[resumen.cl] Mediante la asistencia de representantes a la Comisión de Ética de la Convención Constitucional, el Movimiento por el Agua y los Territorios exigió que las y los convencionales que cuenten con conflictos de interés por derechos de propiedad y acaparamiento de aguas -los cuales serían al menos doce- sean inhabilitados de la discusión relacionada con la desprivatización de los bienes comunes.
El pasado miércoles , en el marco de la intervención de organizaciones sociales en las distintas comisiones de la Convención Constitucional, representantes del Movimiento por el Agua y los Territorios asistieron a la Comisión de Ética para exponer acerca de las implicancias de conflictos de interés por derechos de propiedad y acaparamiento de las aguas.
A partir de una investigación publicada por Ciper, al menos doce convencionales son los que poseen derechos de aguas inscritos a su nombre o en relación a familiares y sociedades a las cuales se encuentran vinculados.
Fotografía: Agrupación Juvenil Semillas del Lirquen Rucalhue
Ante esta situación, desde el MAT exigieron aplicar estándares éticos durante la discusión del proceso constitucional, refiriéndose concretamente a la inhabilidad de quienes cuenten con un vínculo de derecho de propiedad y acaparamiento de las aguas, solicitando «no dejar al amparo de la autorregulación de dichos convencionales».
Así, desde el MAT plantearon que estos convencionales no puedan participar en la votación ni en las comisiones que elaborarán las propuestas donde se encuentren presentes sus conflictos de interés.
En su intervención posteriormente publicada plantearon que «tiene que existir un órgano fiscalizador y debe ser independiente, transparente y libre de presiones externas, eliminando el riesgo del uso discrecional de los recursos por convencionales u otros actores».
Nicolás Quiroz, vocero del MAT explicó a RESUMEN que la exigencia apunta a la inminente discusión que se realizará sobre la desprivatización del agua y los bienes comunes en general, «creemos que tiene que existir estándares éticos basados en el buen vivir que nos señalen que no pueden existir estos conflictos de intereses», considerando lo ocurrido durante las últimas décadas en el país, evitando la profundización de la corrupción y la presión de la libre empresa sobre la política pública.
En este sentido, Quiroz fue enfático en indicar que «todo el comportamiento de los convencionales al interior de la Convención tienen una directa repercusión en los territorios, sobretodo en los territorios en sacrificio».
Lee la intervención completa a continuación:
Estimadas/os integrantes de la comisión de Ética de la Convención Constitucional
El Movimiento por el Agua y los Territorios es un movimiento plurinacional que se extiende desde Arica a Punta Arenas, cuyo despliegue se encuentra en los territorios que sufren el extractivismo manifestado en inmobiliarias, agroindustria, mega minería, forestales, industrias pesqueras entre muchas otras, como también en territorios que avanzan hacia el buen vivir, desarrollando la agroecología, la soberanía alimentaria y la gestión comunitaria.
Somos un movimiento que levanta alternativas económicas y culturales que se contraponen a las nefastas practicas del capitalismo y su modelo neoliberal. Por lo tanto, en esta Convención Constitucional creemos que los intereses de las grandes empresas tienen que estar fuera de la discusión en temas tan relevantes en torno a la recuperación de los derechos sociales y la desprivatización del agua.
Hay que establecer inhabilidades de las y los convencionales cuando tengan estos conflictos de interés tanto personales como también a la vinculación de intereses de terceros. Entendemos que hay criterios mínimos para inhabilitar a un/a convencional cuando esté vinculado a la apropiación de los bienes comunes como lo es el agua.
A principio de este año 2021 se publicó en un artículo de Ciper que convencionales tienen conflicto de interés en torno a la propiedad del agua. El catastro arrojó que al menos 12 convencionales poseen derechos de aguas inscritos a su nombre, o bien de sus familiares directos o de sociedades con las que están relacionados. Esto, según los registros públicos de la Dirección General de Aguas (DGA), de extractos publicados en el Diario Oficial y de las declaraciones de los propios convencionales.
Tienen que existir estándares éticos donde la inhabilidad este vinculada cuando estos intereses y la vinculación con derechos de propiedad y acaparamiento del agua o de cualquier otro bien común este afectando a una comunidad, a la naturaleza y los bienes comunes en su conjunto. Por lo tanto, apostamos a la creación de un órgano interno y/o externo de la Convención que pueda controlar y ejercer un control en el conflicto de intereses y no dejar al amparo de la autorregulación de dichos convencionales, como sí lo establece el artículo 147 del reglamento de la actual cámara de diputados que ha nuestro parecer es un artículo insuficiente.
La Convención tiene que consagrar derechos y, por lo tanto, el buen vivir pasa a ser un eje fundamental desde nuestra mirada como movimiento, entendemos el buen vivir como una perspectiva de equilibrio entre los pueblos y la naturaleza buscando principios de armonía con nuestro entorno, que a nuestro parecer se ven amenazados por la práctica extractivista que viola sistemáticamente los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza. Es decir, todas las discusiones y votaciones al interior de la Convención como también el comportamiento ético de las y los convencionales, tendrán un fuerte impacto en los territorios en sacrificio y el desafío es resguardar que cualquier toma de decisión al interior de la Convención este libre de presiones particulares y de libre mercado.
VI Marcha Plurinacional por el Agua y los Territorios (2018) | Fotografía: OLCA
Apostamos por una ética biocéntrica y de la suficiencia, ética plurinacional ética antipatriarcal bajo la lógica de decrecimiento. Establecer estos principios de subsistencia y bioéticos nos ayudan a despojar las actividades de carácter extractivista de la Convención.
Como movimiento entendemos que la recuperación del agua juega un rol clave en el funcionamiento del extractivismo ya que todas las áreas necesitan este bien común para continuar con la política depredadora de los ecosistemas, como lo ha sido la agroindustria, la megaminería, forestales e inmobiliarias.
Los extractivismos han fomentado la corrupción acabando con las bases democráticas de nuestros territorios, donde la injerencia de autoridades del Estado bajo presión de privados a tendido a crear un marco legislativo que ha privilegiado la propiedad privada sobre los derechos sociales y los derechos de la Naturaleza.
Tiene que existir una actitud proactiva para delimitar el voto para un o una convencional a través de estándares éticos. El estándar ético debería crear criterios de comportamiento de las y los convencionales, promoviendo la inhabilitación con el objetivo de prevenir la corrupción y la violación a los Derechos Humanos que se desarrollan en nuestras comunidades, ya que toda decisión técnica tiene una repercusión social y política en los territorios, la cual ha dejado los ríos sin agua, los cerros sin bosques nativos y las comunidades sin bienes comunes naturales para la reproducción de la vida.
Según el informe del PNUD de marzo del 2021 y la experiencia comparada de los procesos constituyentes de otros países, nos señala que tiene que existir un comportamiento dentro de la Convención, donde las normas de conducta e integridad buscan limitar y promover un comportamiento ético, prevenir y sancionar actos de corrupción, faltas de probidad, conflictos de intereses, entre otros, cuando se actúa buscando solamente el interés personal o influenciados por otros intereses ajenos al interés público.
Una vez establecidas las normas, puede diseñarse una estrategia de difusión y capacitación para las personas sujetas a estos estándares, y un mecanismo que facilite la comunicación de dudas, inquietudes o denuncias, que permita dar pronta solución a situaciones en las que se ponga en riesgo el estándar de conducta de la Convención.
Creemos que tiene que existir un órgano fiscalizador y debe ser independiente, transparente y libre de presiones externas, eliminando el riesgo del uso discrecional de los recursos por convencionales u otros actores. Por lo tanto, apostamos a la inhabilidad cuando existen convencionales con intereses particulares o de terceros. Estableciendo procedimientos que protejan la consagración de derechos sobre la consagración de la propiedad privada cuya base se sustenta en la Constitución de 1980 que tanto queremos acabar.
Nuestra idea es levantar estándares éticos que son entendidos como una serie de principios que den cuenta del funcionamiento como la toma de decisiones en la Convención Constitucional, junto a comportamientos éticos de reconocimiento y respeto a la plurinacionalidad y la diversidad de pueblos representados en esta Convención.
Dentro de los estándares éticos podemos mencionar la restricción y prohibición de las y los Convencionales, donde exista inhabilidad cuando exista conflictos de intereses sobre los derechos de agua, y se superpone las lógicas de acaparamiento de los derechos de agua vinculadas a actividades extractivistas.
Apostamos por una propuesta de actitud como estándares éticos. Como la ética del buen vivir, la ética de lo suficiente y lo biocéntrico, en como respetamos los Derechos de la Naturaleza, en el marco de proteger y restaurar lo dañado bajo la dinámica extractivista.
En definitiva, proponemos a que las y los convencionales aludidos no puedan votar en las situaciones de conflicto de intereses y tampoco participar en las comisiones que generen dichas propuestas.
Como MAT nos hacemos parte del Pacto Ecosocial del Sur que es una plataforma de movimientos latinoamericanos que hace referencia y desarrolla una crítica a las practicas extractivistas que han sido posible a causa de los mecanismos legales que la elite política y empresarial han construido durante estos años, frente a las practicas de corrupción que han socavado el bienestar de la sociedad. Por lo tanto, este pacto representa un referente internacional de estándares éticos en base a los cuales construimos nuestros argumentos.
Esperamos que la comisión establezca los mecanismos concretos de regulación de estos estándares éticos.
