Este viernes, el periódico vespertino del grupo Edwards, La Segunda, filtró los debates al interior de palacio de gobierno que buscan con urgencia generar una ley corta de salvataje del fracasado sistema de ISAPRE, beneficiando a los grupos económicos controladores en perjuicio de los centenares de miles de usuarios y usuarias de las mismas.

Por Joaquín Pérez

La filtración de noticias de palacio a través de medios de comunicación ligados a los grupos de poder económico, viene a ser una costumbre en este gobierno, que se presentó a las elecciones como una supuesta opción de izquierda.

Por lo general, estas filtraciones tienen asidero y se efectúan para preparar el terreno para el anuncio, así que es de esperar que en muy pocos días, el Gobierno de Gabriel Boric anuncie, efectivamente, el salvataje del negocio de las ISAPRE.

Todo ello a costas, no precisamente, del Estado, sino directamente, del bolsillo de los usuarios y usuarias del propio sistema, a quien la justicia dictaminó que se les había realizado cobros excesivos indebidos.

Esta idea del perdonazo descarado a los dueños de las ISAPRE, se viene fraguando desde mediados de febrero desde el Ministerio de Salud y Hacienda.

Para David Debrott, economista experto en políticas de salud, durante estas últimas semanas se ha venido generando las condiciones, desde el Ministerio de Salud, para invalidar el cálculo que hizo la Superintendencia de Salud, organismo que tiene toda la información oficial para hacer el cálculo de la deuda de las ISAPRE, agregando que el Minsal en la actualidad: "ha generado un escenario para invalidar ese cálculo del organismo técnico, que determinó que el monto eran 1.400 millones de dólares desde abril del 2020 hasta los primeros meses del 2023, a lo que habría que sumar los montos hasta el día de hoy, pues las ISAPRE siguen cobrando a pesar del fallo de la Suprema".

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En el fondo, el Ministerio de Salud ha tratado de desacreditar las cifras otorgadas por la Superintendencia de Salud e intenta imponer un monto determinado por los propios condenados en el fallo de la Corte Suprema.

En palabras de Debrott: "a los dueños de las ISAPRE, o sea, los culpables de un delito de apropiación indebida de fondos, es a quien se le va a preguntar cuál es el monto de la deuda. Y estas empresas, a mitad de febrero ya dijeron cuanto aceptaban como monto de la deuda, sobre la base de una montonera de artilugios, que no tienen ningún respaldo técnico y que ellos determinan en 100 millones de dólares. O sea menos del 10% del monto real determinado, objetivamente, por la Superintendencia de Salud".

Consultado Debrott sobre quien dirige esta maniobra al interior del gobierno, el economista señal claramente: "Esto está avalado y amparado por el Ministerio de Salud, ellos pretenden que el presidente despache al Congreso, la próxima semana, un proyecto de ley corta en esta línea. Que no es otra cosa que evitar que se cumpla el fallo de Corte Suprema en contra de los cobros indebidos de las ISAPRE".

Debrott además ha sido claro en señalar en diversas instancias, sin que nadie lo refute o desmienta – ni desde el gobierno, ni desde las ISAPRE-, que la crisis financiera de las prestadoras de salud privada no se origina con este fallo de la Corte Suprema del 30 de Noviembre del 2022, sino en septiembre de 2021. Como señala el economista: "esta es una crisis de fondo que se arrastra desde septiembre del 2021 cuando comienzan a solicitar liberaciones de garantía que solo han ido creciendo y que desde la Superintendencia de Salud se las han autorizado".

Las garantías a las que se refiere el entrevistado, corresponden a los activos financieros que las ISAPRE deben si o si tener respaldados, todo ello en caso de que las prestadoras deban responder financieramente a quienes les adeudan dinero, en un escenario de posible quiebra. Es por esto que la liberación de estas garantías se permite en situaciones excepcionales y no habitualmente, como se comenzó a autorizar desde 2021.

Entre septiembre y diciembre del 2021, las ISAPRE solicitaron y se les liberaron 77 mil millones de pesos (en un escenario económico normal no hay liberación de garantías); en el año 2022 todos los meses hubo liberaciones, que sumaron montos de más de 635 mil millones de pesos -esto es un 720% de aumento en el monto de liberación de garantías-. "Este año 2023 entre enero y marzo han seguido las liberaciones de garantías y el monto en un trimestre es de 313 mil millones de pesos, o sea, solo en este primer trimestre ya se liberó la mitad de todo lo liberado el 2022." esgrime Debrott. Y fustiga que: "esto es de un irresponsabilidad enorme y no tiene nada que ver con el fallo de la Corte Suprema en contra de las ISAPRE por cálculo por tabla de factores y lo que en el fondo este salvataje oculta, es la crisis que todo el sistema de ISAPRE vive de hace mucho tiempo antes".