[resumen.cl] Ambos ediles interpusieron recurso de protección para intentar detener la construcción de las obras de la central hidroeléctrica Rucalhue en el Río Biobío, proyecto energético de capitales chinos International Water and Electric Corporation, esto luego de la intensa campaña y movilización de las comunidades que rechazan esta intervención.

Una amenaza latente es la que existe en Rucalhue, territorio ubicado entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, ante las intenciones de una empresa china de instalar un nuevo proyecto hidroeléctrico que vendría a alterar el ya sobreintervenido Río Biobío. La comunidad local se opone a la empresa por los impactos socioambientales negativos a los ecosistemas y la población.

El proyecto de Central Rucalhue, que cuenta con su RCA aprobada desde 2016, pretende «una central hidroeléctrica de pasada con embalse, sin capacidad de regulación ‘donde el caudal entrante es igual al saliente de la central’».

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En este sentido, «considera la materialización de una presa aguas abajo de la confluencia de los ríos Biobío y Quilme, generándose un embalse que tendrá 6,5 km aproximados de extensión por el río Biobío y 1,2 km por el río Quilme y su superficie total será de 139 hectáreas que incluyen 72 hectáreas de los cauces actuales de ambos ríos».

Asimismo, sumado a las consecuencias ecosistémicas del proyecto, la población ha apuntado a diversas irregularidades de la iniciativa china en el territorio en términos de participación vinculante de las y los habitantes.

Actualmente, el proyecto no cuenta con la documentación necesaria para realizar obras en áreas específicas y en consecuencia para la intervención del Río Biobío, por lo que cualquier trabajo que se genere en estos lugares estaría en una fase de incumplimiento con la normativa legal.

Fue en este sentido y ante la intensa presión sociales, que los alcaldes tanto de Santa Bárbara como de Quilaco interpusieron un recurso de protección contra la obra y han manifestado públicamente su rechazo a ésta. El Director de obras de Quilaco señaló que "se pudo constatar en conjunto la transgresión de manera parcial del Art. 5.1.3 numeral 1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En el terreno se visualizaron distintos elementos que contravienen lo estipulado en el artículo señalado, estos son la presencia de bodegas, colocación de cierros, instalaciones para confección de hormigón y áreas de carga y descarga de material".

La acción legal busca que se dicte una Orden de No Innovar que permita detener las obras en ejecución.