En Penco el mar todavía marca el ritmo de la vida. En Lirquén, las cocinerías siguen levantando temprano sus cortinas para preparar pescados, mariscos y empanadas frente a una costa que alimenta a generaciones completas. En los cerros sobreviven relictos de bosque nativo donde aún resisten especies amenazadas como el queule, el pitáo y el naranjillo. 

Por Isabel Díaz Medina Periodista de OLCA

Más arriba, en sectores rurales de Tomé, pequeños agricultores continúan sembrando papas, trigo, hortalizas y criando abejas en predios trabajados por familias desde hace décadas.

Pero hace unos diez años algo comenzó a alterar esa vida cotidiana. Primero aparecieron sondajes, monolitos y movimientos extraños en los cerros. Luego llegaron reuniones técnicas, estudios ambientales, campañas publicitarias y promesas de empleo. Finalmente apareció con claridad el nombre que hoy divide al territorio: Aclara Resources, la empresa canadiense que busca instalar en Penco un proyecto de extracción de tierras raras, minerales estratégicos para la industria tecnológica, militar y energética global.

Desde entonces, organizaciones sociales, patrimoniales, campesinas, ambientales, comerciales y turísticas comenzaron a articular una resistencia que hoy se ha transformado en uno de los conflictos socioambientales más emblemáticos del Biobío.

Para quienes habitan este territorio, la discusión trasciende lo ambiental y se ha transformado en una disputa política por el modelo de desarrollo que se busca imponer en la zona, por la defensa de las economías locales y por el derecho de las comunidades a decidir sobre su futuro. 

Para comprender esa resistencia, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) conversó con cinco dirigentes y representantes del mundo gastronómico, patrimonial, campesino, comercial y ambiental de Penco, Lirquén y Tomé, quienes desde distintos espacios coinciden en una misma preocupación: impedir que el territorio sea convertido en una nueva zona de sacrificio al servicio de intereses extractivos internacionales. 

“No queremos cambiar nuestra identidad por una minera”

En Lirquén, Juan Sánchez San Martín mira el conflicto desde la cocina y desde la historia. Es presidente de la Asociación Gremial Gastronómica Turística Barrio Chino-Lirquén y habla con la convicción de quien siente que el proyecto amenaza directamente la forma de vida de la comuna. “Nosotros potenciamos el turismo. Y el turismo no va de la mano con una minera, que es pura contaminación para el medio ambiente y con lo que nosotros producimos nuestros alimentos”, dice.

En el sector gastronómico y turístico la preocupación es el impacto de economía local, de trabajo y de continuidad histórica. Lirquén y Penco llevan más de dos siglos construyendo una identidad ligada al mar, la cocina y el encuentro comunitario. “Este barrio tiene una historia de más de 200 años de sector gastronómico turístico. Entonces es una historia que no podemos dejar morir porque viene una minera a instalarse en nuestro sector”, afirma Sánchez.

Para él, el problema es ambiental y también cultural. “Nosotros no queremos cambiar eso. Queremos seguir siendo un sector gastronómico turístico y no nos interesa ser un sector industrializado ni minero”.

Mientras habla, vuelve una y otra vez la idea del territorio como herencia. “No podemos ser egoístas. Tenemos que pensar en las nuevas generaciones. Defender nuestro territorio. No dejar que venga alguien con plata y te instale algo que tú no quieres”.

En Penco se recuerda constantemente que en la consulta ciudadana realizada por el municipio, cerca del 99% de quienes participaron rechazaron el proyecto minero. “Nadie lo quiere acá”, insiste Sánchez. “Y el gobierno debería escuchar a la gente que quiere vivir sin contaminación”.

La comunidad que tuvo que aprender sola

Jaime Robles Rivera, presidente de la Sociedad de Historia de Penco, lleva años investigando el patrimonio local. Pero la irrupción del proyecto minero obligó a la organización a involucrarse en algo más que archivos y memoria histórica. “Uno se iba enterando por gotero de lo que estaba ocurriendo en los cerros de Penco”, recuerda.

Para Robles, uno de los aspectos más graves del conflicto es la desigualdad entre las comunidades y las empresas. “La institucionalidad ambiental le deja el peso de la vigilancia a la comunidad, pero con los recursos propios de cada vecino de a pie”, dice.

Mientras la empresa Aclara Resources cuenta con equipos técnicos, abogados y financiamiento, las organizaciones deben estudiar documentos complejos, organizar asambleas, imprimir folletos y reunir firmas con recursos mínimos. “La contrapartida son vecinos que tienen que reunirse en su tiempo libre, con plata para la fotocopia, para el lienzo, para la marcha”.

Con los años, la comunidad comenzó a familiarizarse con conceptos técnicos, impactos ambientales y procesos mineros. Aprendieron leyendo estudios, observando experiencias en otros territorios y revisando los propios documentos de la empresa.

Robles insiste en que el problema de fondo es cómo se concibe hoy el desarrollo. Recuerda que históricamente existieron actividades productivas en Penco, pero bajo otra relación con el entorno. “La producción antes tenía una escala sustentable. Hoy las cosas se industrializan a un nivel exagerado”.

Habla del antiguo funcionamiento de la refinería CRAV, que protegía bosque nativo porque necesitaba conservar agua para operar. “No era arrasar por arrasar”.

Por eso, cuando piensa en lo que está en juego con Aclara, menciona algo que pocas veces aparece en los estudios ambientales. “El amor propio”, dice.

“Cuando una comunidad dice que no quiere un proyecto y aun así se insiste en imponerlo, lo primero que ocurre es que se le pasa a llevar. Somos una comunidad atropellada, no considerada”.

Después viene la preocupación ambiental. La extracción minera se proyecta sobre la cuenca del estero Penco, una reserva estratégica de agua para el futuro de la comuna. “Donde hay agua hay vida y hay ciudades”, destaca Robles.

Y luego aparecen las cifras que inquietan a la comunidad: 320 toneladas de arcilla removida por hora. “¿Cuánto va a ser más grave cuando empiecen a arrastrar las lluvias toda esa tierra removida?”, pregunta.

“La soberanía alimentaria está en riesgo”

En el sector rural de Tomé, Violeta Cartes Pérez comenzó a notar movimientos extraños hace más de una década. “Empezamos a ver sondajes de agua, monolitos instalados en caminos rurales y terrenos particulares”, recuerda.

Poco a poco fueron entendiendo que se trataba de estudios asociados a tierras raras. Desde entonces, las organizaciones campesinas comenzaron a organizarse. “Tomamos alerta porque entendimos que Penco es solamente la puerta que están buscando para abrir todas estas explotaciones”.

Violeta preside la Agrupación Social Campesina por el Progreso Rural y habla desde la experiencia de la agricultura familiar campesina. “No somos grandes agricultores, pero sí producimos alimentos”.

En la zona se cultivan papas, trigo, maíz, porotos, hortalizas, flores y miel. También existen viñas y producción agroecológica. “Estamos asegurando alimentación para nuestra comuna y otras cercanas”. Por eso la amenaza minera se vive como un riesgo directo a la soberanía alimentaria. “Está en riesgo el agua, la tierra, los árboles nativos y toda la diversidad natural que tenemos”.

La preocupación también tiene una dimensión generacional. “Vamos a defender lo que podamos dejarle a nuestros nietos y bisnietos, porque si este proyecto minero avanza ellos no van a conocer lo que hoy nosotros tenemos”.

“Somos un territorio necesario para intereses internacionales”

En la Cámara de Comercio y Turismo de Penco el rechazo al proyecto también lleva años.

Adán Álvarez Rivera recuerda que incluso cuando el proyecto tenía otro nombre, el gremio ya mantenía una posición crítica. “Vemos que somos un territorio necesario para otros intereses, más que para nuestros propios intereses”, señala.

Habla de una sensación persistente de que detrás del proyecto existen presiones internacionales mucho mayores que las decisiones locales. 

Para él, la comuna ha comenzado a construir otra vocación económica vinculada al turismo, la historia y el patrimonio. “No somos una comuna industrial. El camino de desarrollo va por el aspecto turístico e histórico”.

Y frente a las promesas económicas de la minera, responde con un dicho popular: “Pan para hoy y hambre para mañana”.

La sensación de impotencia aparece varias veces durante la conversación. “Uno siente que hay presiones para sacar estos proyectos sí o sí”. Aun así, insiste en que las organizaciones continúan articulándose para intentar detenerlo.

“Nos van a dejar los cerros destruidos”

Arnoldo Cárcamo, integrante de Keule Resiste, habla desde la rabia y el desgaste acumulado.

Acusa que Aclara ha utilizado “palabras bonitas y estudiadas” para ocultar los impactos reales del proyecto. “Dicen que producen fertilizantes, pero lo que hacen es disfrazar lodos contaminantes”.

Durante años, Arnoldo y otros dirigentes denunciaron públicamente a la empresa. Eso terminó con acciones judiciales en su contra. “Nos acusaron por publicaciones que nunca hicimos”.

Finalmente, la Corte Suprema falló a favor de los defensores de la naturaleza. Pero el conflicto dejó una sensación permanente de hostigamiento.

Arnoldo insiste en que el principal problema es el carácter transitorio de la explotación minera. “Ellos van a venir, procesar y después se van a ir. Nosotros vamos a quedar con la contaminación y los cerros destruidos”.

Describe el proyecto como una minería itinerante de tajo abierto, que avanzará cerro tras cerro. Luego conecta el conflicto con la disputa geopolítica mundial. “Estados Unidos está desesperado por competir con China y Chile les está ofreciendo este producto prácticamente gratis”.

Finaliza con una frase que resume buena parte de la desconfianza territorial: “El corazón de la economía mundial está palpitando en torno a las tierras raras, pero Penco no va a recibir ese beneficio”.

La marcha como defensa del territorio

En medio del cansancio, los incendios forestales, la reconstrucción y años de conflicto, las organizaciones de Penco y sus alrededores preparan una nueva movilización. Este sábado 6 de junio marcharán desde Penco hasta Lirquén para volver a decir que no quieren convertirse en una zona de sacrificio.

En el territorio saben que enfrentan una disputa desigual: una empresa internacional, respaldo gubernamental, presión extractivista y una creciente carrera global por asegurar minerales estratégicos.

Pero también están conscientes que la resistencia en oposición al proyecto minero de tierras raras es una defensa del agua, del bosque nativo, de la agricultura campesina, de la pesca artesanal, del turismo local, de la memoria histórica y de la posibilidad de seguir habitando el territorio sin que la vida quede subordinada a los intereses del extractivismo global.

De esta manera, la movilización social se ha transformado en una defensa política de la soberanía territorial, del derecho a decidir sobre el futuro de la comuna y de la posibilidad de construir alternativas fuera de la lógica de las zonas de sacrificio.