Luego de un proceso que tardó cerca 10 de años, finalmente el líder de la ultraderecha colombiana, Álvaro Uribe Vélez, fue declarado culpable de diversos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal por sobornar testimonios de paramilitares y se decretó su detención domiciliaria inmediata mientras espera el próximo fallo de condena, la que desde Fiscalía solicitan que sea de mínimo 108 meses (nueve años). Si bien Uribe debería ser juzgado más que nada por crímenes de lesa humanidad, de todas formas la sentencia provocó alegría de cientos de personas.

Este 28 de julio, luego de una audiencia de más de ocho horas, la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, condenó en un fallo de primera instancia a Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Como medida inmediata, ordenó su detención domiciliaria. La lectura de sentencia está programada para el próximo 1 de agosto a las 14:00 hora local (15:00 hora chilena) y desde Fiscalía piden una pena mínima de 108 meses de prisión, equivalente a nueve años.

«Según se estableció en el fallo, Uribe utilizó a su abogado Diego Cadena para intentar manipular testimonios que lo beneficiaran. Entre ellos, el más relevante fue el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, a quien Cadena buscó persuadir para que no declarara sobre los presuntos vínculos del expresidente con grupos paramilitares en Antioquia» consigna Dario-Red. La jueza consideró que el testimonio de Monsalve era coherente y respaldado por las pruebas. "Todas las pruebas reunidas permiten concluir que el testigo no está faltando a la verdad", señaló durante la audiencia.

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«El fallo concluyó que hubo una actuación deliberada para inducir al sistema judicial a error a través de la manipulación de testimonios, lo que configura el delito de fraude procesal. Además, se determinó que Uribe ofreció beneficios a personas privadas de libertad a cambio de declaraciones que pudieran favorecer su situación judicial, lo que derivó en la condena por soborno en actuación penal.» agrega el citado medio.

El caso se arrastra desde 2012, cuando Uribe interpuso una denuncia contra el entonces senador Iván Cepeda, quien se encontraba recolectando testimonios de exparamilitares que vinculaban al exmandatario de ultraderecha y a su hermano, Santiago Uribe, con la creación de estructuras paramilitares en el departamento de Antioquia, al nordeste de Colombia, en la década de los noventa.

En tanto, la defensa del imputado intentó dos veces obtener el sobreseimiento del caso, pero los tribunales de primera y segunda instancia rechazaron ambas solicitudes.

Cabe precisar que se trata de un fallo de primera instancia, por lo que puede ser apelado en otras dos cortes, el Tribunal Superior de Bogotá y Corte Suprema, no obstante, ya de por sí marca un precedente en cuanto a los crímenes cometidos por Uribe.

El fallo provocó que todo el arco de la derecha y la ultraderecha colombiana acusara supuesta persecusión política. Incluso, desde Estados Unidos y en un nuevo claro acto de injerencia, la congresista republicana María Elvira Salazar calificó el fallo como una "infamia" y en la habitual paranoia de las personas sobre ideologizadas, acusó al Poder Judicial de Colombia de actuar como parte de una supuesta estrategia de la "izquierda radical" para perseguir políticamente a quienes se oponen a su proyecto. Misma línea siguió el secretario de Estado, Marco Rubio, quien a los jueces colombianos de ser "radicales".

No obstante, los menesjes de celebración se multiplicaban por las redes sociales y las calles de Colombia.