Un nuevo proceso judicial debe enfrentar el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, por la querella ingresada en 2022 por parte del pequeño empresario Rafael Figueroa que busca que se condene a los responsables de los eventuales delitos de falsificación o uso malicioso de instrumento público, coimas, término de licitación de manera ilegal, entre otros. Lo anterior, luego de la cancelación, aparentemente irregular, de dos obras a cargo de la empresa del querellante en 2017.

Tanto el gobernador Rodrigo Díaz, como el administrador regional, Iván Valenzuela, Mauricio Morris, ex jefe dpto. jurídico de GORE  y a la actual jefa del mismo departamento, Karen Flores, fueron citados a declarar por el Ministerio Público en el marco de una investigación llevada adelante por Fiscalía por una serie de presuntos delitos ligados a la utilización fraudulenta de recursos y documentos públicos. A esto se le suman las indagatorias sobre la pérdida de un sumario y la no realización de uno nuevo, justamente para esclarecer qué sucedió con el primero. 

Además de la citación, el documento firmado por el fiscal Guillermo Richard, agrega: «Se requiera, a quien corresponda, copia de toda la información o de los oficio entregado del servicio de salud de Talcahuano de la obra posta Rafael y cerro estanque de la comuna de tome y la información de los correo electrónico de funcionario de servicio de salud de Talcahuano y GORE del BIO – BIO de años 2017 hasta 2023. – Solicitar toda la información, relacionada con los hechos materia de investigación, a la Contraloría de la Región de Bio - Bio, desde el año 2017 hasta 2023.

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Se trata del pequeño empresario Rafael Figueroa, quien en 2017 salió abruptamente, mediante orden de término anticipado, de los proyectos; «Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Cerro Estanque», bajo la licitación Nº 5624-32-LR16 y la «Reposición posta Rafael», con la licitación N° 5624-52-LR16, ambas en Tomé. Lo anterior, según relata el querellante, luego de denunciar a funcionarios de la Intendencia -ahora GORE Biobío- y el Servicio de Salud Talcahuano por cobrarle coimas de $3 millones.

Fue en 2019 que la Contraloría Regional del Biobío ordenó a la entonces Intendencia, la primera investigación sumarial para esclarecer responsabilidades sobre la liquidación de contrato y el término anticipado de la ejecución de ambas construcciones. Dicho informe arrojó irregularidades tanto por el Servicio de Salud Talcahuano en la cancelación de las obras, como por parte de la Intendencia -ahora GORE Biobío- por la falta de antecedentes que respalden pagos a trabajadores en 2017, el mismo año que sacaron del contrato a Figueroa.

Por las situaciones antes descritas se ordenó un sumario al interior del GORE, el que pasó por las administraciones de Sergio Giacaman, Patricio Kuhn y la de Rodrigo Díaz, sin conocer sus resultados debido a una aparente pérdida al interior del Gobierno Regional. Por esta situación se encomendó desde Contraloría un nuevo proceso sumarial esta vez a cargo de Iván Valenzuela, actual administrador regional, investigación que a la fecha no ha tenido conclusiones. 

Díaz y compañía citados a declarar

Es por todos los antecedentes antes mencionados que, según explica Rafael Figueroa, «que el fiscal mandó la orden a la BRIDEC para que sea notificado el gobernador que tiene que ir a declarar presencial, no por oficio».

Tras la citación a declarar, emitida por Fiscalía el pasado 28 de septiembre, el querellante calificó el hecho como «una muy buena noticia, porque nosotros, a mediados de octubre vamos a estar presentando una ampliación de esta querella, pero ahora, contra el gobernador, es directamente al gobernador por fraude al Fisco».

Así las cosas, la BRIDEC tiene un plazo de 30 días para notificar a los citados a declarar, entre ellos el gobernador Rodrigo Díaz, para dar cuenta de la recopilación de información relativa a los informes de Contraloría sobre el caso desde 2017 a la fecha.