El asesinato de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares Raio, el pasado domingo por un disparo en la cabeza tras acudir a un procedimiento por robo en lugar habitado en Quilpué, se ha tomado la agenda. El lamentable homicidio de la funcionaria, además de querer ser utilizado indolentemente para fines políticos, se convirtió inmediatamente en un show televisivo: Matinales en cadena nacional para una cobertura lacrimógena y sensacionalista de un hecho sin dudas terrible.

Olivares acudió en una patrulla que fue recibida, según pericias preliminares a cargo de la PDI, por al menos 30 disparos por parte de los delincuentes que huían del lugar, uno de estos llegando a la cabeza de la funcionaria policial. Por ello es que la investigación debe enfocarse en cómo pudieron obtener tal poder de fuego y cantidad de municiones para disparar, pues esas armas salieron de alguna parte.

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Es muy preocupante el aumento tanto de la cantidad de armas de fuego en bandas criminales, así como su nivel armamentístico.

Según declaraciones emitidas en febrero de 2022 por el presidente de la Asociación de Fiscales de Chile, Francisco Bravo, la tasa de homicidios en Chile ha aumentado un 100% en los últimos 10 años. «De un 2,6 cada 100 mil habitantes llegamos a un 5,7 cada 100 mil habitantes».

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Para el representante de los persecutores del Ministerio Público, también es preocupante que el esclarecimiento de los casos de homicidio ha disminuido en un 30%, lo que se relacionaría en parte, con la existencia de bandas de crimen organizado que tienen incorporado entre sus acciones este modo de operar.

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«Esto se debe a varios factores. Uno de los factores tiene que ver con que hoy los homicidios que se cometen sobre un 40% con arma de fuego, son cometidos por bandas criminales. Es decir, en Chile está instalado ya, hace algunos años, el crimen organizado, lo que hace mucho más dificultoso investigar estos casos» indicó entonces.

En este sentido, el crecimiento de los asesinatos con armas de fuego también tiene su correlación en el aumento en la sustracción y el tráfico de este tipo de armamento y municiones desde recintos policiales y militares.

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Una investigación de Ciper, analizó 38 casos de este tipo de robos de Carabineros, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contabilizando a 54 funcionarios implicados en el tráfico de los artefactos en la última década. Según los testimonios de los propios condenados ante la Corte Marcial de Santiago, las armas se vendían en el mercado negro normalmente a traficantes de drogas.

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Tampoco la PDI ha estado exenta de esto, pues hace un año reportaban la «desaparición» de 56 armas de sus dependencias en sólo un año.

Por ende es urgente aumentar el control civil sobre las Fuerzas Armadas y las policías no solamente para evitar se sigan cometiendo desfalcos y fraudes al fisco, así como protección a violadores de derechos humanos, sino también para frenar esta infiltración del crimen organizado que está aumentando el tráfico de armas y la alarmante cifra de de asesinatos.

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Asimismo, el lamentable asesinato de Olivares debe imperiosamente, más allá del show mediático, hacer reflexionar sobre el rol de las policías en Chile y particularmente en el caso de Carabineros, cuya función está más enfocada al control social y no a combatir la delincuencia.

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Así quedó demostrado durante la revelación del llamado «paco leaks» en octubre de 2019, en pleno Estallido Social, donde hackers hicieron públicos cientos de expedientes policiales de inteligencia que demostraron la cantidad de horas, funcionarios y recursos destinados al seguimiento de dirigentes ambientales, estudiantiles, incluso de agrupaciones de personas enfermas de cáncer, esfuerzo que bien podría ocuparse en el combate del crimen organizado o el narcotráfico. La institución deriva gran cantidad de recursos e insumos no en la prevención del delito, sino en ser una policía política.

Estos datos nos demuestran que no es prioridad de Carabineros de Chile el hacer frente a la delincuencia, haciendo que cuando esto ocurre funcionarios y funcionarias expongan su vida. Se enfocan en perseguir manifestaciones sociales dejando actuar y crecer bandas criminales, un grave problema que cada vez cobra más víctimas.

De hecho, han habido casos en que se les acusa derechamente de proteger a delincuentes que han agredido a manifestantes. Sólo por poner un ejemplo, el 25 de marzo de 2022, en el barrio Meiggs un grupo lumpen le dio una golpiza a un grupo de secundarios que participaba de una protesta, dejando a un estudiante de 16 años en estado de suma gravedad. Desde entonces, su familia ha acusado a Carabineros de darles protección a estos delincuentes.

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La policía uniformada presenta una estructura que permite que esto pase. Es una policía política e ideologizada cuyo interés primordial es perseguir a disidentes políticos, activistas, líderes sociales o de pueblos originarios. Incluso a quiénes los critican públicamente, como periodistas que han destapado episodios de corrupción. Por eso es que fallan una y otra vez en el control a delincuencia y son uno de los principales responsables en el aumento de ésta en el país durante los últimos años. Por eso también es que cometen errores tan graves en procedimientos, a veces exponiendo a la población civil o entregando material insuficiente y malo a las fiscalías, una queja constante del Ministerio Público. En resumen, no saben hacer bien su trabajo.

Tanto es así, que han asumido posiciones deliberantes opinando de la gestión del Gobierno, pese a que la Constitución se lo prohíba.

Es importante señalar que en su discurso de dar más atribuciones y «respaldo» que vociferan sectores políticos y sus medios de comunicación se esconde algo más profundo. Están utilizando este crimen como doctrina del shock para aprobar la «Ley gatillo fácil» en el Congreso o "Ley Naín-Retamal", proyecto que pasó a segundo trámite legislativo al Senado y que, entre otras cosas, aumenta las atribuciones y el derecho a usar sus armas de servicio.

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Atribuciones para usar armas tienen. Es más, las usan constantemente. Sólo por dar un ejemplo reciente, en el crimen ocurrido en Concepción en que resultó asesinado un carabinero producto de la embestida de un automóvil, los policías presenten utilizaron sus armas de servicio, pues el vehículo presenta impactos de bala. No obstante, ninguna de éstas logró cumplir con su objetivo de detener al conductor con el triste resultado que todos conocemos. Es decir, utilizaron sus armas de manera ineficaz, no profesional.

También se pueden considerar las más de 400 víctimas de trauma ocular producto del accionar policial durante la represión a las manifestaciones sociales del Estallido Social, así como las decenas de funcionarios policiales condenados, y otros tantos más imputados, por «violencia injustificada» u homicidio frustrado por disparar a personas que asistían a las marchas.

Es decir, lo que se esconde entonces tras este discurso  y el posicionamiento de la «ley gatillo fácil» es que quieren poder usar sus armas sin tener que enfrentar consecuencias. E hilando más fino, lo que en el fondo quieren es tener la certeza que podrán tener impunidad para violar los derechos humanos, porque como ha quedado claro, ven las manifestaciones como delincuencia y es su principal interés, por lo que entonces creen que debe ser reprimida con sus armas de servicio sin consecuencias legales.

Dentro de todo este coro oportunismo político y declaraciones grandilocuentes, la única voz de racionalidad fue la de la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, quien expresó que la mejor forma de combatir estos crímenes es impedir que lleguen las armas a las calles.

Por el bien del pueblo chileno, necesitamos de manera urgente una policía que sea profesional y cumpla de una vez por todas su función principal: Combatir la delincuencia.

Resumen.