El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, señaló en una entrevista que en Chile «se están instalando» dos importantes organizaciones de crimen organizado provienentes de su país. Ante esto, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, respondió que no hay «antecedentes concretos por parte de nuestros organismos especializados».
Por Alejandro Baeza
Durante su visita a Chile, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, en una entrevista con El Mercurio, fue consultado sobre nuevas formas de cometer delitos en nuestro país y fórmulas para enfrentarlas.
A este respecto el persecutor respondió que "ustedes tienen problemas con unas organizaciones que son los ‘Chotas’ y ‘Los Espartanos’, unas organizaciones de personas que vienen de Buenaventura en Colombia, que son 'afros', que se están instalando en Chile".
Barbosa aseguró que éstas dos bandas están vinculadas al narcotráfico, afirmando también que desde el poder judicial colombiando "estamos colaborando para poder desmantelarlas adecuadamente, sobre todo porque vienen acá a refugiarse con los familiares y llegan con los patrimonios y los tratan de introducir dentro de Chile".
Ante estos comentarios de suma importancia respecto a la actual situación de seguridad del país, el general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, respondió que "no tenemos ningún antecedente concreto por parte de nuestros organismos especializados, o por parte de alguna instrucción que haya emanado del Ministerio Público que de cuenta de aquello".
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"No obstante, siempre que existe información de este tipo, nuestros equipos especializados y nuestros organismos de inteligencia trabajan para hacer análisis de ella, y obviamente verificar los niveles de certeza", añadió.
"Si tenemos algún antecedente, el Ministerio Público generará las acciones correspondientes con la policía que estime pertinente, para hacer las labores que corresponda", sentenció Yáñez.
En un momento en que el país vive un momento de sostenido y preocupante aumento de crimen organizado ligado al tráfico de drogas, que un vínculo con el uso y tráfico de armas de fuego, que representan la principal amenza a la seguridad de la clase trabajadora, el desconocimiento por parte de la policía de la instalación de dos nuevos carteles colombianos en nuestro país es realmente preocupente y debe ponerse en relieve.
Éste es un nuevo caso que permite reflexionar sobre el rol de las policías en Chile y particularmente en el caso de Carabineros, cuya función apunta más al control social y no combatir la delincuencia.
Así quedó demostrado durante la revelación del llamado «paco leaks» en octubre de 2019, en pleno Estallido Social, donde hackers hicieron públicos cientos de expedientes policiales que demostraron la cantidad de horas, funcionarios y recursos destinados al seguimiento de dirigentes ambientales, estudiantiles, incluso de agrupaciones de personas enfermas de cáncer, tiempo que bien podría ocuparse en el combate del crimen organizado o el narcotráfico. La institución deriva gran cantidad de recursos e insumos no en la prevención del delito ni el «orden público» como ellos señalan , sino en ser una policía política.
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Carabineros de Chile es una policía política e ideologizada cuyo interés primordial es perseguir a disidentes políticos, activistas, líderes sociales, de pueblos originarios o lo que sea. Incluso a quiénes los critican públicamente o periodistas que destapan episodios de corrupción. Por ello es que fallan una y otra vez en el control a delincuencia y son uno de los principales responsables en el aumento de ésta en el país durante los últimos años.
Por eso también es que no tuvieron interés en controlar el orden público y restituir el Estado de derecho ante los delitos flagrantes de camioneros. Y por esto mismo, es la causa por la que cometen errores graves en procedimientos, a veces exponiendo a la población civil o entregando material insuficiente y malo a las fiscalías (queja constante), pues no saben hacer bien su trabajo. Carabineros de Chile debe ser reformado de raíz de manera urgente si queremos proteger nuestra democracia.