Se trata de una primera transferencia de $230 millones, de un total de 376.098.000 pesos, que fueron a parar desde el Gobierno Regional del Biobío a la Corporación Motum, entidad que hasta la firma del convenio con el GORE, mantenía en su directorio a Giorgio Galgano Cabrera, exvocero de campaña al Gobierno Regional de Rodrigo Díaz Wörner. En la actualidad, dicho vocero es el coordinador del programa financiado con platas públicas.

Este martes un grupo de consejeros y consejeras regionales llegaron hasta la Contraloría del Biobío a denunciar las posibles conflictos de interés que podría representar el traspaso directo de $370 millones desde el Gore hasta la Corporación Motum, debido al vínculo entre su otrora tesorero, Giorgio Galgano Cabrera y Rodrigo Díaz. Además, cuestionan la trayectoria de dicha entidad en el ámbito de la educación y la convivencia escolar, porque «no tiene una experiencia previa en haber trabajado este tipo de programa», afirmó la consejera Camila Arriagada, una de las denunciantes.

El programa se denomina «Resolución Pacífica de Conflictos Estudiantes de Enseñanza Media del Biobío» (COD BIP 40049122-0) el que ejecutará en un periodo de 24 meses la Corporación Motum y que fue aprobado el pasado 5 de junio, mediante la firma del gobernador del Biobío, la presidenta de la entidad, Catalina Taccone Campos y del tesorero del directorio Giorgio Galgano Cabrera, ex vocero de la campaña a la Gobernación Regional de Rodrigo Díaz.

https://x.com/rdiazworner/status/1352766739638083584?s=20

Lo anterior, según dicta el documento presentado ante el órgano contralor.

Te puede interesar: Fundación contrató con dineros del GORE Biobío a empresas de coordinador de programa y a firma donde trabaja su hermano y su madre, excandidata Republicana

Según comentó la consejera, tanto Catalina Taccone Campos como Giorgio Galgano Cabrera, excolaborador de Díaz en su campaña camino al GORE, salieron del directorio de Motum para pasar a ser coordinadores del programa «Resolución Pacífica de Conflictos Estudiantes de Enseñanza Media del Biobío», por un sueldo de $1.800.000.

En esta línea, el documento ingresado a Contraloría busca esclarecer si ambos coordinadores cuentan o no con un título profesional, «porque no tenemos la certeza de si están titulados, por eso cuestionamos que tengan la experiencia suficiente para ejecutar este tipo de proyectos», acota Arriagada.

Además, la consejera agrega que para la aplicación de dicho programa, «no tenemos el detalle de cuántos establecimientos del Biobío son, quiénes son los beneficiarios, no sabemos cuáles son los índices de vulnerabilidad u otros indicadores para saber si este proyecto es una necesidad, de qué manera se va a ejecutar, etc».

El grupo de consejeras y consejeros busca despejar ante Contraloría un eventual conflicto de interés en medio de esta millonaria transferencia directa y asegurarse de que la Corporación Motum cuente o no con la experiencia y equipo necesario para ejecutar el programa Resolución Pacífica de Conflictos Estudiantes de Enseñanza Media del Biobío. «se le pide que despeje las dudas en cuanto a la ejecución, duración, fondos que se le están otorgando a estos profesionales, entre otros» concluye Camila Arriagada.