La situación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural es cada vez más crítica, el organismo heredero de la histórica DIBAM (Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos) enfrenta su tercer Paro Nacional indefinido en lo que va de este gobierno.

Joaquín Pérez

Resulta llamativo que la DIBAM en su larga historia, 1929 al 2018, solo enfrentara un Paro Nacional, precisamente el último año cuando el gobierno de Michelle Bachelet decidiera transformar esta división del Ministerio de Educación, en un Servicio del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Entonces, los y las trabajadoras de la DIBAM dejaron claro al gobierno y al parlamento los errores y problemas que contenía el proyecto de nuevo ministerio, sin embargo, se negaron a escuchar los consejos de quienes trabajan en el área, imponiendo por la fuerza un proyecto de Servicio y Ministerio que nació fracasado desde el día uno.

Las constantes movilizaciones de trabajadores/as del subsector de cultura y de patrimonio, así como la impresionante rotación de autoridades, constituye un claro un signo del desorden político y administrativo en que han caído estas instituciones. La proliferación de cargos de jefatura y asesorías, con altos niveles salariales, constituyen un insulto para quienes laboran en medio de la precariedad en las unidades del servicio y han bregado durante décadas por mejoras en las remuneraciones, así como deben hacer funcionar Bibliotecas, Archivos y Museos con una falta de recursos crónica.

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Como cada año, la discusión presupuestaria abre las expectativas de quienes trabajan en patrimonio por salir de la precariedad de las condiciones en que realizan sus trabajos, sin embargo, nuevamente se han encontrado con un portazo de parte del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto.

Resulta llamativo que desde Hacienda y la Dipres, se cuestionen los recursos para la protección del patrimonio histórico y cultural de nuestro país, pero abren la llave de los recursos para cuestionadas fundaciones privadas, como Pro Cultura, que hoy copan espacios que el Estado ha abandonado. Esta situación, más que una mera casualidad, parece la ejecución de un plan privatizador de funciones y servicios que el Estado debiera diseñar y ejecutar, entregando la política cultural al negocio, como lo señala la doctrina neoliberal.