Durante la tarde de este miércoles y luego de días de mediatización de la muerte de la sargento, Rita Olivares, y del cabo primero, Alex Salazar, la Cámara, por amplia mayoría, aprobó el proyecto de ley Naín – Retamal. La iniciativa, que combina dos propuestas de ley y que pasó ahora al Senado, contempla, entre otros, el aumento de penas para quienes atenten contra funcionarios de Carabineros, PDI y Gendarmería, como la figura de la legítima defensa privilegiada. Esta última podría hacer retroceder a Chile en materia de DDHH, comentan desde organismos dedicados a esta materia, toda vez que consagra reglas que harán presumir la indiscutible autodefensa del agente del Estado al momento de disparar.

Por Juan Contreras Jara

Durante la tarde de este miércoles y de manera express, la cámara baja aprobó el proyecto de Ley Naín-Retamal, despachando al Senado un paquete de medidas que incluye, entre otros, el establecimiento de una presunción previa de legítima defensa al momento en que el funcionario dispare su arma de servicio. A la disposición antes mencionada, se le agregan medidas que amplían las sanciones contra quienes maten, hieren o maltraten de cualquier forma a un funcionario de las Fuerzas de Orden y Seguridad, pudiendo llegar incluso al presidio perpetuo.

Todas estas disposiciones se aprobaron en tiempo record, pocas veces visto en la Cámara y formaron parte de una serie de medidas adoptadas durante esta semana, luego de que los y las diputadas decidieran suspender la semana distrial para legislar en materia de seguridad.

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Si bien las problemáticas de seguridad son cada día más latentes en la sociedad, por lo que se requiere legislar en la materia, nada de las normativas contenidas en la Ley Naín-Retamal atañe a la ciudadanía, sino que apunta únicamente a Carabineros, PDI y Gendarmería.

Las reacciones desde el mundo de los Derechos Humanos

Sobre la aprobación del proyecto en la Cámara, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, expresó que, «no corresponde que se trate de avanzar en orden, en seguridad, en la prevención del delito, a costa de los DDHH. Ese es el camino que está tomando, por ejemplo, Bukele en El Salvador, y no es un camino que finalmente lleve, ni a erradicar la violencia, ni al pleno respeto de los DDHH».

Por su parte, desde la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, la abogada, Mariela Santana, enfatizó en que, «representa un retroceso, porque garantiza prácticamente la impunidad para Carabineros en su actuar. Significa validar y naturalizar la violencia del Estado y es precisamente el Estado el que ejerce el monopolio de la fuerza con sus aparatos represivos. La reparación del daño, del dolor o de la muerte, es la justicia. No se consigue con venganza o impunidad a priori».

Tal y como sucedió al momento del fallecimiento en servicio de los funcionarios Naín y Retamal, quienes le dan nombre a esta ley, sectores políticos, principalmente de derecha, han utilizado sus muertes para cuestionar incluso el límite que imponen los DDHH al actuar de las Fuerzas de Orden.

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Lo anterior, olvidando el uso excesivo de la fuerza, las torturas, traumas oculares, detenciones ilegales, entre otras varias violaciones a los DDHH, perpetradas por estas mismas fuerzas de orden, bajo la normativa vigente, por ejemplo, durante el Estallido Social.

Según cifras del Amnistía Internacional, las agresiones por parte de agentes del Estado durante la Revuelta asciende a las 8 mil víctimas, de estas, aproximadamente 400 corresponden a personas afectadas con trauma ocular. En el informe sobre responsabilidad penal de los mandos de Carabineros, el organismo manifiesta que, «estas violaciones generalizadas podrían demostrar un patrón de conducta que revela una intención de dañar a las personas manifestantes con el fin de acallar la protesta».

En esta línea, agregan que, «si esta propuesta legislativa se terminara aprobando, de la misma forma en que está hoy en el Congreso, claramente implicaría un retroceso en materia de DDHH, puesto que podría significar que muchos casos de violaciones a los Derechos Humanos quedaran en la impunidad».

En particular, Bustos hizo mención a la legítima defensa privilegiada, situación que podría propiciar una suerte de gatillo en las policías. Por ello, aseveró que, la decisión de la Cámara, «implica un serio retroceso en materia de DDHH, porque establece una suerte de presunción legal respecto de las actuaciones de las policías, aun cuando pudiera haber afectaciones a los Derechos Humanos».

Por su parte, desde CODEPU, hacen mención a las situaciones de violación a los DDHH durante el Estallido y la Ley Naín-Retamal, afirmando que, «respecto de su eventual invocación por parte de las defensas de violadores de Derechos Humanos en el Estallido, por ser la norma más favorable o in dubio pro reo, hay que señalar la importancia que tiene, tanto en el acceso a la justicia, como en la investigación de los delitos y su posterior juzgamiento, que sean abordados con perspectiva en DDHH, con el respeto al principio Pro Homine como eje central».

Mariela Santana se refiere a un posible choque jurídico entre esta normativa y los acuerdos firmados por Chile, acotando que, «existen tratados internacionales sobre DDHH que tienen rango constitucional y, por tanto, tienen mayor jerarquía respecto de la ley común».

El polémico proyecto ahora debe discutirse en la Cámara Alta, desde donde se podría amarrar una legislación que, según ambos organismos, implicaría un retroceso en materia de DDHH, llevando a Chile al camino adoptado por Bukele en El Salvador.

En cuanto a la movilización social y la Ley Naín-Retamal, desde Amnistía Internacional hacen hincapié en que, «una normativa como esta, sería un obstáculo para el ejercicio del derecho a la protesta. En Chile ya tenemos regulaciones legislativas que son un obstáculo para ella. No tenemos una ley que regule el derecho de reunión y tener ahora, una nueva normativa que establezca esta legítima defensa privilegiada para los policías, en casos que pudiesen ser violaciones a los DDHH, implicará una nueva traba al ejercicio de manifestarse».

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