El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago puso fin a la acción penal por injurias presentada por Sergio Giacaman. El tribunal condenó a la autoridad al pago de las costas y derivó los antecedentes al Ministerio Público ante maniobras de sus abogados, calificadas como “fraudulentas” por la defensa.

Por El Ciudadano

El pasado martes 9 de junio, lo que se perfilaba como una habitual audiencia para discutir el sobreseimiento de una causa penal por injurias graves, dio un giro judicial inesperado.

La querella, interpuesta por el actual gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, iba dirigida en contra de la exdirectora del medio de comunicación “El Ciudadano”, Josefa Barraza, y su actual director, Javier Pineda, a raíz de una publicación en redes sociales que, según la acción penal, atentaba contra la honra de la autoridad regional.

Sin embargo, la jornada culminó con una resolución lapidaria para las pretensiones del gobernador: el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió en su totalidad los argumentos de la defensa, sobreseyó el caso definitivamente, condenó a Giacaman al pago íntegro de las costas del juicio en favor de los querellados y despachó los antecedentes al Ministerio Público.

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¿El motivo? Investigar la eventual comisión de delitos —como la prevaricación— por parte de los representantes legales del gobernador, los conocidos abogados penquistas Fernando Saenger Gianoni y Roberto A. Coloma Del Valle.

La «maniobra» judicial al descubierto

Durante la audiencia, el abogado defensor, Mauricio Daza, expuso una serie de acciones que calificó como «fraudulentas» y ejecutadas de «mala fe». Según reveló Daza, el 2 de abril de 2025, la defensa de Giacaman presentó inicialmente la querella en un Juzgado de Garantía de Santiago, asegurando expresamente que los hechos habían ocurrido en dicha comuna.

El caso recayó en el Séptimo Juzgado de Garantía, donde la querella fue declarada inadmisible porque los hechos no eran constitutivos de delito, una decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, quedando firme y ejecutoriada.

Ante este rotundo fracaso, los abogados Saenger y Coloma presentaron una querella idéntica ante el Juzgado de Garantía de Concepción. Para justificar la competencia territorial en este nuevo tribunal, cambiaron su versión de los hechos, sosteniendo esta vez que el delito se habría cometido en la región del Biobío, ocultando deliberadamente la existencia y el resultado negativo de la causa previa en Santiago.

El «efecto boomerang» y la ausencia en tribunales

La arriesgada jugada judicial no salió como esperaban. El tribunal de Concepción finalmente se declaró incompetente y, de manera paradójica, remitió esta nueva querella al mismo Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que ya había rechazado el caso original.

Aunque Saenger y Coloma guardaron total silencio sobre este historial durante la tramitación de la segunda causa, el abogado Mauricio Daza descubrió accidentalmente la duplicidad, haciéndola valer frente al juez para exigir el cierre del caso y denunciar a los representantes de Giacaman.

Lo llamativo ocurrió el día de la audiencia citada para debatir el sobreseimiento solicitado por la defensa de los querellados. En conocimiento de que la defensa pediría el sobreseimiento definitivo, Saenger y Coloma señalaron que no podían asistir. En su lugar compareció otra abogada en representación del querellante, quien, al enterarse en plena sala de las maniobras denunciadas, aseguró no saber nada al respecto y terminó allanándose a la petición de sobreseimiento solicitada por la defensa. El tribunal consideró la situación del evidente engaño de tal gravedad, que ordenó remitir inmediatamente los antecedentes a la Fiscalía.

«Un gran triunfo para la libertad de expresión»

Al termino de la audiencia, Mauricio Daza fue categórico: “Este es un gran triunfo para la libertad de expresión y la probidad judicial”.

El abogado argumentó que la acción legal impulsada por Giacaman lejos de buscar justicia por un supuesto atentado a su honor, era “una forma de amedrentar a dos personas que se han desempeñado como directores de un medio de comunicación social en el ejercicio de su legítima labor dentro de lo que debe ser un estado democrático de derecho”.

Además, fustigó duramente el actuar de sus colegas, señalando que en esta causa se suma la “conducta profesional grosera y vergonzosa” de dos conocidos abogados de Concepción que, tras perder un juicio, “no encontraron nada mejor que presentar la misma querella ante otro tribunal de otra región para ver cómo les iba, apostando a que nadie se daría cuenta”.

Finalmente, Daza instó a que se realice una indagatoria profunda para establecer responsabilidades: “Espero que ante la denuncia que hizo el juzgado de garantía, el Ministerio Público investigue de forma efectiva lo que sucedió, si el gobernador sabía de estas maniobras, y todas las demás circunstancias de este engaño. Una vez definido esto, espero que de verdad se apliquen las máximas sanciones que procedan contra todos los responsables”.