Desde la ONU rechazaron tajantemente el proyecto de Ley Gatillo Fácil (denominado también por algunos como «Ley Naín-Retamal») por atentar contra los estándares de la comunidad internacional y dar garantías de impunidad para eventuales crímenes de Estado. "Lamentamos que un proyecto con tal impacto en los derechos humanos se tramitara de forma acelerada en la Cámara de Diputadas y Diputados, sin participación de especialistas independientes» señalaron.

Por Alejandro Baeza

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado esta tarde a las autoridades chilenas modificar el proyecto de Ley Gatillo Fácil, pues va en contra de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El jefe de ONU Derechos Humanos para América del Sur, Jan Jarab, señaló que la iniciativa «legítima defensa privilegiada» que automáticamente presumiría legítima defensa cuando policía use un arma de servicio, independiente del contexto,  "no se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos".

Desde la institución "empatizaron con la sociedad chilena y los cuerpos policiales por las pérdidas humanas que han sufrido en sus tareas contra el crimen", pero volvieron a hacer hincapié en que toda labor policial en cualquier país debe estar basada en el respeto a los derechos humanos.

También puedes leer | Amnistía Internacional y Ley Naín-Retama: «La decisión de la Cámara implica un serio retroceso en materia de DDHH»

A su vez, afirmaron que algunas propuestas del proyecto no dan una respuesta adecuada a los desafíos para hacer frente a la crisis de seguridad en materia de delincuencia: "La seguridad es un derecho humano que el Estado debe garantizar, y para ello la labor de las policías es fundamental. Pero el objetivo legítimo de fortalecer el combate al crimen no puede abrir espacios a nuevas violaciones de derechos humanos o a la impunidad", afirmó Jarab.

Como señalan distintas organizaciones nacionales e internacionales, la ONU indica que el proyecto la Ley Gatillo Fácil «reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad" en un contexto ya de por sí de impunidad rampante en materia de derechos humanos, por ejemplo, con las cientos de víctimas de las acciones represivas a las manifestaciones durante el Estallido Social.

Uno de los puntos más preocupantes para el organismo es la introducción de criterios subjetivos para la legítima defensa privilegiada:. "Esto es especialmente problemático en el contexto de protestas, donde el uso de armas letales es altamente riesgoso".

"Para ONU Derechos Humanos, lo propuesto también afectaría desproporcionadamente a individuos o grupos con menor acceso a recursos y asistencia legal, al entregar la carga de la prueba a las víctimas y familiares de casos donde se investigue un uso indebido de la fuerza", agregaron desde la entidad.

"Lamentamos que un proyecto con tal impacto en los derechos humanos se tramitara de forma acelerada en la Cámara de Diputadas y Diputados, sin participación de especialistas independientes o de la sociedad civil. Alentamos al Senado a dedicar la atención necesaria a esta discusión y a escuchar a distintos actores, con miras a que el resultado sea compatible con las obligaciones internacionales de Chile en derechos humanos", concluyó Jarab.