Nuevo Sistema de Educación Pública en Chile: La Tensión entre la Promesa y la Persistencia del Mercado
La promulgación de la Ley 21.040, el 17 de noviembre de 2017, marcó un hito crucial en la educación pública chilena al establecer el Nuevo Sistema de Educación Pública. Esta normativa significó el traspaso de la educación municipal a una nueva institucionalidad: la Dirección de Educación Pública (DEP), dependiente del Ministerio de Educación, y la creación de 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Estos últimos, con una instalación gradual en los territorios, asumen el rol de sostenedores, agrupando a varias comunas según su región y características demográficas. Los fines de la Ley 21.040 (2017, art. 2) son claros: «La educación pública está orientada al pleno desarrollo de los estudiantes, de acuerdo a sus necesidades y características», buscando calidad, mejora continua, equidad y pertinencia local.
Por Ariel Ríos
Sin embargo, a pesar de la promesa de una transformación profunda, la implementación del Nuevo Sistema de Educación Pública revela que, sin una reforma fundamental del modelo de financiamiento de mercado, los vicios estructurales heredados del sistema municipal persisten, hipotecando la verdadera equidad y calidad educativa. La transición, lejos de ser la solución definitiva, ha expuesto las contradicciones de una reforma que, si bien necesaria, no se atreve a desmantelar los pilares neoliberales que aún sostienen la inequidad.
La Urgente Necesidad de Superar el Modelo Municipal: Una Deuda Histórica
Superar el sistema municipal, instaurado durante la dictadura en la década de los 80, no era solo una necesidad imperiosa por su origen antidemocrático, que lo eclipsaba con una carga histórica negativa. Más allá de su génesis, este modelo se reveló como un sistema viciado políticamente, carente de las capacidades y los recursos reales para transformar la educación pública. Pese a los esfuerzos y fortalezas relativas de algunos municipios, adoleció de legitimidad democrática, y una crónica falta de recursos y capacidades técnicas para implementar cambios sustantivos en inclusión, equidad, calidad y democratización.
Desde una mirada histórica, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), impuesta por la dictadura, fue parcialmente superada por la Ley General de Educación (LGE) en 2009, como resultado de la incansable presión de los movimientos estudiantiles y docentes. Este avance forzado por la ciudadanía dio paso a una serie de reformas y nuevas instituciones que otorgaron al Estado un mayor protagonismo en la educación. Existió un consenso social y político sobre el nuevo rol del Estado como garante de una educación pública más equitativa, inclusiva y de calidad. No obstante, este consenso se quebró abruptamente al no extenderse al cambio de los pilares del modelo educativo que sostienen el mercado de la educación, la causa principal de la crisis galopante de la educación pública y el crecimiento exponencial de la educación privada bajo el modelo neoliberal.
Desafíos y Tensiones de una Transición Lenta e Incompleta
Evaluar este proceso de transición es de vital importancia, ya que los ajustes y reformas oportunas serán cruciales para el éxito real de estas políticas educativas. Es fundamental recordar que la Ley 21.040 no estuvo exenta de críticas. Actores clave como el Colegio de Profesores de Chile A.G. y el movimiento estudiantil alertaron tempranamente sobre la principal debilidad del proyecto de Ley: que mantenía los pilares fundamentales de la inequidad (Colegio de Profesores de Chile A.G., 2017, pp. 6-7). Estas voces visionarias ya anticipaban que desmunicipalizar la educación pública, manteniendo un modelo de financiamiento de mercado, sería una promesa vacía sin una «desmercantilización» real.
La implementación de los primeros cuatro SLEP en 2018 (Barrancas, Huasco, Puerto Cordillera y Costa Araucanía) comenzó a evidenciar las debilidades de la Ley en relación con la realidad educativa y social de los territorios. Los problemas institucionales, administrativos, financieros y de infraestructura (Vanni et al., 2024) no fueron meros tropiezos logísticos; fueron la manifestación directa de un sistema que, sin abordar la raíz del financiamiento de mercado, no podía romper con los ciclos de precariedad. En la región del Biobío, el SLEP Andalién Sur inició en 2018 y este año el SLEP Andalién Costa, que lo componen las comunas Coronel, Santa Juana, San Pedro y Lota, refleja, este refleja las mismas problemáticas ya identificadas. La incapacidad recurrente de los SLEP para afrontar los abismantes problemas de infraestructura heredados no es un fallo menor, sino una consecuencia directa de un modelo que sigue priorizando la contabilidad sobre la dignidad de los espacios educativos.
Este es un proceso de transición complejo y más lento de lo esperado, especialmente dadas las expectativas generadas por la publicación de la ley y los relatos políticos sobre sus alcances. La falta de participación de las comunidades educativas en el proceso de instalación es evidente, agudizando las incertidumbres y deteriorando la cohesión interna en los establecimientos. Lamentablemente, la dimensión pedagógica, el corazón del proceso educativo, sigue sin los apoyos y asesorías que se requieren para avanzar en la calidad y equidad que la educación chilena anhela desde hace décadas.
Un Llamado a la Acción Histórica: Desmantelar el Mercado para Transformar la Educación
Las recomendaciones de la evaluación externa del proceso de instalación de los SLEP (Vanni et al., 2024) son importantes y urgentes de concretar: mejorar la cooperación de los municipios, fortalecer el apoyo central, optimizar el diseño estratégico, avanzar hacia un plan nacional de infraestructura, fortalecer el trabajo técnico-pedagógico, mejorar la participación de los actores locales y optimizar la dimensión de Recursos Humanos. Sin embargo, es de vital importancia no olvidar que esta reforma debe ser mejorada desde el Congreso para superar el modelo de financiamiento de mercado, que es el germen de la inequidad y la crisis galopante que vive la educación chilena.
Es imperativo que el legislador actúe no solo con celeridad, sino con la visión de corregir la raíz del problema: la persistencia de la lógica de mercado. Solo entonces la educación pública chilena podrá, por fin, dejar de ser un campo de batalla para convertirse en el pilar de equidad y desarrollo que la ciudadanía exige y merece, evitando que las calles deban volver a ser el único púlpito de la verdad. La historia de la educación pública chilena está marcada por la lucha. Hoy, el Congreso tiene la oportunidad histórica de demostrar si ha aprendido de las lecciones del pasado, o si condenará a las futuras generaciones a marchar nuevamente por un derecho fundamental que el Estado aún no logra garantizar plenamente.
Bibliografía:
• Ley 21.040. (2017). Ley que crea el Sistema de Educación Pública. Biblioteca del congreso nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1111237
• Ley 20.370. (2009). Establece la Ley General de Educación. Biblioteca del congreso nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1006043
• Colegio de Profesores de Chile A.G. (2017). Intervención en cámara de diputados por proyecto Nueva Educación Publica https://www.colegiodeprofesores.cl/wp-content/uploads/2017/05/INTERVENCION-PROYECTO-NEP.pdf
• El «Nuevo Sistema de Educación Pública» que no satisface la histórica demanda por la desmunicipalización (2016). https://www.elciudadano.com/organizacion-social/el-nuevo-sistema-de-educacion-publica-que-no-satisface-la-historica-demanda-por-la-desmunicipalizacion2016/06/29/
• Vanni, X., Bellei, C., González, P., Corbalán, F., Rodríguez, P., Valenzuela, J. P., Toro, A., & Martínez, J. (2024). Evaluación externa a la política de nueva educación pública sobre instalación y traspaso de los nuevos SLEP. Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), Universidad de Chile. https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/21160
