Por Alejandro Baeza

La supuesta necesidad que el actual Congreso electo con la Constitución de Pinochet tenga que aplicar reformas a la nueva Constitución antes de su entrada en vigencia, es una de las ideas que la clase política ha intentado instalar como parche antes de la herida ante el eventual triunfo del Apruebo, en lo que han llamado «aprobar para reformar», imponiendo de facto una Convención Mixta que el pueblo ya rechazó apabullantemente en el plebiscito de 2020. Sin embargo ¿es esto lo que quiere la población o es un intento de la elite por pasar nuevamente por encima de la soberanía popular?

La idea de una Constitución redactada de manera conjunta entre delegados electos para este propósito y representes del Congreso ya estuvo presente en la segunda papeleta del plebiscito de 2020 (llamado «plebiscito de entrada»), donde el 80% de la población dijo que no en una profunda desconfianza no sólo a la clase política, sino a toda la institucionalidad del Estado, por ello es que se creó la Convención Constitucional que en un año de trabajo creo la propuesta que el próximo 4 de septiembre solo tiene dos opciones: Apruebo o Rechazo, nada más, sin ninguna otra interpretación.

Este «aprobar para reformar» ha sido una jugada, en cierta medida, exitosa por parte de la elite, pues ha logrado posicionarla en los medios de comunicación, el debate e incluso ha sido aceptada por representantes del Gobierno. No obstante, es una idea que sólo circula en los pequeños círculos del poder que no tiene un correlato en los sectores populares que se manifiestan y hacen campaña por el Apruebo. No hay ninguna bandera, lienzo o cántico que apunte a este sentido, nadie en las calles está pidiendo que vuelva el Senado, por dar un ejemplo de las reformas que quieren «corregir».

Si la clase política transforma de aquí a cuatro años esta propuesta a través del Congreso, será una imposición de una Convención Mixta, pisoteando la soberanía popular.

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No obstante, y quizás aun más importe, que un poder saliente de una Constitución ilegítima, impuesta en dictadura en base al atropello a los derechos humanos, que fue defenestrada abrumadoramente por la población en las calles, tenga atribuciones para realizar reformas a un nuevo pacto social, el primero legítimo y democrático en 200 años, es un hecho a todas raro en la historia del constitucionalismo mundial (en gran medida porque la misma Convención Constitucional no fue capaz de defender su trabajo).

Desde la formación de los Estado-Nación modernos y en todos los tratados de filosofía-política base en las democracias liberales se estableció que la soberanía popular está por encima de cualquier poder del Estado y son los pueblos a través de un proceso constituyente quienes establecen la institucionalidad. Así se ha hecho en todos los procesos del mundo, Chile sería un caso totalmente atípico al aceptar que los poderes constituidos en retirada tengan autoridad sobre el nuevo pacto social.

Lamentablemente, fue la misma Convención que permitió pudiera suceder esto al aprobar un artículo transitorio que establece que «hasta el 11 de marzo de 2026, para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional, se requerirá del voto favorable de cuatro séptimos de las y los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado», siendo en algunos ámbitos necesario además un plebiscito.

Es decir, que instituciones de la Constitución de Pinochet -el poder constituido- para imponerse por sobre el poder constituyente. Una intentona a todas luces de carácter antidemocrático, no porque el actual Congreso no tenga legitimidad, sino porque, por una parte, corresponde precisamente a la institucionalidad que quiere ser cambiada de raíz, como expresaron las contundentes manifestaciones sociales a partir del 18 de octubre de 2019, y, por otro lado, impone de manera fáctica una «Convención Mixta».

El Congreso electo con la Constitución de Pinochet, pese a que legalmente «pueda», no debe ni tiene la legitimidad para tocar la nueva Constitución. Todo cambio debe hacerse con la institucionalidad del nuevo pacto social. No podemos permitir que nuevamente la elite pase por encima de la soberanía popular. Y que quede claro: Nadie, absolutamente nadie, ha pedido un «aprobar para reformar».