara no ha salido a dar explicaciones. Pues bien, déjenos decirle que si hay actividades que han potenciado en América Latina el crimen organizado y el narcotráfico son precisamente actividades extractivas, como lo es la minería ilegal. Es más, los extractivismos muchas veces necesitan hasta de la corrupción política para poder potenciar sus actividades, cuestión a la cual el proyecto minero de Aclara también está expuesto. Pero no solo eso; el señor Donoso nombra específicamente a territorios de Wallmapu como Tirúa y Alto Biobío, los cuales han vivido profundos impactos por actividades económicas propias del modelo forestal o el negocio energético, deslizándolos como ejemplos donde podría el narco y terrorismo tomar "el control de comunidades", pero nada dice sobre la criminalización que han vivido defensores ambientales, como lo es el caso de los jóvenes que defienden el Río Biobío del proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue que fueron querellados por una empresa china, el mismo proyecto que está incluido en el tan aplaudido Plan de Fortalecimiento Industrial.

Estos puntos los planteamos ante una nueva oleada de validación que busca establecerse en torno al proyecto minero ante la anunciada presentación de Adenda mediante la cual debe dar respuesta a las observaciones ciudadanas. De ahí que este lobo intenta vestirse de oveja para verse más amigable, pero en el Biobío desde hace años que sabemos que no queremos este tipo de "actividades" en nuestros territorios. 

Hemos aprendido de las luchas socioambientales; ya es momento de que las empresas dejen su terquedad y efectivamente escuchen la voz de comunidades y organizaciones.

¡NO EXISTE LA MINERÍA RESPONSABLE!

¡PENCO SIN MINERA!

Articulación de organizaciones socioambientales del Biobío ante Plan de Fortalecimiento Industrial