11 jóvenes acusados por acciones de protesta contra el proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue continuarán en el proceso judicial que tendrá una nueva audiencia el 20 de septiembre. De parte de la defensa de al menos 7 personas, informaron que necesitarán tiempo para evaluar una salida alternativa mientras que Fiscalía decidió no perseverar en los delitos más graves que consignó inicialmente la empresa.

Por J. Arroyo Olea

Este miércoles se desarrolló en el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara la audiencia de formalización de la investigación que se lleva contra 12 jóvenes acusados de participar de acciones de protesta en 2021 relacionadas a la ocupación del terreno donde la empresa Rucalhue Energía SpA pretende instalar una central hidroeléctrica en el río Biobío.

La audiencia comenzó a las 09:00 y finalizó alrededor de las 11:00, donde más de 40 personas en las afueras del Juzgado acompañó a parte de las y los defensores del río que se presentaron de forma presencial. En esta, Fiscalía informó su decisión de no perseverar en delitos tales como secuestro, robo con intimidación y con violencia, como tampoco robo en lugar no habitado.

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Fotografía: Resumen

Ante esto, Patricia Cuevas, abogada de siete de los jóvenes procesados, informó que Fiscalía optó por «no perseverar en delitos más graves que habían sido querellados por los representantes de la empresa, y eso significa que la investigación no arrojó antecedentes suficientes»

Posteriormente, el Ministerio Público comunicó los cargos que se le imputan a las y los acusados los cuales se sintetizan en tres: usurpación violenta, amenazas y daños avaluados en 5 millones de pesos. Tras comunicar la oferta de una salida alternativa para la mayoría de las y los jóvenes -presentada hacia quienes no cuentan con antecedentes penales-, solo una persona decidió tomar esta oferta que se materializa en la suspensión condicional del procedimiento.

Afueras del Juzgado de Santa Bárbara | Fotografía: Resumen

Respecto a los 7 representados por Cuevas, la abogada informó que «no estaban en condiciones de tomar tan rápido una decisión tan importante respecto de esta causa, es una decisión jurídica que tiene que ser bien conversada», por lo que se solicitó una nueva fecha para discutir los antecedentes y ver con mayor detención una salida alternativa.

Asimismo, el resto de jóvenes que continuará el proceso -incluyendo a quienes no asistieron a la audiencia- serán 11 personas, quienes se encuentran citados a una nueva audiencia para el 20 de septiembre de este año. Mientras tantos, se encuentran vigentes medidas cautelares de no acercarse a presuntas víctimas (trabajadores de la empresa hidroeléctrica), no acercarse a inmediaciones de la empresa y arraigo nacional.

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Tras el término de la audiencia se realizó una marcha por las calles de Santa Bárbara que finalizó en las oficinas de la Municipalidad, emplazando a la autoridad comunal para su pronunciamiento sobre el rechazo al proyecto hidroeléctrico y conocer información sobre denuncias en curso por tala de bosque nativo por parte de la empresa.

En este contexto, el municipio entregó su posición ante la nueva solicitud de interés nacional por parte de la empresa, posicionándose como un organismo que se entrega a la medida. Vale recordar que el interés nacional, de ser aprobado, permitiría a la empresa talar naranjillo y guindo santo, ambas especies protegidas, y facilitaría el avance de las obras de construcción del proyecto.

Manifestación en el municipio de Santa Bárbara | Fotografía: Resumen

En tanto, el rechazo ha sido transversal contra la criminalización de las y los jóvenes. En el lugar, jóvenes que se encuentran actualmente procesados apuntaron al trasfondo que el negocio hidroeléctrico ha instalado en desmedro de las comunidades y la naturaleza. En este sentido, señalaron que «nos inundan nuestra historia, nos matan nuestra gentes, entonces hasta cuándo ¿Quiénes son los criminales?».

Por otro lado, fueron enfáticos en señalar que «no somos delincuentes, no somos malas personas por querer hacer justicia por el río, por la vida, porque en la crisis climática en que estamos es necesario defender los ríos, la tierra, las montañas», además de caracterizar el proceso como «indignante e injusto, porque solo se defiende la vida», haciendo un llamado a concentración para el 20 de septiembre en la nueva audiencia.

Marcha en Santa Bárbara | Fotografía: Resumen

Paralelamente al desarrollo de esta audiencia, organizaciones latinoamericanas agrupadas en el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) enviaron una carta dirigida a mecanismos internacionales de Derechos Humanos, como lo es a la Relatora Especial sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la Cuestión de los Derechos Humanos, el Disfrute del más Alto Nivel Posible de Salud Física y Mental y un Medio Ambiente Limpio, Sano y Sostenible, y el Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales.

En la misiva el grupo señala la preocupación respecto a que «la empresa China International Water & Electric Corporation no promueva la participación y el diálogo como vía para atender los reclamos de la sociedad civil y las autoridades locales ante las protestas contra la construcción del proyecto central hidroeléctrica Rucalhue y que, por el contrario, la empresa persiga la criminalización de los líderes de las comunidades a través de la interposición de querellas criminales».

Ante esto, desde el CICDHA han solicitado la urgente intervención de sus despachos para la protección de las y los defensores «injustamente criminalizadas por la empresa China International Water & Electric Corporation propietaria de Rucalhue Energía SPA. Estamos convencidos que con su apoyo podremos asegurar un entorno propicio que fomente el cuidado del medio ambiente y las comunidades locales en Latinoamérica».